México enfrenta riesgos económicos tras nuevo arancel de 50% al acero y aluminio impuesto por Estados Unidos

La reciente decisión del gobierno estadounidense de elevar al 50% los aranceles a las importaciones de acero y aluminio amenaza con impactar de manera significativa a la economía mexicana. México, que destina más del 80% de sus exportaciones de estos metales a Estados Unidos, se posiciona como uno de los países más afectados por la medida, reavivando tensiones comerciales entre ambas naciones y cuestionando la certidumbre del acuerdo comercial regional.

Según cifras del Banco de México, en 2024 México exportó cerca de 16,078 millones de dólares en acero y aluminio, de los cuales 13,383 millones corresponden a acero y 2,695 millones a aluminio. Esta industria, clave para estados como Nuevo León, Michoacán, Coahuila y Veracruz, no solo es un importante generador de divisas, sino también pilar de la actividad industrial y el empleo, involucrando a aproximadamente 700,000 trabajadores directos e indirectos.

La Cámara Nacional del Acero (Canacero) y diversas organizaciones del sector han manifestado una seria preocupación ante las nuevas barreras estadounidenses. El organismo reporta que, tras el incremento anterior de aranceles al 25% y antes de la entrada en vigor del nuevo umbral del 50%, las exportaciones mexicanas del sector ya venían registrando un descenso del 3% en el primer trimestre de 2025. Canacero prevé una caída mucho mayor durante abril y mayo, con exportaciones reduciéndose a la mitad respecto al año anterior.

Las implicaciones económicas trascienden el ámbito de materias primas, ya que el aumento de los aranceles también impacta negativamente a industrias como la automotriz, electrodomésticos y dispositivos electrónicos, las cuales dependen del uso de acero y aluminio mexicano en cadenas de valor integradas de América del Norte. Organismos analistas, como el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), han advertido que la medida afectará la competitividad y la integración de cadenas productivas regionales, pilares fundamentales del tratado comercial T-MEC.

En respuesta, el gobierno mexicano ha anunciado negociaciones inmediatas en Washington para buscar la exclusión de México del nuevo arancel, argumentando que Estados Unidos mantiene actualmente un superávit de 4,000 millones de dólares en la balanza comercial de acero bilateral. Además, el gobierno planea exigir que toda la obra pública en México utilice acero nacional, como mecanismo de protección a la industria local.

Desde la perspectiva estadounidense, la administración recurre a la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, alegando motivos de seguridad nacional y una disminución del uso de la capacidad instalada en la industria siderúrgica estadounidense. Esta estrategia ya había sido implementada por el expresidente Trump en su anterior mandato y, de acuerdo con la narrativa oficial, contribuyó entonces a la creación de empleos y el fortalecimiento de la producción doméstica.

Sin embargo, desde el lado mexicano existen temores de que la reincidencia en políticas proteccionistas deteriore el ambiente de certidumbre que busca el T-MEC, elevando los riesgos para la inversión y el empleo en sectores clave. En el mediano plazo, la imposición de estos aranceles podría generar distorsiones en los mercados regionales, incentivar prácticas comerciales desleales de terceros países y debilitar cadenas de proveeduría vitales para la economía norteamericana.

En resumen, el endurecimiento de la política comercial estadounidense abre una etapa de incertidumbre para el sector siderúrgico mexicano y, por extensión, para la economía nacional. A corto plazo, el impacto se traducirá en menores exportaciones y posibles afectaciones al empleo y la inversión; a largo plazo, el desafío será defender la integridad del marco comercial regional y adaptarse a un entorno mundial donde resurgen las tendencias proteccionistas.