Deuda pública rumbo a máximos: México perfila 55% del PIB en 2027 y crece el escrutinio de las calificadoras

El aumento de la deuda y la persistencia del déficit obligan a Hacienda a demostrar una consolidación fiscal creíble para evitar presiones sobre la calificación.

La trayectoria de la deuda pública de México vuelve a colocarse en el centro del debate económico. De acuerdo con las proyecciones más recientes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público (SHRFSP)—la medida más amplia de deuda del sector público—alcanzaría 55% del PIB en 2027, un nivel que no se observaba desde inicios de siglo y que, en términos nominales, rondaría 21.8 billones de pesos.

El dato no sólo refleja un mayor uso de financiamiento público, sino también un cambio de contexto: después de una reducción temporal de la razón deuda/PIB entre 2021 y 2023, las estimaciones apuntan a cuatro años consecutivos de incrementos, en un entorno de crecimiento moderado, mayor costo financiero y presiones para sostener programas sociales e inversión pública.

En la práctica, una razón de deuda más alta no implica automáticamente un deterioro crediticio; lo determinante es si el gobierno logra estabilizarla en el mediano plazo y si el balance fiscal converge a niveles consistentes con una economía que crece sin sobresaltos. Sin embargo, el incremento proyectado eleva la sensibilidad del país a episodios de volatilidad: un choque externo que encarezca el financiamiento, una desaceleración interna o un desliz fiscal pueden impactar más rápido en la percepción de riesgo soberano.

Un elemento técnico también influye en la lectura de la cifra: Hacienda atribuye parte del movimiento a una revisión metodológica del PIB nominal realizada en 2025, que modificó la base con la que se calcula la proporción deuda/PIB. Aunque este ajuste puede cambiar niveles, no elimina el reto de fondo: el déficit fiscal continúa y el costo financiero se mantiene como un componente relevante del gasto.

Las proyecciones oficiales se construyen bajo un marco descrito como prudente y sin cambios al esquema tributario. Aun así, el documento reconoce un entorno externo más complejo, marcado por tensiones geopolíticas —incluida la guerra en Irán— y sus efectos sobre los precios del petróleo, el mercado de divisas y las condiciones financieras globales.

En ese marco, el desempeño del peso frente al dólar estadounidense es una variable clave. Un peso apreciado puede reducir temporalmente el valor en pesos de parte de la deuda externa y contener presiones inflacionarias, pero también puede afectar ingresos vinculados a exportaciones y, en ciertos episodios, vuelve más sensible el balance fiscal a correcciones cambiarias abruptas. A la par, un nivel de tasas todavía alto eleva el costo de refinanciar obligaciones y compite con otras prioridades de gasto.

Déficit, recortes y la prueba de credibilidad presupuestaria

El factor que más pesa en la dinámica de la deuda es la persistencia del déficit: cuando el gasto supera a los ingresos, el gobierno debe financiar la diferencia con endeudamiento. Hacienda plantea una reducción gradual del déficit desde 4.3% del PIB en 2025 hacia niveles más bajos en 2026 y 2027, apoyándose principalmente en recortes al gasto público. El ajuste, sin embargo, enfrenta restricciones: una parte del gasto es inercial (pensiones, transferencias y costo financiero), otra responde a compromisos legales, y la capacidad de recortar inversión o gasto operativo suele chocar con necesidades de servicios públicos y proyectos en marcha.

Además, analistas han advertido que el balance fiscal puede resentir una menor recaudación por estímulos o menores ingresos en rubros como el IEPS a combustibles, especialmente si la actividad económica se desacelera o si la volatilidad internacional obliga a amortiguar precios internos. En ese escenario, sostener metas de déficit sin cambios tributarios exige una ejecución presupuestaria particularmente disciplinada.

La discusión se conecta con un tema estructural: México mantiene una recaudación baja frente a pares de la OCDE y de América Latina, incluso considerando los avances por fiscalización y digitalización. Sin una ruta clara para ampliar la base gravable o fortalecer ingresos recurrentes, la consolidación fiscal tiende a descansar en recortes, lo que puede ser más difícil de sostener políticamente y más costoso para el crecimiento potencial si reduce inversión pública o gasto con alto multiplicador.

Desde el ángulo de mercado, el nivel de deuda y el déficit importan por su relación con el costo de financiamiento y la percepción de riesgo. Un deterioro en la evaluación soberana puede encarecer el fondeo del gobierno y, por transmisión, presionar costos de crédito para empresas y hogares. En México, donde el acceso al crédito ya es limitado respecto al tamaño de la economía, un aumento persistente de tasas o de primas por riesgo puede afectar inversión, consumo durable y, en última instancia, crecimiento.

La lectura de bancos y calificadoras agrega matices. Algunas estimaciones privadas anticipan que la deuda podría ubicarse por encima del escenario de Hacienda en 2027 si el crecimiento resulta menor, si los ingresos petroleros decepcionan o si recortar el gasto se vuelve políticamente complejo. HR Ratings, por ejemplo, ha señalado que aún existe espacio fiscal, pero que un cambio de prioridades que eleve transferencias sin una fuente de ingresos clara puede presionar la calificación al acotar márgenes de maniobra ante choques.

Un punto de contexto es que la economía mexicana se apoya en pilares que, por ahora, también funcionan como amortiguadores: un sistema financiero relativamente sólido, una cuenta corriente manejable, remesas elevadas y una relación comercial estrecha con Estados Unidos. Al mismo tiempo, el país enfrenta retos de productividad, informalidad y seguridad, que influyen en el crecimiento de largo plazo y, por ende, en la capacidad de estabilizar la deuda sin ajustes abruptos.

Hacia adelante, el mercado pondrá atención a tres señales: la calidad del ajuste presupuestario (qué se recorta y con qué efectos), la evolución del costo financiero (en función de tasas y perfil de vencimientos) y la capacidad de aumentar ingresos de forma sostenible sin frenar la actividad. En un entorno de incertidumbre global, la consistencia entre metas, ejecución y resultados será el principal activo para reducir el ruido alrededor de la deuda.

En conjunto, el escenario de deuda hacia 2027 no representa por sí mismo una crisis, pero sí eleva el umbral de exigencia: la consolidación fiscal deberá ser creíble y sostenida para que el mayor endeudamiento no se traduzca en presiones sobre la calificación ni en un encarecimiento persistente del financiamiento público y privado.