Autoridades afinan cambios a pagos con tarjeta y al CAT; Congreso y Corte refuerzan la protección al usuario financiero
El ecosistema financiero mexicano se alista para una serie de ajustes normativos con foco en el consumidor. Banco de México (Banxico) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) pusieron a consulta pública dos proyectos: uno para abaratar los pagos con tarjeta y otro para actualizar la metodología del Costo Anual Total (CAT). En paralelo, la Cámara de Diputados aprobó una iniciativa para frenar cobros y productos no autorizados y fortalecer la respuesta ante fraudes; y la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los bancos deben acreditar con documentos y procesos confiables el consentimiento del cliente en cada operación.
La discusión más intensa se perfila en torno a las cuotas de intercambio que pagan los comercios al aceptar tarjetas. De acuerdo con datos de la autoridad y de la Cofece, en México dichas cuotas promedian niveles superiores a estándares internacionales y llegan hasta 1.91% en crédito y 1.15% en débito, lo que encarece la aceptación para pequeños negocios. El objetivo del ajuste es reducir fricciones y costos en el punto de venta, ampliando la aceptación en micronegocios y comercios de barrio. La banca, representada en la Asociación de Bancos de México, ha advertido riesgos de “control de precios” y posibles efectos sobre programas de recompensas e incentivos si la regulación no reconoce la naturaleza de plataforma de dos lados en los pagos.
El segundo frente regulatorio busca actualizar el CAT para volverlo más comparable, transparente y realista. El CAT, que refleja el costo integral de un crédito incluyendo intereses y comisiones, es clave para que los hogares comparen tarjetas, créditos personales, automotrices o hipotecarios. El cambio implicará ajustes en simuladores, sistemas de cálculo y carátulas de contrato. En un entorno en el que el costo del dinero se mantuvo elevado durante 2024 y la inflación de servicios mostró persistencia, una medición más clara del costo del crédito podría fortalecer la competencia entre oferentes y mejorar la toma de decisiones de los consumidores.
En el frente legislativo, los diputados avalaron que las instituciones no puedan cobrar comisiones por servicios, seguros, membresías o beneficios no pactados en el contrato de adhesión ni autorizados de forma expresa por el usuario. También se plantea facilitar la cancelación de tarjetas por canales presenciales, telefónicos y digitales en un máximo de cinco días hábiles y sin penalizaciones, además de prohibir la emisión de plásticos sin consentimiento del cliente. La iniciativa apunta a contener el phishing y el robo de identidad, fenómenos que han ganado complejidad con la digitalización de servicios; su aprobación definitiva aún requiere el aval del Senado.
La decisión reciente de la Suprema Corte refuerza la carga probatoria sobre las instituciones financieras: deberán demostrar que cada operación fue consentida por el cliente mediante documentos claros y procesos confiables. En la práctica, esto presiona a fortalecer autenticación, trazabilidad y controles antifraude, desde biometría y verificación en dos pasos hasta mejores protocolos de disputa y devolución. Para la banca y las fintech, el reto será elevar estándares sin frenar la experiencia de usuario ni el crecimiento de pagos digitales.
Para los comercios, una eventual baja en cuotas de intercambio podría traducirse en mayor adopción de terminales en segmentos donde hoy predomina el efectivo, con impactos en formalización y productividad. En México todavía una proporción elevada de transacciones cotidianas se realiza en efectivo, pese al avance de SPEI, CoDi y los pagos con código QR. Un ecosistema de pagos más barato y transparente puede impulsar la bancarización, facilitar la contabilidad y reducir costos de manejo de efectivo, especialmente para pequeños negocios y trabajadores por cuenta propia.
El contexto macro ofrece señales mixtas: la economía ha encontrado apoyos en remesas elevadas, inversión vinculada al nearshoring y un mercado laboral resiliente, pero los hogares siguen sensibles a variaciones en precios de servicios y al costo del crédito. En ese marco, las medidas proconsumidor podrían mejorar la confianza y el uso de servicios financieros formales, siempre que se implementen con reglas claras, gradualidad y coordinación entre Banxico, CNBV, Condusef y la industria.
Los siguientes pasos ocurrirán en el terreno técnico y político: las consultas de Banxico y CNBV abrirán espacio para que bancos, adquirentes, fintech y comercios presenten evidencia y propuestas; si hay acuerdos, la implementación sería escalonada para permitir ajustes operativos. En lo legislativo, el Senado definirá el alcance final de las reformas, mientras que la resolución de la Corte acelerará mejoras en documentación y procesos de consentimiento.
En síntesis, México avanza hacia un marco de pagos más competitivo y una información crediticia más clara, al tiempo que refuerza la protección del usuario. El equilibrio entre menores costos, innovación y seguridad será determinante para que los cambios se traduzcan en más inclusión financiera y en una adopción mayor de medios de pago electrónicos sin comprometer la estabilidad del sistema.
