México lidera el comercio con Estados Unidos, pero la revisión del T-MEC reabre el debate por barreras regulatorias

El dinamismo comercial contrasta con quejas de Estados Unidos por incertidumbre regulatoria en energía, inversión, datos y propiedad intelectual.

México arriba a 2026 consolidado como el principal socio comercial de Estados Unidos (EE. UU.), un lugar que se explica por la integración manufacturera de Norteamérica, el auge del nearshoring y la resiliencia de cadenas de suministro que, tras la pandemia, buscaron mayor cercanía geográfica. Sin embargo, el mismo vínculo que impulsa exportaciones e inversiones también acumula fricciones: el más reciente reporte de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR) subraya que persisten barreras no arancelarias en sectores estratégicos para empresas estadounidenses y para el funcionamiento cotidiano del T-MEC.

En 2025, el comercio bilateral de bienes alcanzó 872,800 millones de dólares (USD), con exportaciones estadounidenses por 338,000 millones e importaciones desde México por 534,900 millones. Las cifras confirman el peso de la relación, pero no despejan el principal foco del diagnóstico de la USTR: la percepción de reglas cambiantes, procesos poco previsibles y costos de cumplimiento que, desde la óptica de Washington, restan certidumbre a la inversión y encarecen la operación transfronteriza.

Esta tensión ocurre en un momento sensible. La revisión del T-MEC prevista para 2026 se perfila como un espacio para renegociar expectativas y exigir resultados en compromisos que van desde competencia y trato a inversionistas hasta disciplinas laborales y ambientales. Para México, el reto será sostener el atractivo manufacturero —apuntalado por su red de proveeduría, mano de obra y cercanía logística— sin abrir flancos que deriven en consultas o controversias que enturbien el clima de negocios.

Uno de los capítulos más delicados es el energético. El reporte señala que cambios regulatorios, suspensiones de permisos y mayores restricciones han incrementado la incertidumbre para inversionistas, en un sector donde la planeación requiere horizontes largos y reglas estables. También apunta que nuevas disposiciones en hidrocarburos limitan actividades como almacenamiento y transporte, acortan vigencias de permisos y, en conjunto, tienden a favorecer a empresas estatales como Pemex y la CFE, alterando —según la lectura estadounidense— condiciones de competencia.

La USTR agrega un elemento financiero: compañías estadounidenses reportan dificultades para recuperar pagos en proyectos y suministros del sector, con adeudos que superarían 2,500 millones de USD al cierre de 2025. En la práctica, estos retrasos pueden traducirse en menores presupuestos de mantenimiento, menos apetito por nuevas inversiones y un aumento del costo de financiamiento, justo cuando México busca ampliar infraestructura energética para responder a la demanda eléctrica asociada a la expansión industrial.

En inversión, el documento enfatiza restricciones en sectores considerados estratégicos, como minería, energía y transporte. Menciona, entre otros ejemplos, el control estatal sobre el litio a través de LitioMx, que limita la participación privada en un insumo relevante para baterías y la transición energética. La discusión no es menor: el crecimiento de la manufactura vinculada a electromovilidad y almacenamiento requiere minerales críticos, y el ritmo de desarrollo de proyectos suele depender tanto de la certidumbre jurídica como de la capacidad técnica y de financiamiento.

Otro frente es el de datos y comercio digital. La USTR advierte que ciertas regulaciones y requisitos técnicos imponen costos adicionales, por ejemplo, cuando se exigen pruebas locales para equipos de telecomunicaciones, lo que puede duplicar procesos y generar retrasos en certificaciones. Aunque se han reportado avances en acuerdos de reconocimiento mutuo, el señalamiento de barreras técnicas sugiere que la integración en servicios digitales —cada vez más ligada a manufactura avanzada, logística y trazabilidad— todavía enfrenta cuellos de botella.

La propiedad intelectual aparece como una preocupación persistente: México se mantiene en listas de vigilancia por piratería y falsificación en mercados físicos y, crecientemente, en canales digitales. Para industrias creativas y tecnológicas, la aplicación efectiva de derechos de autor y marcas impacta decisiones de inversión y distribución; para el país, el desafío es fortalecer capacidades de vigilancia, sanción y coordinación entre autoridades, sin frenar la innovación ni el comercio formal.

El reporte también recoge señalamientos laborales: aunque México ha adoptado medidas para prohibir la importación de productos elaborados con trabajo forzado, se advierte que la aplicación todavía permite que ciertos bienes ingresen al mercado, afectando competencia. En paralelo, el componente ambiental suma presión: pesca ilegal y tala clandestina se describen como factores que distorsionan el comercio y castigan a productores que sí cumplen, además de sus impactos ecológicos. Estos temas suelen ganar relevancia en la agenda bilateral porque pueden activar mecanismos de respuesta rápida y auditorías bajo el propio T-MEC.

Al trasfondo de todo está la operación diaria del comercio. La USTR menciona falta de claridad en procesos aduaneros y cambios regulatorios sin aviso suficiente, lo que eleva costos logísticos y obliga a empresas a invertir más en cumplimiento. En un entorno donde el tipo de cambio, los fletes y los tiempos de entrega definen la competitividad, estas fricciones pueden diluir parte de las ventajas de México como plataforma exportadora.

La paradoja del nearshoring: más inversión potencial, pero mayor demanda de reglas estables

La economía mexicana ha ganado visibilidad global por el nearshoring y por su papel en cadenas regionales de autopartes, electrónicos, aeroespacial y dispositivos médicos, lo que ha impulsado la demanda de parques industriales, transporte y energía. Pero esa oportunidad también eleva el estándar: empresas que evalúan instalar líneas de producción comparan costos laborales y logísticos, pero también calidad regulatoria, tiempos de permisos, certidumbre contractual y acceso confiable a electricidad y agua. En ese sentido, las observaciones de la USTR llegan como una señal de riesgo reputacional justo cuando México compite por atraer capital productivo frente a otras jurisdicciones. La capacidad del país para simplificar trámites, dar predictibilidad normativa y fortalecer el estado de derecho puede volverse tan determinante como su geografía o su red de tratados.

De cara a la revisión del T-MEC, es previsible que EE. UU. busque compromisos verificables en energía, facilitación comercial, propiedad intelectual y economía digital. Para México, la discusión será cómo conciliar objetivos de política pública —incluido el papel del Estado en sectores estratégicos— con la necesidad de certidumbre y de condiciones de competencia que mantengan el flujo de inversión, tecnología y comercio. El resultado influirá no solo en la relación bilateral, sino en la trayectoria de crecimiento y productividad del país en los próximos años.

En síntesis, México combina fortaleza comercial con EE. UU. y una agenda pendiente de certidumbre regulatoria; la revisión del T-MEC será un termómetro para medir si la integración regional se profundiza o se encarece por fricciones recurrentes.