México cierra el uso del Recinto Fiscalizado Estratégico para el calzado y endurece el cerco contra la subvaluación
La exclusión del calzado del RFE busca frenar el ingreso irregular de producto terminado y reequilibrar la competencia en un sector clave de empleo.
El Gobierno de México determinó excluir al calzado del régimen de Recinto Fiscalizado Estratégico (RFE), una figura aduanera creada para facilitar operaciones logísticas y productivas, pero que en los últimos años fue señalada por la industria como una vía para introducir mercancía terminada con menores controles y riesgos de irregularidades.
La decisión —que será formalizada mediante su publicación en el DOF— se alinea con una agenda promovida por cámaras empresariales del sector, particularmente en Guanajuato y Jalisco, donde se concentra una parte relevante de la producción nacional. Para los fabricantes, el cambio apunta a cerrar un “atajo” que habría permitido prácticas como subvaluación, triangulación y competencia desleal, presionando márgenes y empleo en una industria intensiva en mano de obra.
De acuerdo con datos presentados por representantes del sector, las importaciones de calzado amparadas en este esquema crecieron cerca de 2,000% entre 2023 y 2025, con un salto de alrededor de 250,000 pares a más de 5.3 millones. La magnitud del incremento fue interpretada como una señal de uso atípico del régimen: en lugar de emplearse como una zona intermedia para almacenar o transformar mercancía antes de su entrada formal al mercado, habría facilitado la entrada de calzado terminado con menor escrutinio.
En términos operativos, el RFE permite introducir mercancías a instalaciones autorizadas sin considerarlas importadas en lo inmediato; los impuestos al comercio exterior se difieren mientras la mercancía permanece dentro del régimen. Aunque el diseño busca atraer inversión y habilitar cadenas de suministro eficientes, la autoridad enfrenta el reto de evitar que estos mecanismos se conviertan en rutas de elusión, especialmente cuando se trata de bienes finales listos para su venta al consumidor.
Un giro dentro de una estrategia más amplia de política industrial y aduanera
La exclusión del calzado del RFE se suma a otras medidas implementadas desde 2025 para contener importaciones que, según la industria, distorsionaban el mercado. Entre ellas destaca el ajuste de reglas para impedir la entrada de calzado terminado mediante IMMEX, lo que provocó una reducción relevante de importaciones bajo ese programa, así como modificaciones arancelarias en fracciones vinculadas al sector con tasas que se han ubicado entre 25% y 35%. En conjunto, el objetivo declarado es fortalecer la planta productiva, incentivar la sustitución de importaciones y elevar el contenido nacional, en línea con una política industrial más activa y con el reacomodo de cadenas de suministro en América del Norte.
Este endurecimiento ocurre en un contexto donde México busca capitalizar el nearshoring y la revisión periódica de compromisos comerciales de la región, al tiempo que enfrenta presiones por contrabando técnico, informalidad y prácticas de subvaluación en aduanas. Para un sector como el calzado —con una base importante de pequeñas y medianas empresas— el costo de competir contra mercancía subvaluada o ingresada irregularmente suele traducirse en pérdida de participación de mercado y precarización laboral.
Al mismo tiempo, el cambio implica retos de implementación. Limitar el acceso al RFE para calzado no elimina por sí solo los incentivos a evadir; desplaza la presión hacia otros puntos de la cadena, como pedimentos, clasificación arancelaria, verificación de origen y fiscalización posterior. Por ello, la efectividad dependerá de la coordinación entre Hacienda, el SAT y la Agencia Nacional de Aduanas, así como de la capacidad de inspección y análisis de riesgo para detectar patrones de importación anómalos.
En el corto plazo, la industria espera que el ajuste reduzca la entrada de producto terminado de bajo precio y mejore las condiciones de competencia. Sin embargo, analistas advierten que el endurecimiento puede elevar costos para comercializadores que dependían de importaciones baratas y, en ciertos segmentos, trasladarse a precios al consumidor si la oferta nacional no cubre rápidamente volumen, diseño o tiempos de entrega. En el mediano plazo, la apuesta oficial es que la certidumbre y un piso parejo incentiven inversión en capacidad instalada, modernización y proveeduría, especialmente en clústeres como el Bajío.
La medida también refleja un enfoque más estricto hacia regímenes especiales y programas de fomento que, si bien son herramientas legítimas de competitividad, requieren candados para evitar que se conviertan en esquemas de entrada informal “legalizada”. En un país donde la recaudación y la formalización siguen siendo objetivos centrales de política económica, la vigilancia aduanera se ha vuelto un componente relevante para proteger sectores intensivos en empleo y para sostener ingresos públicos.
En perspectiva, la exclusión del calzado del RFE confirma el viraje hacia una política comercial más selectiva: facilitar la integración productiva cuando hay transformación y valor agregado, y cerrar espacios cuando se detecta que los incentivos se usan para introducir mercancía final con ventajas indebidas. El impacto final se medirá por la caída en importaciones irregulares, la estabilidad del empleo y la capacidad del sector de competir con productividad, no con evasión.