Plan México y asociaciones público‑privadas: el dilema de impulsar inversión sin socializar pérdidas

El reto del Plan México será atraer capital privado con reglas que repartan riesgos y beneficios sin convertir subsidios públicos en ganancias concentradas.

El relanzamiento de una agenda de infraestructura e inversión mixta en México vuelve a poner sobre la mesa una discusión recurrente: cómo movilizar capital privado para proyectos estratégicos sin que el Estado termine absorbiendo los riesgos más costosos. La economista Jayati Ghosh, especialista en desarrollo y desigualdad, advierte que el peligro central de planes basados en asociaciones público‑privadas es repetir un patrón conocido: pérdidas que se “socializan” cuando las cosas salen mal, y ganancias que se privatizan cuando el negocio resulta exitoso.

El debate cobra relevancia en momentos en que el gobierno impulsa el llamado Plan México y una propuesta de marco legal para fomentar inversión en infraestructura estratégica mediante esquemas de inversión mixta y vehículos financieros especializados. La ambición de movilizar montos multianuales para energía, trenes, carreteras, puertos y logística busca cerrar brechas históricas, elevar la competitividad y aprovechar oportunidades como el nearshoring; pero también reabre preguntas sobre gobernanza, transparencia, reparto de utilidades, y la manera en que se asignan garantías y subsidios.

Ghosh subraya un problema frecuente en experiencias internacionales: los gobiernos ofrecen incentivos, financiamiento o coberturas para atraer empresas, pero sin establecer condiciones suficientemente exigentes sobre desempeño, acceso a tecnología, control de precios o devolución de beneficios extraordinarios. En la práctica, esto puede traducirse en un uso intensivo de recursos públicos —incluidas garantías implícitas— sin que el Estado obtenga una participación proporcional en el valor creado.

En México, la presión por ejecutar obra pública y destrabar proyectos coincide con restricciones fiscales: el espacio presupuestario compite con necesidades crecientes en salud, cuidados, seguridad, mantenimiento de infraestructura existente y transición energética. En ese contexto, el diseño de contratos y la disciplina para exigir contrapartes se vuelven tan importantes como el anuncio de montos de inversión.

Condiciones, transparencia y métricas: el “cómo” importa más que el “cuánto”

El punto crítico en los esquemas de inversión mixta no es solo la participación del capital privado, sino el conjunto de condiciones que definen quién asume los riesgos de demanda, construcción, operación y financiamiento. En proyectos de infraestructura, una mala asignación puede derivar en renegociaciones costosas, rescates o extensiones de concesión que trasladan el costo a los contribuyentes o a los usuarios mediante tarifas. Por ello, especialistas en finanzas públicas suelen insistir en reglas claras: licitaciones competitivas, análisis costo‑beneficio verificable, cláusulas de desempeño, mecanismos de reparto de ganancias extraordinarias y sanciones creíbles ante incumplimientos. También pesa la transparencia sobre fideicomisos y vehículos de inversión: si se usan para acelerar proyectos, deben mantener trazabilidad del gasto, auditoría y reportes públicos consistentes para reducir riesgos de opacidad.

La experiencia internacional que cita Ghosh —subsidios a empresas en Estados Unidos para innovación industrial— alimenta la discusión sobre el retorno social de los apoyos. Su planteamiento es directo: si el sector público aporta una parte dominante del capital o del riesgo, debe capturar una fracción equivalente del beneficio, ya sea vía participación accionaria, derechos sobre propiedad intelectual, compromisos de producción local, transferencias tecnológicas o límites de precios cuando se trate de bienes esenciales.

Para México, esto se vincula con dos objetivos simultáneos: elevar el contenido nacional y desarrollar capacidades industriales, y al mismo tiempo evitar que la política de incentivos se convierta en una transferencia neta hacia grupos con poder de mercado. En sectores como energía, logística y transporte, la manera en que se asignen permisos, garantías y tarifas puede definir si la inversión mejora productividad de forma amplia o se vuelve una fuente de rentas concentradas.

La discusión sobre infraestructura se cruza además con la coyuntura macroeconómica: una economía que busca mantener estabilidad de precios y certidumbre para la inversión, pero que enfrenta la necesidad de ampliar la base tributaria y mejorar la eficiencia del gasto. La inversión pública bien dirigida puede elevar crecimiento potencial; sin embargo, cuando se apoya en subsidios sin contrapartidas, aumenta la carga futura sobre el erario y limita capacidad de respuesta ante choques externos.

En materia fiscal, Ghosh defiende los impuestos a las grandes fortunas y minimiza el argumento de una fuga masiva de capitales. En México, el tema aparece de forma intermitente en el debate público, pero choca con retos operativos: valuación de activos, fiscalización, coordinación internacional y combate a esquemas de elusión. Aun así, la presión por financiar infraestructura y fortalecer servicios públicos reaviva la discusión sobre progresividad tributaria y sobre cómo cerrar espacios a prácticas de evasión vinculadas a jurisdicciones de secreto financiero.

Otro componente que la economista pone al centro es la salud como bien público. La advertencia es que rescates o subsidios empresariales pueden desplazar gasto social esencial, y que sistemas universales tienden a ser más eficientes que modelos fragmentados y altamente privatizados. En México, la sostenibilidad del sistema de salud y la atención de rezagos en personal, abasto y capacidad instalada forman parte del trasfondo: el presupuesto es finito, y cada peso comprometido a garantías de proyectos reduce margen para otras prioridades.

En el corto plazo, la atracción de inversión para infraestructura puede ayudar a mejorar conectividad, reducir costos logísticos y habilitar corredores productivos. En el mediano plazo, la clave será la calidad institucional: contratos bien diseñados, evaluación independiente, vigilancia del desempeño y mecanismos explícitos para que el Estado participe de los beneficios cuando el apoyo público haya sido determinante.

En síntesis, el Plan México enfrenta un dilema de diseño más que de intención: lograr que el impulso a infraestructura y política industrial se traduzca en productividad y bienestar general, y no en un esquema donde el riesgo queda en lo público y la rentabilidad extraordinaria se concentra en pocos actores.