Desempleo bajo, empleo frágil: la precariedad alcanza a millones en México

Aunque la desocupación se mantiene en mínimos, aumentan la informalidad y las condiciones laborales críticas, reflejando un mercado de trabajo más vulnerable.

El mercado laboral mexicano siguió mostrando, en marzo, una aparente fortaleza en los indicadores tradicionales: la tasa de desocupación se ubicó en 2.4%, un nivel bajo en perspectiva histórica. Sin embargo, detrás de ese dato se profundizan señales de deterioro en la calidad del empleo, con un repunte tanto de la informalidad como de las condiciones críticas de ocupación, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Inegi.

La población ocupada ascendió a 60.2 millones de personas, lo que implicó un incremento anual de 422,000 trabajadores. El problema es que el avance cuantitativo no vino acompañado de una mejora proporcional en ingresos, estabilidad o acceso a protección social. En un entorno de crecimiento económico moderado y presiones de costos para empresas —particularmente en servicios y comercio—, el empleo creado tiende a concentrarse en segmentos de baja productividad y alta rotación.

En marzo, la tasa de condiciones críticas de ocupación se colocó en 39.6% de la población ocupada, por encima del 38.4% del mismo mes del año previo. Este indicador incluye a quienes trabajan menos de 35 horas por razones de mercado, a quienes laboran más de 35 horas con ingresos inferiores al salario mínimo y a quienes superan 48 horas semanales percibiendo hasta dos salarios mínimos. En términos prácticos, el dato sugiere que cerca de 4 de cada 10 personas ocupadas enfrentan esquemas laborales precarios, lo que equivale aproximadamente a 24 millones de trabajadores.

La subocupación, que refleja a quienes requieren trabajar más horas para completar su ingreso, también mostró un ligero repunte, a 6.7%. Si bien no es un salto abrupto, su persistencia es consistente con una economía donde el empleo se “ajusta” más por horas e ingresos que por despidos, manteniendo baja la desocupación a costa de un mayor deterioro en el bienestar laboral.

En paralelo, la informalidad laboral volvió a crecer: alcanzó 54.8% de la población ocupada, desde 54.3% un año antes. Esto implica que alrededor de 33 millones de personas trabajan sin acceso pleno a seguridad social o bajo esquemas vulnerables. La ocupación en el sector informal —micronegocios no registrados, en muchos casos con baja inversión y productividad— representó 29.4% del total, también con un incremento anual.

Lo que revela la informalidad: productividad estancada y presión sobre ingresos

El repunte de la informalidad no solo es un fenómeno laboral; también es un síntoma macroeconómico. Un mercado de trabajo donde más de la mitad de la ocupación permanece fuera de la formalidad limita la recaudación, reduce la cobertura efectiva de seguridad social y restringe la inversión en capacitación. En la práctica, esto suele traducirse en menores incrementos de productividad y, por ende, en un crecimiento potencial más bajo. Aunque sectores vinculados a la relocalización de cadenas productivas (nearshoring) han generado oportunidades en algunas regiones, la mayor parte del empleo informal se concentra en actividades de comercio y servicios de baja escala, donde el margen para elevar salarios reales es reducido y la volatilidad del ingreso es alta.

El contexto de los últimos años también ayuda a dimensionar el problema: aun con incrementos relevantes al salario mínimo y una política de recuperación salarial, la heterogeneidad del mercado laboral hace que los beneficios se transmitan de manera desigual. En el empleo informal, la capacidad de absorber mayores costos laborales es limitada, y el ajuste suele darse vía jornadas irregulares, menores prestaciones o una combinación de empleos. Esto contribuye a explicar por qué la desocupación permanece baja mientras crece la proporción de personas con ingresos insuficientes o con jornadas que no reflejan una inserción laboral estable.

Hacia adelante, la trayectoria del empleo dependerá del ritmo de actividad económica, del dinamismo de la inversión y de la capacidad para incorporar a más unidades productivas a la formalidad. La política pública enfrenta un equilibrio complejo: elevar la productividad requiere mejoras regulatorias, infraestructura, financiamiento y fortalecimiento del Estado de derecho, mientras que reducir la precariedad exige mecanismos que hagan rentable la formalización y amplíen la cobertura de protección social sin desalentar la creación de empleo.

En conjunto, los datos de la ENOE apuntan a un mercado laboral que sostiene cifras bajas de desempleo, pero con una base frágil: más informalidad, más subocupación y una alta proporción de trabajadores en condiciones críticas. El reto no es únicamente crear empleos, sino mejorar su calidad para que el crecimiento —cuando ocurra— se refleje de manera más consistente en el bienestar de los hogares.