SAT refuerza la vigilancia antilavado: qué implican las 17 “actividades vulnerables” para negocios y profesionistas
En un entorno de mayor escrutinio global sobre flujos financieros ilícitos y con un sistema tributario que busca cerrar espacios a la evasión y al uso de recursos de procedencia ilícita, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) intensificó durante 2025 las acciones de capacitación y acompañamiento dirigidas a sectores catalogados por ley como “actividades vulnerables”. La autoridad fiscal informó que, desde junio, sostiene reuniones virtuales y presenciales con sujetos obligados —como casas de apuestas, notarios, contadores, inmobiliarias y comercializadores de vehículos— para fortalecer el cumplimiento de obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
El eje es la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (LFPIORPI), que obliga a ciertos giros a identificar clientes, recabar información del beneficiario controlador, resguardar documentación y presentar avisos cuando las operaciones rebasan umbrales o cumplen supuestos de riesgo. Para la economía mexicana, el tema no es menor: el lavado de dinero distorsiona la competencia, encarece el financiamiento, deprime la recaudación y añade riesgos reputacionales para sectores enteros, justo cuando el país busca atraer inversión vinculada al reacomodo de cadenas de suministro (nearshoring) y sostener el dinamismo exportador.
Las autoridades consideran vulnerables 17 actividades por su exposición a operaciones en efectivo, intermediación de activos o facilidad para ocultar el origen de los recursos. Entre ellas destacan: juegos con apuestas, concursos o sorteos; tarjetas de prepago y otros instrumentos de almacenamiento de valor; cheques de viajero; otorgamiento no financiero de préstamos; construcción y desarrollo inmobiliario, así como la recepción de recursos para desarrollos destinados a venta o renta; comercialización e intermediación de metales y piedras preciosas, joyas y relojes; subasta o venta habitual de obras de arte; compra-venta o distribución de vehículos (terrestres, marítimos o aéreos); servicios de blindaje; traslado y custodia de valores; prestación de servicios profesionales independientes; fe pública; recepción de donativos por organizaciones sin fines de lucro; servicios de comercio exterior por agentes o apoderados aduanales; constitución de derechos de uso o goce de inmuebles; e intercambio habitual de activos virtuales por sujetos no financieros.
El punto fino para empresas y profesionistas está en el “cómo” del cumplimiento. La autoridad suele enfocarse en tres frentes: 1) alta y operación correcta en los portales de reporteo; 2) expedientes del cliente robustos (identificación, actividad u ocupación, trazabilidad del pago y, cuando aplique, beneficiario controlador); y 3) conservación y disponibilidad de la evidencia documental para visitas de verificación. En la práctica, esto obliga a reforzar procesos internos, capacitar personal de mostrador y back office, y estandarizar políticas de conocimiento del cliente (KYC) incluso en negocios que históricamente operaban con controles mínimos.
El reforzamiento ocurre además en un contexto en el que las transacciones digitales ganan terreno, pero el efectivo aún conserva peso en segmentos de alto riesgo. La autoridad fiscal y financiera ha empujado la bancarización y la trazabilidad de pagos; sin embargo, giros como el inmobiliario, compraventa de autos o joyería siguen siendo puntos sensibles. La supervisión antilavado, desde la perspectiva macroeconómica, también funciona como un componente de estabilidad: reduce la probabilidad de que flujos ilícitos inflen precios (por ejemplo, en bienes raíces), y contribuye a mejorar la percepción de riesgo país, un elemento relevante para el costo de financiamiento y la llegada de capital.
Otro foco es el avance de los activos virtuales. Aunque la regulación mexicana distingue entre entidades financieras y sujetos no financieros, el intercambio habitual de activos virtuales quedó expresamente dentro del catálogo de actividades vulnerables cuando es ofrecido por quienes no son instituciones financieras. Esto implica mayores exigencias de identificación de usuarios y monitoreo, en un mercado que ha crecido por adopción tecnológica y por el atractivo de las transacciones transfronterizas. Para los negocios del sector, el reto será equilibrar experiencia de usuario con controles robustos, particularmente en operaciones recurrentes o de montos relevantes.
En el corto plazo, la principal implicación es operativa y de costos: más controles, más documentación, y mayor exposición a sanciones si no se reporta adecuadamente. En el mediano plazo, el beneficio potencial es un terreno de juego más parejo para negocios formales, al limitarse ventajas competitivas de quienes operan con recursos opacos. Y hacia adelante, el mensaje es claro: México busca elevar estándares de cumplimiento y trazabilidad, algo que puede ayudar a sostener la confianza de inversionistas y contrapartes internacionales, pero que también exige a miles de negocios profesionalizar su gestión de riesgos y su relación con la autoridad.
En síntesis, el esfuerzo del SAT por capacitar y vigilar las 17 actividades vulnerables apunta a reducir espacios para el lavado de dinero y fortalecer la integridad del sistema económico. El reto será que el cumplimiento sea consistente y proporcional al riesgo, sin ahogar la operación de negocios legítimos; el resultado dependerá de la calidad de los controles internos en el sector privado y de la capacidad de supervisión y orientación de la autoridad.