Pagos digitales bajo la lupa del T-MEC: Estados Unidos presiona a México por competencia y reglas claras

La discusión sobre redes de pago, cámaras de compensación y regulación podría convertirse en un frente sensible rumbo a la revisión del T-MEC.

En la antesala de la revisión del T-MEC, el gobierno de Estados Unidos elevó el tono contra México al acusar que el marco regulatorio de los pagos electrónicos no está generando condiciones suficientes de competencia, particularmente para proveedores con sede en EE. UU. El señalamiento quedó asentado en el Informe Nacional de Estimaciones Comerciales de 2026, que se entrega cada año al Congreso estadounidense y que funciona como termómetro de los temas que Washington considera prioritarios en su agenda comercial.

El documento sostiene que, pese a consultas y borradores regulatorios recientes, persisten barreras que limitan a empresas estadounidenses para ofrecer servicios transfronterizos de valor agregado —por ejemplo, herramientas de prevención de fraude— y para competir en igualdad de condiciones frente a participantes con posiciones consolidadas en México. En la práctica, el mensaje apunta a que el tema de pagos digitales dejó de ser un asunto meramente técnico: ahora amenaza con convertirse en moneda de cambio dentro de una negociación comercial de alto impacto para la economía mexicana.

La advertencia llega en un momento en que México busca afianzar su atractivo para la inversión vinculada al “nearshoring”, en un entorno de costos financieros todavía elevados, crecimiento moderado y presión por modernizar infraestructura y elevar la inclusión financiera. En ese contexto, cualquier fricción con su principal socio comercial puede traducirse en incertidumbre regulatoria y, potencialmente, en mayores costos de cumplimiento para el sector financiero y fintech.

El foco: cámaras de compensación, reglas de tarjetas y la implementación de recomendaciones

En el centro de la disputa están dos capas del mercado: por un lado, la infraestructura de procesamiento (como las cámaras de compensación) y, por otro, las reglas económicas de los pagos con tarjeta (incluida la cuota de intercambio). Estados Unidos subraya que la autoridad de competencia en México identificó barreras en el procesamiento de pagos con tarjeta y emitió recomendaciones a Banco de México (Banxico) y a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), pero que, a su juicio, no se han materializado con la contundencia esperada. Esto es relevante porque, si la infraestructura de compensación y las reglas de acceso se perciben como restrictivas, se reduce el incentivo para que nuevos participantes compitan en precio, servicio y capacidades tecnológicas.

El propio proceso regulatorio se volvió parte del debate. Washington observa que borradores de regulación publicados hacia finales de 2025 —tanto sobre redes de pago con tarjeta como sobre cámaras de compensación— no habrían resuelto las barreras detectadas ni atendido comentarios de empresas interesadas. Posteriormente, en febrero de 2026, la CNBV retiró el borrador relativo a redes de pago para realizar un análisis más profundo, lo que introduce una nueva capa de incertidumbre sobre los tiempos y el sentido final de las reglas.

El caso más visible es el de Visa, luego de que la autoridad antimonopolio negara la adquisición de una participación mayoritaria de PROSA por considerar que habría riesgos a la competencia con impacto potencial para los usuarios del sistema financiero. Visa expresó desacuerdo y anticipó que buscaría una evaluación de la determinación, al tiempo que reiteró su interés en el mercado mexicano y su apuesta por digitalizar pagos, especialmente en micro y pequeñas empresas.

Para Mastercard, el debate se ha centrado en la dificultad de poner en marcha una cámara de compensación aun contando con una autorización obtenida desde 2020. De acuerdo con el planteamiento estadounidense, el problema no es solo la licencia, sino la viabilidad operativa en condiciones competitivas. Bajo el espíritu del T-MEC, argumentan, los proveedores estadounidenses deberían enfrentar un terreno comparable al de sus pares mexicanos.

Otro componente sensible es el de la infraestructura tecnológica. Estados Unidos también registró preocupación por la duración y complejidad de los procesos de aprobación para instituciones que buscan usar servicios de cómputo en la nube, y por la incertidumbre sobre si existen presiones implícitas para privilegiar infraestructura local. En un sistema de pagos que depende de resiliencia, seguridad y escalabilidad, este punto se conecta directamente con costos operativos y con la velocidad para desplegar innovaciones.

Para México, el desafío es equilibrar objetivos que a veces compiten entre sí: impulsar competencia y reducir costos para comercios y consumidores; proteger la estabilidad y la integridad del sistema de pagos; y mantener márgenes regulatorios para seguridad, ciberresiliencia y prevención de fraude. Banxico ha venido impulsando mayor adopción de pagos digitales y eficiencia en el ecosistema, mientras el sector bancario discute mecanismos para abaratar pagos con tarjeta en industrias específicas. Sin embargo, la lectura de EE. UU. es que las medidas aún no corrigen las barreras estructurales del mercado.

Hacia adelante, el capítulo de pagos podría escalar si se convierte en un “caso emblemático” dentro de la revisión del T-MEC: no necesariamente para romper el acuerdo, pero sí para condicionar avances en otros temas. Para la economía mexicana, el riesgo principal sería una prolongación de la incertidumbre en un sector donde la inversión en tecnología, ciberseguridad e infraestructura requiere horizontes regulatorios claros. A la inversa, una ruta de regulación predecible y alineada con mejores prácticas podría acelerar competencia, ampliar la aceptación de pagos digitales y reducir fricciones para el comercio transfronterizo.

En suma, el reclamo de Estados Unidos coloca a Banxico, CNBV y autoridades de competencia ante una prueba de coordinación regulatoria en un mercado clave para la digitalización de la economía. El desenlace influirá tanto en la confianza de los inversionistas en el sistema de pagos como en el tono de la revisión del T-MEC, en un momento en que México necesita certidumbre para capitalizar la integración regional.