Hacienda y la UIF ordenan bloqueo preventivo tras sanciones de OFAC; refuerzan cooperación antilavado
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), instruyó el bloqueo administrativo de personas y empresas en México luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designara a 22 objetivos vinculados con presunto lavado de dinero. La medida, aplicada en coordinación con el sistema financiero, busca impedir que recursos de origen ilícito ingresen o se dispersen en la economía nacional.
Hacienda precisó que la eventual incorporación en la Lista de Personas Bloqueadas tiene carácter preventivo y no constituye una determinación judicial ni prejuzga responsabilidad penal. La UIF realizará el análisis financiero de las operaciones asociadas a los sujetos designados y, de identificar indicios de delito, dará vista a la Fiscalía General de la República para las acciones correspondientes. La autoridad subrayó que estos bloqueos se ejecutan con base en los compromisos internacionales del Estado mexicano y en línea con las reglas de cumplimiento que rigen a las instituciones financieras.
México, miembro del Grupo de Acción Financiera (GAFI), mantiene desde hace años un andamiaje antilavado que incluye obligaciones para bancos, fintech, sofomes y actividades vulnerables, así como reportes de operaciones inusuales y relevantes. En la práctica, las listas de sanciones internacionales —como la de OFAC— se integran a los sistemas de monitoreo del sector financiero, que aplica filtros de debida diligencia reforzada para transacciones en dólares y operaciones transfronterizas, con el fin de evitar riesgos de corresponsalía y sanciones secundarias.
En el corto plazo, los bloqueos pueden generar interrupciones operativas para los señalados y sus contrapartes, y llevar a la banca a intensificar revisiones de clientes y proveedores relacionados. Expertos advierten que la “sobrecumplencia” puede elevar costos para pymes y limitar temporalmente el acceso al crédito; no obstante, las personas afectadas cuentan con vías de defensa y revisión. Criterios judiciales recientes han reiterado la necesidad de salvaguardar el debido proceso, al tiempo que reconocen la cooperación internacional en materia antilavado como un interés público relevante.
Esta acción se inserta en una agenda bilateral más amplia en seguridad y finanzas ilícitas, en la que México y Estados Unidos han incrementado el intercambio de información para desarticular redes de lavado vinculadas a delitos como el tráfico de drogas y la corrupción. En los últimos años, la UIF ha replicado designaciones extranjeras en casos de alto impacto, en paralelo con medidas internas de supervisión y el fortalecimiento de reportes de cumplimiento por parte de instituciones financieras y no financieras.
Desde una óptica económica, el refuerzo del cumplimiento antilavado contribuye a preservar la estabilidad del sistema, mitigar primas de riesgo y sostener la confianza de inversionistas y bancos corresponsales, factores relevantes en el contexto de relocalización de cadenas productivas hacia México. Si bien implica mayores exigencias de control para intermediarios y empresas, el saldo neto esperado es positivo para la integridad del mercado y la competitividad financiera del país.
En suma, el bloqueo preventivo derivado de la lista de OFAC reafirma la cooperación financiera internacional de México y la prioridad de blindar al sistema de recursos ilícitos. El reto será equilibrar eficacia y debido proceso, evitar efectos colaterales sobre actividades lícitas y mantener una supervisión proporcional que preserve la confianza de los actores económicos sin frenar la actividad productiva.
