México recalibra su política comercial ante el creciente déficit con Asia, con China en el centro del debate
El gobierno federal defendió la aplicación de aranceles temporales de entre 5% y 50% a importaciones provenientes de países sin tratado de libre comercio como una medida para proteger a la industria nacional, sin dirigirse a una nación específica. No obstante, los datos muestran que el epicentro del desequilibrio está en China. De acuerdo con cifras del Banco de México, el país acumula un déficit comercial de 223,349 millones de dólares con Asia y alrededor de 54% corresponde a China. La brecha con el gigante asiático se amplió con rapidez en la última década: pasó de 60,293 millones de dólares en 2014 a 119,520 millones en 2024. Entre enero y octubre de este año, el saldo negativo sumó 101,383 millones, con perspectivas de cerrar aún más alto.
La presión se siente con especial fuerza en sectores intensivos en mano de obra. Textiles y calzado registraron la pérdida de cerca de 250,000 empleos en los últimos siete trimestres, mientras el acero enfrenta la competencia de excedentes globales vinculados a Asia. Entre 2021 y 2024, las importaciones de calzado crecieron 22.3% y las de vestido 20.8%, desplazando producción local. En el sector automotor, las compras de vehículos ligeros a países asiáticos sin acuerdo aumentaron con vigor; China concentra 28.6% de esas importaciones. La Secretaría de Economía subraya que estos autos no detonan actividad productiva ni empleo en México y que es prioritario resguardar la posición del país como quinto productor mundial.
El viraje arancelario ocurre en un entorno global de mayor proteccionismo y reconfiguración de cadenas de suministro. México ha capitalizado la relocalización de inversiones hacia Norteamérica, pero su industria manufacturera aún depende de insumos asiáticos, desde textiles y químicos hasta bienes de capital. La normalización de fletes tras la pandemia, la fortaleza del peso en 2023-2024 y la demanda de Estados Unidos abarataron la compra de importaciones, ampliando el déficit con Asia. A la par, Washington ha endurecido su postura frente a China en sectores estratégicos, lo que empuja a México a coordinarse con sus socios del T-MEC para evitar desvíos comerciales y reforzar la vigilancia aduanera contra subvaluación y triangulación.
El impacto de los aranceles será heterogéneo. Para sectores sensibles —calzado, confección, acero— pueden abrirse ventanas para recuperar participación y empleo si se acompaña con financiamiento, combate al contrabando y compras públicas que prioricen contenido nacional. Pero para ramas que dependen de insumos importados, los costos podrían subir en el corto plazo. El traslado a precios al consumidor luce acotado si el tipo de cambio se mantiene estable y la demanda interna modera su ritmo, aunque el Banco de México seguirá atento a posibles efectos de segunda vuelta. En automotriz, el incentivo para que proveedores asiáticos inviertan en plantas y contenido regional en México puede aumentar, pero el cumplimiento de reglas de origen y la sensibilidad política en Estados Unidos condicionarán el ritmo y la profundidad de esa transición.
Mirando adelante, la combinación de aranceles temporales y relocalización ofrece una oportunidad para densificar la proveeduría local y reducir dependencias críticas, siempre que se avance en habilitadores clave: energía suficiente y limpia, infraestructura logística, seguridad, certidumbre regulatoria y aduanas más ágiles. La revisión del T-MEC en 2026 será un punto de inflexión: alinear políticas industriales con Norteamérica sin vulnerar compromisos en la OMC será determinante para sostener inversión y empleo. Un sendero de política pública que combine defensa comercial con mejoras de competitividad estructural podría mitigar costos de ajuste en el corto plazo y fortalecer el tejido productivo en el mediano plazo.
En síntesis, México ajusta su política comercial en respuesta a un déficit creciente con Asia, particularmente con China, y a las presiones de sectores locales. La medida abre espacios para recuperar producción, pero también plantea costos y retos de ejecución. Su balance final dependerá de la capacidad para atraer proveedores a territorio nacional, contener prácticas desleales y acelerar reformas de competitividad sin perder anclaje macroeconómico ni certidumbre para la inversión.
