Posible impuesto en EE.UU. generaría impacto en recepción de remesas, advierte Caja Popular Mexicana
LEÓN, Guanajuato.– La propuesta de implementar un impuesto del 3.5% a las remesas enviadas desde Estados Unidos, actualmente bajo discusión en el Congreso estadounidense, ha encendido alertas en el sector financiero mexicano. Según Ricardo López, director general de Caja Popular Mexicana (CPM), la medida podría derivar en una disminución significativa tanto en el flujo de remesas como en los ingresos de las instituciones receptoras.
Caja Popular Mexicana, la cooperativa de ahorro y crédito más grande del país, procesó durante 2024 un total de 157,699 operaciones por concepto de remesas, equivalentes a 1,927.7 millones de pesos. Entre enero y mayo de este año, la cooperativa ya había registrado 92,994 operaciones por 1,233.7 millones de pesos, lo que representa aproximadamente un 64% del monto total recibido en todo el año anterior. Destaca además que mayo fue un mes récord en el envío de dinero, según cifras de la propia institución.
Los envíos de remesas, que provienen fundamentalmente de trabajadores mexicanos radicados en Estados Unidos, son una de las principales fuentes de ingresos para muchas familias y comunidades en México. Los estados de Guanajuato, Chiapas, Michoacán, San Luis Potosí y Jalisco encabezan la lista de entidades que más reciben remesas, por lo que podrían experimentar un mayor impacto si se concreta el nuevo gravamen.
Actualmente, la economía mexicana se beneficia de manera notable de las remesas: tan solo en 2023, el país recibió más de 63 mil millones de dólares, cifra que representó un máximo histórico y que equivale a cerca del 4% del PIB nacional. El flujo constante de remesas contribuye sustancialmente al consumo en hogares, el desarrollo local y, en muchos casos, a mitigar los efectos de la desigualdad y la falta de oportunidades laborales, especialmente en regiones rurales.
CPM canaliza remesas a través de alianzas estratégicas con cinco remesadoras estadounidenses, entre las que se encuentran Western Union, Vigo, Orlandi Valuta, Uniteller, MoneyGram y Order Express. Dada la magnitud de estas operaciones, cualquier modificación en la regulación del envío de dinero desde el vecino del norte podría suponer ajustes significativos para las instituciones financieras mexicanas y para las familias que dependen de estos recursos.
Expertos señalan que la instauración de un impuesto podría desalentar el envío formal de remesas, motivando a las personas a buscar alternativas informales, menos seguras y costosas, o incluso a reducir los montos enviados. Además, una disminución en el flujo de remesas implicaría menores ingresos para bancos y cooperativas, así como menores recursos disponibles para el consumo y la inversión local en los estados receptores.
Aunque la iniciativa de gravar las remesas aún se encuentra en proceso legislativo y su aprobación no está asegurada, el sector financiero y las comunidades receptoras permanecen atentas ante los posibles cambios regulatorios en Estados Unidos. En el corto plazo, la evolución de esta medida será determinante para la economía de miles de familias mexicanas y para la estabilidad de varias instituciones financieras en el país.
En resumen, la posible imposición de un impuesto a las remesas desde EE.UU. podría impactar negativamente tanto a los beneficiarios directos como a la economía mexicana en general, dada la importancia estratégica de este flujo de dinero. La atención de las autoridades y el sector financiero nacional se centra ahora en el desarrollo legislativo estadounidense y en la búsqueda de soluciones que puedan mitigar cualquier afectación futura.
