México y Estados Unidos endurecen la coordinación en propiedad intelectual rumbo a la revisión del T-MEC

México y Estados Unidos pactaron un plan operativo para elevar investigaciones y procesos penales contra piratería y uso indebido de marcas en la región.

México y Estados Unidos acordaron reforzar la aplicación de la ley en materia de propiedad intelectual como parte de los compromisos del T-MEC, con el objetivo de elevar el número de investigaciones penales, mejorar técnicas de persecución y lograr procesos judiciales más efectivos contra la falsificación de productos y la distribución ilegal de contenidos protegidos.

La Secretaría de Economía informó que se instalará un grupo de trabajo binacional encabezado por esa dependencia y la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR). La idea es contar con un canal directo de coordinación entre autoridades encargadas de hacer cumplir la ley en ambos países, compartir estrategias, identificar brechas operativas y acelerar acciones concretas para inhibir delitos que afectan a titulares de marcas, patentes y derechos de autor.

Además, se prevé una mesa redonda con empresas y titulares de derechos para acercar casos a las autoridades y clarificar rutas de denuncia que puedan convertirse en expedientes con viabilidad penal. En la práctica, este tipo de esquemas busca reducir la fricción entre el reporte de incidentes —incluida la piratería digital— y la capacidad del Estado para integrar investigaciones, asegurar evidencia y sostener acusaciones en tribunales.

El movimiento ocurre en un entorno en el que la agenda comercial con Estados Unidos se ha cargado de temas no arancelarios: cumplimiento regulatorio, trazabilidad, estándares laborales y, cada vez más, protección de intangibles. Para México, la relevancia económica es directa: en un país con una base manufacturera exportadora robusta, la integridad de las cadenas de suministro y la confianza en el uso legítimo de tecnología, marcas y software se vuelve un factor para atraer inversión, especialmente en proyectos asociados al nearshoring.

Washington ha insistido de forma recurrente en este tema en su Reporte Especial 301, donde evalúa prácticas y marcos de cumplimiento en terceros países. La formalización de mecanismos de coordinación bajo el T-MEC busca, por un lado, atender esos señalamientos y, por otro, dar mayor certidumbre a empresas que operan en ambos lados de la frontera, particularmente en sectores donde el valor agregado depende de innovación, diseño y contenido.

Implicaciones económicas: inversión, digitalización y presión competitiva

El endurecimiento de la cooperación en propiedad intelectual se cruza con tendencias que ya presionan la economía mexicana: el crecimiento del comercio electrónico, la digitalización de servicios y la ampliación de operaciones logísticas vinculadas a exportación. En este contexto, la piratería y la falsificación no sólo generan pérdidas para los titulares de derechos; también distorsionan la competencia, afectan la recaudación y elevan riesgos reputacionales en cadenas productivas. Para industrias como autopartes, farmacéutica, dispositivos médicos, electrónica y entretenimiento, una aplicación más consistente de la ley puede traducirse en mejores condiciones para transferencias tecnológicas y mayor disposición a localizar procesos en México, aunque también implica mayores costos de cumplimiento para empresas y plataformas que deberán fortalecer controles internos y colaboración con autoridades.

De cara a la revisión del T-MEC, el tema gana peso porque forma parte del conjunto de comentarios que llegan a la USTR y a actores empresariales de la región. En Estados Unidos, centros de análisis como la Fundación de Tecnologías de la Información e Innovación (ITIF) han planteado que la continuidad del acuerdo debería acompañarse de un cumplimiento más estricto en propiedad intelectual y de reglas que reduzcan vulnerabilidades ante prácticas desleales, con especial énfasis en China. En paralelo, en México persiste el reto de traducir compromisos internacionales en resultados medibles: investigaciones robustas, coordinación entre autoridades y sentencias que efectivamente desincentiven la reincidencia.

El ángulo prospectivo es claro: si el grupo binacional logra estandarizar criterios de investigación, acelerar intercambio de información y mejorar la ruta de denuncia empresarial, podría reforzarse la percepción de certidumbre en el mercado norteamericano. Sin embargo, el impacto dependerá de la capacidad institucional para sostener casos, del enfoque hacia puntos críticos (aduanas, canales digitales, centros de distribución) y de que las acciones no deriven en discrecionalidad o en costos regulatorios desproporcionados que terminen afectando a pequeñas y medianas empresas formales.

En síntesis, el acuerdo entre México y Estados Unidos coloca la propiedad intelectual como una pieza más de la competitividad regional bajo el T-MEC: un terreno donde el cumplimiento puede ayudar a atraer inversión y ordenar mercados, pero donde los resultados se medirán en la ejecución cotidiana y en la eficacia judicial, especialmente conforme se acerque la revisión del tratado.