Interoperabilidad, el factor decisivo para que la inclusión financiera avance en México

México puso sobre la mesa la Política Nacional de Inclusión Financiera 2025-2030 (PNIF) con metas claras: ampliar el acceso a servicios, reducir la dependencia del efectivo y dinamizar el crédito para hogares y empresas. No obstante, especialistas y organismos internacionales advierten que, sin una interoperabilidad plena entre pagos, ahorro, crédito y remesas, abrir más cuentas o sumar nuevas aplicaciones no se traducirá en uso efectivo ni en una mayor adopción digital.

El país cuenta con cimientos relevantes —pagos en tiempo real, un ecosistema fintech vigoroso y creciente penetración móvil—, pero persisten “puentes” inconclusos entre plataformas. La ausencia de estándares abiertos operando de forma homogénea genera fricciones: comercios que requieren múltiples aplicaciones y credenciales, usuarios que no pueden mover su dinero sin costos o pasos adicionales, y remesas que no se convierten fácilmente en ahorro o crédito. La PNIF reconoce la importancia de la interoperabilidad, aunque aún carece de un plan operativo detallado con cronogramas, arquitectura nacional de rieles abiertos y mecanismos claros para evitar nuevos “silos” digitales.

El caso de Brasil suele citarse como referencia: Pix logró masificar pagos digitales al operar sobre una capa común obligatoria que conecta a bancos y aplicaciones, reduciendo fricciones para el usuario final. En México, herramientas como CoDi o DiMo no han desplazado al efectivo en la vida diaria, lo que responde a una mezcla de factores: un uso del efectivo todavía arraigado en transacciones de bajo monto, altos niveles de informalidad, barreras de adopción en pequeños negocios y experiencias de usuario que aún no resultan suficientemente simples y universales.

Desde el sector, la Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (Unifimex) sostiene que existen bases sólidas para acelerar la integración. Señala avances derivados de la Ley Fintech en materia de APIs estandarizadas y subraya la evolución hacia SPEI 2.0 como pieza destinada a fortalecer rieles abiertos y estándares comunes. De acuerdo con la organización, hay espacios de coordinación entre la CNBV, Banco de México y la Secretaría de Hacienda para ajustar normas y recoger insumos técnicos de bancos y fintech, con énfasis en portabilidad, estandarización de datos y neutralidad tecnológica.

Desde la banca de inversión también se insiste en que la interoperabilidad va más allá de lo técnico: es experiencia de usuario y competencia efectiva. Integrar bajo reglas comunes pagos, transferencias, ahorro, seguros e inversiones puede ampliar el acceso y reducir costos. El potencial para democratizar productos de ahorro e inversión existe si la infraestructura se concibe como un bien público digital y no como soluciones cerradas que fragmenten el mercado.

El contexto macro agrega urgencia. Las remesas, que superaron los 60 mil millones de dólares en 2023, sostienen el consumo de millones de hogares; convertir esos flujos en ahorro y crédito requiere conexiones fluidas entre proveedores. En paralelo, la relocalización de cadenas (nearshoring) presiona la necesidad de medios de pago interoperables y crédito ágil para pymes. Con una política monetaria aún restrictiva y una inflación que ha mostrado resistencia en varios componentes, ganar eficiencia operativa y reducir fricciones a través de estándares abiertos puede ayudar a abaratar transacciones y ampliar la aceptación digital.

Los retos son conocidos: cerrar brechas de conectividad en zonas rurales, facilitar la adopción a micronegocios con esquemas de costos y herramientas usables, fortalecer la ciberseguridad y la prevención de fraudes, y avanzar en educación financiera. En lo regulatorio, el desafío pasa por definir reglas de juego que garanticen interoperabilidad real: APIs abiertas y testeables, alias únicos, protocolos comunes de reversos y disputas, portabilidad de cuentas y datos, incentivos adecuados y, en su caso, participación obligatoria para evitar nuevas islas digitales. La medición pública de resultados —tasas de adopción, valores y volúmenes transaccionados, aceptación en comercios— será clave para ajustar el rumbo.

Si la PNIF se apalanca en SPEI 2.0 y en un marco de finanzas abiertas que funcione en la práctica, México puede acelerar el tránsito de efectivo a lo digital sin excluir a nadie. El tiempo y la coordinación interinstitucional serán determinantes: más aplicaciones y más cuentas sólo producirán inclusión real si operan sobre rieles comunes, con reglas claras y una experiencia sencilla para personas y negocios.

En síntesis, el país tiene los cimientos y la oportunidad. La prioridad es convertir la interoperabilidad en política operativa medible: rieles abiertos, estándares comunes y costos bajos para el usuario final. De lo contrario, la proliferación de soluciones cerradas reforzará el papel del efectivo y limitará los beneficios de la digitalización.