T-MEC: el empresariado de Canadá sube el tono por energía, litio y canola, y México entra a la revisión bajo mayor presión
Las demandas canadienses anticipan una revisión del T-MEC más enfocada en certidumbre regulatoria y reglas de origen ante el reacomodo industrial de América del Norte.
La revisión del T-MEC empieza a tomar forma con señales claras desde el sector privado de Canadá: organizaciones empresariales del oeste canadiense, como la Cámara de Comercio de Calgary y el Business Council of Alberta, colocaron a México en el centro de su agenda de competitividad regional. Su diagnóstico combina dos ideas: el país es un eslabón cada vez más relevante en las cadenas productivas de América del Norte —impulsado por el “nearshoring” y por el replanteamiento de abastecimientos tras los choques globales—, pero al mismo tiempo sus definiciones de política pública en energía, minería y agricultura generan fricciones que podrían endurecer la negociación comercial.
El trasfondo es un cambio estructural en el tablero regional. Estados Unidos y Canadá buscan fortalecer cadenas de suministro en sectores estratégicos (energía, minerales críticos y agroindustria) con menor dependencia de Asia, mientras México compite por más inversión manufacturera, particularmente en automotriz, electrónicos, electrodomésticos y dispositivos médicos. Ese reposicionamiento eleva el valor de México para sus socios, pero también aumenta el escrutinio sobre su marco regulatorio, la aplicación de reglas del acuerdo y la previsibilidad para invertir.
Las cifras muestran que el vínculo México-Canadá aún tiene margen para crecer: el intercambio es mucho menor que el flujo con Estados Unidos. Sin embargo, en la medida en que las cadenas de valor se integran (de autopartes a alimentos procesados), cualquier restricción regulatoria o barrera no arancelaria tiende a amplificarse y se vuelve asunto de competitividad regional, no solo de comercio bilateral.
Energía: la discusión sobre “piso parejo” y el costo de la incertidumbre
El principal foco de alerta del empresariado canadiense es el sector energético. La preocupación no se limita a la presencia del Estado, sino al argumento de que la prioridad otorgada a empresas públicas, en particular Pemex, reduce espacios para capital privado y vuelve más difícil planear inversiones de largo plazo. En un entorno donde la demanda por electricidad confiable y más limpia es condición para aprovechar el “nearshoring”, la certidumbre regulatoria en generación, interconexión, permisos y reglas de mercado se vuelve un factor económico, no ideológico.
Para compañías de Alberta, con experiencia en hidrocarburos y tecnologías de bajas emisiones, el atractivo de México está en su potencial de consumo industrial y en su papel como plataforma manufacturera. Pero también señalan que las limitaciones del propio T-MEC para ciertos mecanismos de solución de controversias en energía elevan el riesgo percibido. Esto importa en un momento en el que México enfrenta retos de inversión en infraestructura eléctrica, transmisión y disponibilidad de gas natural para industrias que buscan instalarse cerca del mercado estadounidense.
En el corto plazo, la conversación se cruza con la realidad fiscal y operativa de Pemex. La petrolera carga con necesidades elevadas de inversión y costos financieros relevantes; en paralelo, el gobierno mexicano ha reiterado la intención de ajustar apoyos hacia los próximos años. Para inversionistas, el punto no es solo el monto de apoyo, sino qué tan clara será la ruta de reglas, asociaciones y permisos que permita expandir capacidad energética y reducir cuellos de botella. Si la revisión del T-MEC empuja hacia mayor claridad, México podría convertir la presión en una oportunidad de atraer proyectos vinculados a eficiencia industrial, captura de carbono, hidrógeno y modernización de infraestructura, siempre que se diseñen incentivos y regulaciones consistentes.
El segundo frente es la minería, con énfasis en minerales críticos para baterías y cadenas industriales de alto valor. Desde Canadá se plantea que América del Norte necesita integrar suministro de insumos estratégicos para vehículos eléctricos, sistemas de almacenamiento y tecnologías avanzadas, y que el “control estatal” del litio en México limita esa integración. A esta discusión se suma la inquietud de que compañías de origen chino utilicen filiales o estructuras en México para entrar al mercado regional, lo que llevaría a presionar por reglas de origen más estrictas y mayor vigilancia de cumplimiento.
Para México, el debate llega en un momento clave: la inversión minera depende de permisos, certeza jurídica y condiciones de seguridad, además de acceso a energía y agua. Aun con la ventaja geológica y la proximidad con Estados Unidos, la competencia por capital en minería es global, y Canadá es uno de los actores más influyentes en financiamiento y estándares del sector. Cualquier tensión en el T-MEC puede traducirse en más litigios, mayor cautela en nuevos proyectos o exigencias adicionales de trazabilidad, con efectos en empleo regional, recaudación y encadenamientos industriales.
El tercer frente es agroalimentario, con la canola como caso emblemático. Organismos empresariales de Alberta y Calgary cuestionan restricciones mexicanas a importaciones de canola genéticamente modificada, al considerarlas una barrera no arancelaria contraria al espíritu del acuerdo y a la noción de decisiones basadas en evidencia científica. En términos prácticos, el tema toca un punto sensible del T-MEC: cómo se resuelven diferencias regulatorias entre salud, ambiente y comercio sin bloquear flujos de insumos clave para la industria alimentaria.
En México, el debate agroalimentario suele cruzarse con políticas de soberanía alimentaria, estándares sanitarios y preferencias de consumo. No obstante, en un contexto de inflación alimentaria más moderada que en los picos recientes pero aún relevante para el poder adquisitivo, cualquier restricción que encarezca insumos o reduzca oferta tiende a reflejarse en costos para cadenas productivas y consumidores. La manera en que se encauce este desacuerdo —sea mediante paneles, ajustes técnicos o mecanismos de equivalencia— marcará un precedente sobre el alcance de medidas regulatorias y su compatibilidad con el T-MEC.
De cara a la revisión, la lectura desde Canadá sugiere una agenda más dura: certidumbre regulatoria en energía, mayor apertura y trazabilidad en minerales críticos, y disciplina frente a barreras no arancelarias en agricultura. Para México, el reto será defender su espacio de política pública sin perder atractivo para inversión y sin debilitar su rol como plataforma industrial regional. La negociación, más que un choque aislado, parece anticipar un reacomodo de reglas para la siguiente etapa de integración económica en América del Norte.
En perspectiva, el punto central es que México llega a la revisión del T-MEC con mayor peso manufacturero y mayor exposición: la misma integración que atrae inversión también eleva el costo de la incertidumbre. La respuesta que combine claridad regulatoria, cumplimiento y capacidad energética puede convertir la presión en ventaja competitiva; de lo contrario, el país enfrentará más fricciones en sectores estratégicos.