Nuevo giro arancelario de Trump abre una ventana para México, pero la presión seguirá hasta la revisión del T‑MEC
El cambio de herramienta legal en Washington preserva ventajas para México vía el T‑MEC, pero anticipa una etapa de mayor escrutinio y ajustes sectoriales.
El intento de Donald Trump por apuntalar su ofensiva comercial mediante poderes de emergencia terminó por encaminarse a la Corte Suprema de Estados Unidos, un episodio que no desactivó la agenda arancelaria, pero sí la obligó a reconfigurarse. El resultado práctico es un giro de instrumento: en lugar de depender de facultades extraordinarias, Washington busca sostener la presión con mecanismos ya existentes en su marco legal. En esa transición, México aparece relativamente mejor posicionado que la mayoría de los socios comerciales estadounidenses, aunque con riesgos relevantes en sectores estratégicos.
Tras el fallo, la administración activó un arancel global temporal bajo la Sección 122 de la Trade Act de 1974 y elevó la tasa general a 15%. La medida se interpreta como un “puente” para mantener un mensaje de endurecimiento mientras avanzan procesos más largos y técnicamente sustentados. Para México, el matiz es importante: el mayor impacto recae en los flujos que no están cubiertos por el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T‑MEC), y no en el núcleo exportador que sí cumple reglas de origen.
La Secretaría de Economía ha señalado que alrededor de 85% de las exportaciones mexicanas hacia Estados Unidos cumple con las reglas del T‑MEC y mantiene arancel cero. Esto significa que, a diferencia de países sin acuerdo, México conserva un acceso preferencial al principal mercado del mundo para una porción amplia de su canasta exportadora. Incluso en los casos fuera del tratado, el cambio de esquema implica, en términos relativos, un gravamen menor frente a tarifas previas más altas aplicadas bajo la lógica de emergencia.
Sin embargo, el alivio es acotado. Persisten aranceles y restricciones por razones de “seguridad nacional” y política industrial bajo la Sección 232, que ya ha afectado industrias como metales y segmentos vinculados a manufactura avanzada. En la práctica, el comercio regional seguirá enfrentando un entorno de mayor fricción, donde el tema no solo será el nivel de arancel, sino la estabilidad regulatoria para planear inversión, inventarios y cadenas de suministro.
En el corto plazo, la previsibilidad importa tanto como el impuesto. Para una economía mexicana altamente integrada con Estados Unidos —especialmente en automotriz, autopartes, electrónica, maquinaria y agroindustria—, el riesgo de ajustes repentinos puede traducirse en costos logísticos y financieros: desde la necesidad de capital de trabajo adicional hasta cambios en rutas de proveeduría. Aun así, el hecho de que una gran parte del comercio se mantenga bajo el paraguas del T‑MEC amortigua el choque frente a competidores de Asia y Europa, que enfrentarían de manera más homogénea el nuevo arancel global.
La revisión del T‑MEC en 2026: el verdadero reloj para la economía exportadora
La coincidencia de calendarios eleva la tensión: el arancel de la Sección 122, con un horizonte inicial de 150 días, se empalma con la revisión del T‑MEC prevista para julio de 2026. En términos políticos y económicos, esto puede convertirse en una palanca negociadora para exigir ajustes en reglas de origen, verificación de cumplimiento y capítulos sensibles como automotriz, energía y prácticas laborales. Para México, la prioridad será sostener certidumbre para la inversión vinculada al nearshoring —que ha impulsado la demanda de parques industriales, electricidad y logística—, sin perder competitividad por mayores costos de cumplimiento o por cuellos de botella internos (infraestructura, seguridad, permisos y disponibilidad energética).
El reacomodo también debe leerse a la luz del momento macroeconómico mexicano. Con una economía que ha mostrado resiliencia por el dinamismo exportador y el consumo interno apoyado por remesas y empleo, el frente externo sigue siendo determinante. Cualquier endurecimiento sostenido en el acceso al mercado estadounidense puede incidir en expectativas de inversión, en particular en proyectos manufactureros orientados a exportación. Al mismo tiempo, México conserva una ventaja estructural: cercanía geográfica, redes de proveeduría consolidadas y un tratado que, aunque bajo revisión, continúa siendo el principal seguro institucional del comercio regional.
En adelante, la señal es doble. Por un lado, México gana margen relativo frente a países sin acuerdos preferenciales con Estados Unidos; por el otro, el comercio dejará de depender tanto de decisiones de emergencia para pasar a investigaciones formales, con criterios económicos y sectoriales más definidos. Esto anticipa un entorno de negociación continua, donde el reto mexicano será elevar contenido regional, robustecer trazabilidad de origen y acelerar condiciones internas —energía, infraestructura y seguridad— para capitalizar la oportunidad sin quedar expuesto a nuevas rondas de presión comercial.
En síntesis, el giro arancelario en Estados Unidos no elimina el riesgo para México, pero sí reafirma el valor del T‑MEC como escudo de competitividad. La ventana existe, aunque su duración dependerá de la capacidad de México para cumplir reglas, defender sectores clave y sostener un clima atractivo para inversión de cara a 2026.