Sheinbaum plantea cuentas bancarias sin RFC: la apuesta por bancarizar primero y formalizar después
La propuesta busca abrir la puerta a cuentas simplificadas para reducir el uso de efectivo y acercar servicios financieros a millones en la informalidad.
El gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum alista una estrategia de inclusión financiera con un giro relevante en el orden tradicional de trámites: permitir que más personas abran cuentas bancarias aun sin contar con Registro Federal de Contribuyentes (RFC). La lógica es incorporar primero a quienes hoy operan casi por completo en efectivo —en especial trabajadores y micronegocios de la economía informal— y, una vez dentro del sistema financiero, facilitar su tránsito gradual hacia la formalidad fiscal.
El planteamiento, expuesto en conferencia el 6 de abril, se apoya en esquemas de cuentas simplificadas de bajo riesgo que ya existen en la regulación financiera mexicana. En el diseño actual del sistema, buena parte de las instituciones solicita el RFC como dato de identificación y para cumplir obligaciones vinculadas al Servicio de Administración Tributaria (SAT), además de lineamientos para prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita. Ese requisito se convierte, en la práctica, en una barrera para millones de personas sin historial fiscal o con trámites pendientes.
En México, la elevada informalidad laboral sigue marcando el límite del acceso a servicios financieros: las cifras más recientes del Inegi reportan decenas de millones de personas en ocupación informal. Esa población suele depender de efectivo para cobrar, pagar, ahorrar y enviar dinero, lo que incrementa costos de transacción, riesgos de seguridad y dificultades para construir historial financiero. La propuesta busca que una cuenta básica sea el primer escalón para migrar a medios de pago digitales y a productos de mayor alcance, como ahorro formal y crédito.
Por ahora, se trata de una idea en construcción y no de una iniciativa legislativa formal en discusión. Sin embargo, el tema abre un debate de política pública: cómo aumentar la bancarización sin relajar controles críticos, y cómo coordinar objetivos de inclusión financiera con las necesidades de recaudación y fiscalización del Estado.
Cuentas simplificadas y sus límites: inclusión con candados
Sheinbaum mencionó las cuentas “N2” y “N3”, modalidades de bajo riesgo que, en términos regulatorios, permiten abrir productos con requisitos reducidos y límites acotados de depósitos y transacciones. Estos “candados” son relevantes porque acotan el potencial de uso indebido y, al mismo tiempo, crean una ruta escalonada: el usuario puede iniciar con una cuenta básica para recibir pagos o transferencias pequeñas y, conforme se verifique más información o se complete su registro fiscal, migrar a productos con mayores montos y funcionalidades.
En la práctica, esto empata con una tendencia del sistema financiero mexicano: digitalizar el onboarding y ampliar el alcance de cuentas de entrada, sobre todo a través de canales móviles. Para el usuario, el beneficio inmediato sería reducir la dependencia del efectivo y mejorar la capacidad de administrar ingresos variables. Para el sistema, el incentivo es ampliar base de clientes y profundizar el uso de medios de pago electrónicos, lo que también puede elevar la trazabilidad de transacciones en el largo plazo.
Implicaciones para el SAT, la recaudación y la economía cotidiana
Un punto sensible es la coordinación con el SAT. Abrir cuentas sin RFC no significa, por sí mismo, eximir obligaciones fiscales; implica posponer el requisito como condición de entrada. En el mediano plazo, el gobierno podría buscar que la bancarización facilite el registro, reduzca fricciones para cumplir y haga más visible la actividad económica. Para millones de personas con ingresos modestos o intermitentes, el reto será que la transición a la formalidad no se traduzca en cargas desproporcionadas o en incentivos para seguir operando fuera del sistema.
Desde la óptica macroeconómica, el avance hacia pagos digitales puede aumentar eficiencia y reducir costos de manejo de efectivo. También puede mejorar la resiliencia financiera de los hogares al ofrecer mecanismos más seguros de ahorro y acceso a transferencias. No obstante, la política tendrá que sortear realidades estructurales: baja educación financiera en algunos segmentos, brechas de conectividad, costos asociados a comisiones o uso de infraestructura, y desconfianza histórica hacia la banca formal.
Riesgos y preguntas abiertas: controles, datos y confianza
El principal riesgo es operativo y regulatorio: ampliar el acceso sin debilitar los estándares de conocimiento del cliente y prevención de lavado de dinero. Por eso, los límites transaccionales y la segmentación por niveles resultan clave. También está el manejo de datos: a mayor digitalización, mayor necesidad de ciberseguridad, protección de identidad y mecanismos eficaces para atender fraudes. Para que la política funcione, el usuario debe percibir que el sistema es seguro, simple y útil en su vida diaria.
En términos de implementación, será determinante el papel de bancos, fintech y autoridades financieras para estandarizar procesos y evitar que la experiencia del usuario se fragmente entre requisitos distintos. Además, si la meta es formalizar después, el diseño de incentivos (por ejemplo, acceso gradual a crédito, mayores límites o mejores condiciones) puede ser más efectivo que la obligación inmediata, especialmente en un país donde la informalidad es tanto una decisión económica como una consecuencia de barreras administrativas.
En conjunto, la propuesta de cuentas sin RFC apunta a una ruta gradual: primero integrar a la población al sistema financiero con productos de bajo riesgo y límites claros, y después acercarla a la formalidad fiscal. El resultado dependerá de la coordinación con el SAT, la solidez de los controles y la capacidad de construir confianza para que el efectivo deje de ser la opción predeterminada.