Empleo formal bajo presión: costos laborales, inversión débil y automatización enfrían las contrataciones
La caída de plazas con seguridad social refleja un choque entre mayores costos, bajo crecimiento e incertidumbre, con el riesgo de más informalidad.
El arranque de 2026 encendió focos amarillos en el mercado laboral mexicano: el empleo registrado ante el IMSS mostró un retroceso relevante en enero, un desempeño que no se veía desde hace años para ese mes y que subraya la fragilidad del ciclo económico. Más allá del dato puntual, la señal de fondo es clara: el motor de la creación de empleo formal se está desacelerando en un entorno de crecimiento débil, inversión contenida y mayores costos por trabajador.
Para empresas de distintos tamaños, la ecuación de contratación se ha vuelto más compleja. En los últimos años han aumentado los salarios —no solo el mínimo— y también se han ajustado obligaciones y condiciones laborales que, en conjunto, elevan el costo total de incorporar personal. El problema es que ese mayor costo no necesariamente ha venido acompañado de un incremento equivalente en productividad, lo que reduce incentivos para expandir plantillas, especialmente en sectores intensivos en mano de obra.
El desempeño macroeconómico tampoco ayuda. Con un PIB que ha avanzado a un ritmo modesto y una demanda interna que se ha mostrado irregular, las decisiones de contratación tienden a volverse más conservadoras. A esto se suma la persistencia de tasas de interés relativamente elevadas (en comparación con la década previa), que encarecen el crédito para capital de trabajo y para inversión productiva, golpeando más a pequeñas y medianas empresas, que suelen ser grandes generadoras de empleo.
En paralelo, los indicadores han mostrado que la inversión fija bruta no ha recuperado un dinamismo sostenido, afectada por incertidumbre regulatoria, cautela empresarial y una agenda global marcada por tensiones comerciales y reconfiguración de cadenas de suministro. El nearshoring ha traído anuncios y expansiones en algunos corredores industriales, pero su traducción a empleo formal masivo ha sido desigual: se concentra por región, por tamaño de empresa y por ramas con perfiles técnicos específicos.
Otro matiz importante es que las cifras del IMSS pueden incorporar cambios administrativos que no equivalen necesariamente a “nuevos” empleos. Por ejemplo, la incorporación o formalización de ciertos trabajadores —como los vinculados a plataformas digitales— mejora el acceso a seguridad social, pero no siempre implica creación neta de puestos, sino un reacomodo del registro de empleos ya existentes. Aun con estos matices, la tendencia de enfriamiento en la contratación formal es consistente con el menor dinamismo de la economía.
Productividad, informalidad y el nuevo costo de contratar
El debate sobre empleo formal en México regresa, inevitablemente, a un punto estructural: la productividad. Cuando el salario real y el costo laboral total crecen más rápido que la productividad del trabajo, las empresas enfrentan un dilema: absorber el costo (reduciendo márgenes), trasladarlo a precios (con riesgo de perder ventas) o ajustar su operación (automatizando, recortando o informalizando). Este último camino es particularmente sensible en México, donde la informalidad sigue siendo un amortiguador social, pero a costa de menor acceso a seguridad social, ahorro para el retiro y estabilidad laboral. En la práctica, un mercado laboral formal más caro y una productividad estancada elevan el riesgo de que parte del empleo se desplace hacia esquemas precarios o no registrados, sobre todo en micronegocios y servicios de baja escala.
La composición sectorial también importa. Algunas actividades han mostrado desgaste prolongado en empleo formal, como el agro, que enfrenta presiones estructurales (costos, clima, tecnología, financiamiento y volatilidad de ingresos) y cuya pérdida de puestos registrados pesa en el balance agregado. En contraste, industrias vinculadas a exportación y manufactura avanzada pueden sostener empleo, pero tienden a demandar perfiles técnicos y capacitación, por lo que no absorben de inmediato a trabajadores desplazados de sectores tradicionales.
En el corto plazo, la economía de servicios podría recibir un impulso por eventos y mayor afluencia turística en ciertas ciudades, lo que normalmente se traduce en más contrataciones temporales. El reto es convertir ese repunte en empleo formal sostenible: esto depende de la continuidad de la demanda, de la rentabilidad de las empresas y de que los costos regulatorios y laborales no superen la capacidad de pago del negocio.
En la discusión pública se ha vuelto común atribuir el enfriamiento del empleo a un solo factor, pero en realidad se trata de una convergencia: costos laborales al alza, inversión insuficiente, incertidumbre sobre reglas y mercados, y un cambio tecnológico acelerado. La adopción de inteligencia artificial y automatización ya está reorganizando tareas administrativas, atención al cliente y procesos operativos; su efecto puede ser ambiguo: mejora eficiencia y competitividad, pero puede reducir vacantes en ciertos puestos y elevar la demanda de nuevas habilidades, ampliando brechas entre trabajadores.
Hacia adelante, el desempeño del empleo formal dependerá de si la economía logra reactivar inversión y productividad, y de la capacidad de las políticas públicas para mejorar condiciones de competencia, seguridad, infraestructura, certidumbre regulatoria y formación de talento. En un escenario de crecimiento moderado, una meta razonable de generación de plazas formales suele estar por debajo de años de expansión acelerada, y la presión será mayor si se pretende elevar costos sin un salto paralelo en productividad.
En suma, la pérdida de plazas formales al inicio de 2026 no es solo un dato aislado: es una señal de que contratar en México se ha vuelto más costoso y riesgoso en un contexto de bajo crecimiento. Sin mejoras en inversión, productividad y certidumbre, el mercado laboral podría seguir desplazándose hacia esquemas temporales o informales, con implicaciones directas sobre bienestar y finanzas públicas.