Hacienda lleva a cero la cuota de intercambio en gasolineras: alivio para estaciones, costo para bancos y dudas sobre el beneficio al consumidor
La comisión cero en pagos con tarjeta en gasolineras busca contener presiones por combustibles, pero su efecto en el precio final al público no está garantizado.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) formalizó en el Diario Oficial de la Federación una medida que reduce a cero la cuota de intercambio en pagos con tarjeta en gasolineras, un ajuste regulatorio que, en los hechos, elimina uno de los cobros asociados al uso de terminales punto de venta para ese giro. El acuerdo, anunciado como temporal por seis meses, se presenta como un apoyo para amortiguar el impacto del encarecimiento de los combustibles sobre los hogares, en un momento en el que la inflación de energéticos suele contaminar costos logísticos y precios al consumidor.
El cambio no es menor: al tratarse de una comisión que típicamente se paga dentro de la cadena de aceptación de pagos con tarjeta, su eliminación reduce costos para las estaciones de servicio, pero desplaza la carga hacia bancos emisores y participantes del ecosistema de pagos. Estimaciones difundidas en el sector ubican el costo agregado cercano a 1,600 millones de pesos durante la vigencia del acuerdo, en función del volumen de operaciones y la mezcla de pagos con débito y crédito en el canal gasolinero.
En términos operativos, Hacienda ha enfatizado que, por cada pago con tarjeta de débito en gasolineras, el banco emisor dejaría de recibir en promedio alrededor de 2.57 pesos, mientras que en tarjeta de crédito el monto promedio renunciado sería de hasta 7.45 pesos por transacción. La magnitud se explica por el elevado uso de pagos electrónicos en estaciones: cifras del Banco de México (Banxico) muestran cientos de millones de operaciones en periodos comparables recientes, con una participación relevante de tarjetas de crédito.
La Asociación de Bancos de México (ABM) ha enmarcado el acuerdo como un esfuerzo de inversión para profundizar la digitalización y ampliar la aceptación de pagos. No obstante, para la banca comercial la medida implica renunciar a un flujo asociado al procesamiento, en un entorno donde los márgenes se encuentran bajo escrutinio por la competencia, la regulación y el costo de fondeo que se mantiene elevado respecto a años previos, aun con un ciclo de tasas que gradualmente podría normalizarse.
La medida también dibuja una frontera entre participantes del sistema: mientras bancos y valeras forman parte del entendimiento, organizaciones de otros segmentos —como parte del universo fintech o algunas entidades no bancarias— no figuran como participantes, lo que abre preguntas sobre el alcance real de la política y la consistencia regulatoria entre distintos jugadores del mercado de pagos.
¿Bajará el precio de la gasolina o solo cambia quién absorbe el costo?
El objetivo explícito del gobierno es acotar presiones sobre el bolsillo del consumidor, pero la transmisión no es automática. En la práctica, el precio al público de la gasolina responde principalmente a la referencia internacional, el tipo de cambio, costos logísticos, márgenes comerciales y el esquema fiscal (incluido el IEPS y sus estímulos). La comisión de intercambio es un componente más bien microeconómico del costo de operación de la estación; por ello, aun si el gasolinero paga menos por aceptar tarjeta, no necesariamente reducirá el precio por litro. En mercados minoristas con competencia acotada o con precios que se mueven por referencias comunes, el ahorro puede convertirse en margen adicional, en inversión en infraestructura o en una estrategia comercial selectiva (descuentos, programas de lealtad), más que en una baja generalizada y visible en el tablero de precios.
En el trasfondo está el entorno de energéticos. Cuando suben los precios internacionales —por tensiones geopolíticas, recortes de oferta o interrupciones logísticas— México suele enfrentar el dilema entre permitir el traspaso a precios finales o suavizarlo vía estímulos fiscales. En ese contexto, medidas como la comisión cero funcionan como herramientas complementarias: no sustituyen el papel de los impuestos ni la dinámica del mercado, pero sí pueden reducir fricciones en un canal de pago masivo y cotidiano.
Sin embargo, también hay implicaciones sobre la estructura de comisiones y la sostenibilidad del modelo de adquirencia. Si los bancos y emisores compensan la renuncia a la cuota de intercambio mediante ajustes en otros rubros (por ejemplo, comisiones por servicios, mayores requisitos comerciales, cambios en la oferta de terminales o condiciones de aceptación), el beneficio neto para el comercio podría diluirse. El impacto final dependerá de si el acuerdo viene acompañado de competencia efectiva entre adquirentes y transparencia en costos para comercios, así como de la vigilancia sobre posibles cobros sustitutos.
Otro ángulo es el de política comercial y compromisos internacionales. De cara a discusiones sobre integración económica y reglas en servicios financieros, la evolución del mercado de pagos en México —incluyendo comisiones, acceso y condiciones para participantes— ha sido un punto de observación para socios comerciales, en particular Estados Unidos (EE. UU.). En la medida en que el país busque fortalecer su infraestructura de pagos y la competencia, el diseño de medidas temporales y focalizadas será evaluado por su consistencia con objetivos de mayor apertura, interoperabilidad y no discriminación entre actores.
Desde el punto de vista del consumidor, la práctica cotidiana probablemente cambie poco en el corto plazo: hoy el usuario suele pagar lo mismo en efectivo o con tarjeta en la estación. Si la comisión cero se traduce en algo tangible, podría verse más en promociones o en una mayor disposición de comercios a aceptar tarjeta sin restricciones, especialmente en zonas donde aún se privilegia el efectivo. A mediano plazo, si el incentivo acelera la digitalización en un giro con alta frecuencia de compra, podría reforzar la trazabilidad de pagos y la formalización, aunque ese efecto depende de la adopción real de terminales y de que el comercio no migre a otros mecanismos informales.
En síntesis, la decisión de Hacienda reduce costos a gasolineras y traslada el peso a bancos y emisores, con la apuesta de que el ecosistema absorba el ajuste sin afectar al usuario. Su éxito se medirá no solo por el ahorro contable, sino por si mejora la aceptación de pagos, evita cobros sustitutos y, sobre todo, si contribuye —aunque sea marginalmente— a amortiguar el impacto de los energéticos en un entorno macroeconómico donde la inflación y el consumo siguen siendo variables sensibles.