Analistas recortan su previsión de crecimiento para 2026 y apuntan a la inseguridad como principal riesgo
Los problemas de inseguridad se consolidaron como el principal lastre para la actividad económica, de acuerdo con la encuesta de expectativas de Banco de México aplicada a especialistas del sector privado entre el 3 y el 8 de diciembre. En ese sondeo, los analistas redujeron su estimación de crecimiento para el próximo año a 1.15% desde 1.37%, al tiempo que reportaron un aumento de cinco puntos en la preocupación por la seguridad pública. En la clasificación de riesgos de Banxico, los factores asociados a la gobernanza concentraron 44% de las respuestas, por encima de las condiciones económicas internas (26%) y de las externas (25%).
El repunte de los delitos que afectan a las cadenas productivas —como el robo a transporte de carga, la extorsión y el vandalismo en corredores logísticos— eleva costos operativos por seguros, escoltas, cambios de rutas y pérdida de inventario. Cámaras empresariales han advertido que la conflictividad en tramos estratégicos del centro y norte del país presiona márgenes y complica decisiones de expansión, particularmente para manufactureras y distribuidoras que operan con inventarios ajustados.
En su Informe Trimestral más reciente, Banxico mantuvo sin cambios su proyección de crecimiento de 1.1% para 2026, en un contexto de política monetaria aún restrictiva para consolidar la desinflación. Aunque la inflación general ha cedido desde sus máximos, las presiones en servicios permanecen y el banco central ha reiterado que cualquier relajación del estímulo se hará con prudencia. Tasas reales elevadas, si bien anclan expectativas de precios, también moderan el crédito y el consumo, que en los últimos años se vieron apoyados por aumentos salariales y remesas históricamente altas.
Por el lado externo, la trayectoria de la economía de Estados Unidos seguirá siendo determinante para el sector exportador y para la manufactura integrada de México. La reconfiguración de cadenas de suministro hacia Norteamérica ha sostenido la inversión en parques industriales del norte y el Bajío, pero la materialización plena del “nearshoring” exige resolver cuellos de botella en energía eléctrica, agua, permisos y Estado de derecho. En varias plazas industriales persisten tasas de vacancia bajas y aumentos de rentas, señales de demanda firme pero también de capacidad al límite.
En el frente fiscal, la combinación de mayores necesidades de gasto y las presiones financieras de Pemex acota el margen de maniobra. Tras un impulso fiscal relevante, la consolidación prevista para el próximo año podría moderar la obra pública y el consumo del gobierno, con efectos mixtos: fortalece la sostenibilidad macro, pero enfría la demanda agregada. La coordinación entre inversión pública y privada, en especial en infraestructura logística y eléctrica, será clave para sostener la agenda de relocalización.
Otro foco de atención es la revisión del T-MEC programada para 2026. Economistas del sector privado coinciden en que el calendario y el grado de certidumbre de la negociación serán decisivos: si el proceso se extiende más allá de mediados de 2026, parte de la inversión podría aplazarse, con un impacto sobre el crecimiento por debajo de lo estimado. Por el contrario, una negociación ágil y predecible —particularmente en reglas de origen automotrices, solución de controversias y temas energéticos— podría destrabar proyectos y acelerar flujos de capital.
En conjunto, el sesgo de riesgos para la actividad permanece inclinado a la baja por la inseguridad y la incertidumbre regulatoria, mientras que los factores de soporte incluyen la integración con Estados Unidos, el dinamismo de la inversión asociada al nearshoring y el posible alivio gradual de las tasas si la desinflación se afianza. La evolución del tipo de cambio, los costos logísticos y la disponibilidad de insumos energéticos serán variables a monitorear por empresas y hogares.
En síntesis, la rebaja de expectativas confirma que la inseguridad ya trasciende como condicionante económico. La trayectoria de crecimiento dependerá de avances creíbles en seguridad y Estado de derecho, de claridad en la revisión del T-MEC y de una transición ordenada en política monetaria y fiscal. Sin resolver esos frentes, el potencial del nearshoring difícilmente se traducirá plenamente en mayor inversión y productividad.
