México se alista para depender menos del petróleo: Hacienda prevé que los ingresos petroleros bajen de un billón en 2027

La caída esperada en precio y exportaciones reduciría el peso del petróleo en las finanzas públicas, mientras los impuestos ganarían terreno como principal ancla de ingresos.

Los ingresos que el gobierno federal obtiene por la producción y exportación de crudo podrían dejar atrás, en 2027, la marca del billón de pesos anual, un umbral que en los últimos años ha funcionado como referencia del peso del sector petrolero en las finanzas públicas. De acuerdo con las proyecciones de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contenidas en sus criterios preliminares, la captación petrolera rondaría los 910,868 millones de pesos en 2027, una baja relevante frente a lo aprobado para 2026.

El ajuste previsto ocurre en un contexto donde la renta petrolera ya no tiene el mismo papel que en décadas pasadas: la plataforma exportadora se ha reducido, el país mantiene una alta dependencia de combustibles importados (en especial gasolinas) y también de gas natural para generación eléctrica e industria. En ese marco, el petróleo sigue siendo un componente importante del presupuesto, pero con menor capacidad para compensar choques externos o financiar expansiones de gasto.

Hacienda estima que la principal explicación de la caída sería un menor precio promedio de la mezcla mexicana en 2027, al proyectar un nivel sustancialmente inferior al de 2026. El supuesto de menor precio se combina con una expectativa de menor volumen exportado, aun si la producción total muestra un incremento marginal. En términos simples: aunque se extraiga un poco más, se vendería menos al exterior y a un precio promedio más bajo, reduciendo el ingreso neto asociado.

En paralelo, la SHCP no anticipa que el tipo de cambio alcance a compensar el menor precio del crudo. La proyección oficial considera un peso ligeramente más débil, pero con un movimiento insuficiente para contrarrestar la merma petrolera. En un presupuesto que se expresa en pesos, la depreciación puede elevar la conversión de los ingresos petroleros denominados en dólar estadounidense, pero ese “colchón” cambiario tiende a diluirse cuando el choque viene por precio y volumen, y además cuando el país también paga en moneda extranjera una parte relevante de sus importaciones energéticas.

Del petróleo a los impuestos: el cambio estructural en los ingresos públicos

La señal más clara del viraje es la recomposición de los ingresos del sector público. Las estimaciones de Hacienda apuntan a que los ingresos tributarios seguirán aumentando su participación en el total, mientras los petroleros continuarían perdiendo peso relativo. Este cambio refleja una tendencia de mediano plazo: la recaudación se ha fortalecido por mayor fiscalización, digitalización, vigilancia del cumplimiento y medidas contra la evasión, además de que el desempeño de la economía —aunque con episodios de desaceleración— tiene efectos directos en IVA, ISR y gravámenes al consumo.

En 2027, la SHCP anticipa que la menor renta petrolera se compensaría con un incremento de la recaudación, apoyado tanto en el dinamismo económico como en los efectos acumulados de la estrategia de eficiencia recaudatoria. Para las finanzas públicas, el mensaje implícito es que el “ancla” de ingresos depende cada vez más de la actividad interna y del cumplimiento fiscal, no del ciclo de materias primas. En la práctica, esto puede dar mayor estabilidad a los ingresos, pero también eleva la sensibilidad del presupuesto a la formalidad, la inversión y el empleo, así como a la capacidad del Estado para sostener la base gravable sin deteriorar incentivos productivos.

La reducción de los ingresos petroleros también se acompañaría de ajustes al gasto neto, con una disminución frente a lo aprobado previamente. Este punto es relevante porque el balance fiscal no depende solo de cuánto se recauda, sino de cómo se reasignan prioridades en un entorno de presiones de gasto: pensiones, costo financiero de la deuda, transferencias sociales y necesidades de inversión en infraestructura y energía.

Hacia adelante, un escenario de menor dependencia petrolera abre dos lecturas. Por un lado, reduce la vulnerabilidad del presupuesto a choques de precios internacionales; por otro, obliga a sostener una trayectoria de recaudación compatible con el crecimiento y con las necesidades de gasto, particularmente en un periodo donde la inversión pública y privada enfrenta el reto de elevar productividad y contenido nacional, en medio de la integración comercial regional y la relocalización de cadenas productivas.

En conjunto, las proyecciones sugieren que 2027 podría marcar un punto de inflexión: el petróleo seguiría siendo relevante, pero ya no como el motor “billonario” que en varios años recientes elevó la caja del gobierno. La clave estará en si la recaudación tributaria y el control del gasto logran absorber la transición sin comprometer la inversión ni la provisión de servicios públicos.

En perspectiva neutral, el recorte previsto de la renta petrolera refuerza la idea de que México transita hacia una estructura fiscal más apoyada en impuestos y menos en hidrocarburos, con implicaciones directas para disciplina presupuestaria y prioridades de política económica.