Hacienda estima un costo fiscal de 15,800 millones por estímulos a gasolinas y diésel en 2026
El gobierno amortigua alzas de combustibles con recortes al IEPS, una estrategia que protege precios pero reduce ingresos públicos en un año de mayor presión petrolera.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé que en 2026 dejará de recaudar más de 15,800 millones de pesos por los estímulos aplicados a las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) que gravan a gasolinas y diésel. La medida busca moderar el traspaso de choques externos—en particular, aumentos en los precios internacionales del crudo—hacia los precios en estaciones de servicio, con el argumento de proteger el poder adquisitivo y contener costos de transporte y producción.
En los Precriterios de política económica entregados al Congreso, Hacienda planteó que el apoyo vía estímulos al IEPS implicará ingresos tributarios por debajo de lo programado, aunque mantuvo una perspectiva de crecimiento real anual de la recaudación, apoyada en un mayor esfuerzo de fiscalización y en ajustes regulatorios vinculados al control del comercio exterior. En términos de política pública, el dilema es conocido: suavizar precios al consumidor reduce la volatilidad inflacionaria, pero también recorta espacio fiscal en un periodo de altas necesidades de gasto.
El IEPS a combustibles funciona como un componente clave de la recaudación no petrolera: se cobra por litro y, cuando el gobierno otorga un estímulo, reduce parcial o totalmente esa cuota para que el precio final suba menos. Cuando los precios internacionales bajan o se estabilizan, Hacienda puede retirar estímulos y restablecer el cobro completo, recuperando parte de la recaudación. El efecto, sin embargo, no es neutro para las finanzas públicas: el costo fiscal se materializa justo cuando el gobierno necesita recursos para programas, inversión y servicio de la deuda.
Durante abril, Hacienda mantuvo por varias semanas consecutivas estímulos al diésel y también a las gasolinas regular y premium, en un entorno de mayores presiones en el mercado energético global. En el caso del diésel—insumo esencial para el autotransporte de carga y, por tanto, para la logística de alimentos, manufacturas y comercio—los descuentos han llegado a ser significativamente superiores a los aplicados a las gasolinas, reflejando su impacto transversal sobre la estructura de costos de la economía.
Un elemento que agrava la sensibilidad del mercado interno es la alta dependencia de importaciones de combustibles. México produce parte de los petrolíferos que consume, pero continúa importando volúmenes relevantes, particularmente desde Estados Unidos, lo que vuelve determinante el comportamiento del precio internacional, los márgenes de refinación y el tipo de cambio en el precio final. En la práctica, los estímulos al IEPS operan como una “válvula” de ajuste para evitar cambios abruptos en los precios al público.
Presión sobre inflación, transporte y márgenes empresariales
El uso de estímulos al IEPS suele justificarse por su potencial para acotar presiones inflacionarias. En México, la inflación subyacente tiende a reaccionar con rezago a los choques energéticos, pero el componente no subyacente—donde se ubican energéticos—puede dispararse rápidamente y contaminar expectativas. Cuando el diésel encarece, el golpe se transmite por la cadena logística: aumenta el costo de mover mercancías y personas, presionando precios de alimentos, bienes de consumo y servicios. Para empresas intensivas en transporte, la volatilidad se traduce en ajustes de tarifas, reducción de márgenes o diferimiento de inversiones, sobre todo en sectores con competencia fuerte y limitada capacidad de trasladar costos.
El costo de 15,800 millones de pesos que Hacienda estima para 2026 dimensiona el tamaño del “seguro” de precios que representan los estímulos. En términos presupuestales, montos de esa magnitud pueden compararse con el financiamiento anual de programas sociales o componentes específicos de política educativa y productiva. Para el gobierno, el cálculo es político y económico: cuánto recaudar menos hoy para evitar un deterioro mayor en consumo, inflación o actividad, y cuánto margen fiscal queda para responder si el choque externo se prolonga.
En el trasfondo está el balance entre estabilidad de precios y fortaleza de las finanzas públicas. Si los estímulos se sostienen por periodos largos, la recaudación resiente el impacto, lo que puede aumentar la necesidad de ajustes en otras partidas, mayor endeudamiento o medidas compensatorias de ingreso. En cambio, retirarlos demasiado rápido puede traducirse en incrementos visibles en los precios al consumidor, con efectos sobre expectativas y negociación salarial, y con potenciales impactos en la trayectoria de la inflación.
Hacia delante, la efectividad de esta política dependerá de varios factores: la duración de las tensiones geopolíticas que presionan al petróleo, la evolución del mercado de refinados en Norteamérica, el desempeño del tipo de cambio y la capacidad del gobierno para sostener ingresos tributarios por otras vías. También será relevante el papel del Banco de México: si la inflación energética se filtra a la subyacente, el banco central podría mantener una postura restrictiva por más tiempo, elevando el costo financiero para hogares y empresas y moderando el crecimiento.
En síntesis, los estímulos al IEPS funcionan como amortiguador ante choques externos, pero su costo fiscal es tangible y obliga a decisiones de priorización. En un contexto de alta integración comercial con Estados Unidos y de sensibilidad a precios internacionales del crudo, la discusión no es solo cuánto se paga en la gasolinera, sino cómo se reparte el costo entre consumidores, empresas y el presupuesto público.