El agro mexicano llega al escrutinio laboral del T-MEC: reclutamiento, migración y riesgo para las exportaciones

La competitividad del campo ya no depende solo de productividad y sanidad, sino de probar que su mano de obra fue contratada sin fraude ni coerción.

En la antesala de la revisión del T-MEC, el sector agroalimentario mexicano enfrenta un nuevo frente de riesgo comercial: el laboral. A los requisitos de inocuidad, trazabilidad y cumplimiento fitosanitario que históricamente han definido el acceso a mercados en América del Norte, se suma una presión creciente para demostrar que los jornaleros —incluidos los migrantes— fueron reclutados sin engaños, cobros indebidos, retención de documentos, amenazas o cualquier práctica asociada al trabajo forzoso.

El tema no es marginal. La estructura del empleo rural en México combina alta informalidad, estacionalidad y contratación mediante intermediarios, condiciones que elevan la vulnerabilidad del trabajador y la exposición reputacional de las empresas. En el primer trimestre de 2026, 5.2 millones de personas se encontraban en la informalidad dentro del sector agropecuario, según cifras oficiales. En paralelo, la escasez de mano de obra se ha convertido en una restricción real para diversas cadenas de exportación, especialmente en estados con agroindustria intensiva en trabajo.

Esta combinación —déficit de trabajadores disponibles y prácticas de contratación opacas— incrementa la probabilidad de que el cumplimiento laboral se convierta en un filtro comercial. En Estados Unidos, el Departamento del Trabajo ha recordado que el T-MEC obliga a los socios a hacer cumplir su legislación contra el trabajo forzoso y a impedir la importación de mercancías producidas total o parcialmente bajo esas condiciones. En términos prácticos, el estándar laboral se está moviendo del terreno ético al de gestión de riesgo: auditorías, debida diligencia y evidencia documental del reclutamiento empiezan a pesar en la relación con compradores, empacadoras y cadenas minoristas.

Para México, el desafío tiene una dimensión económica amplia. El agro exportador es un generador relevante de divisas y empleo regional, y opera con márgenes sensibles a variaciones de costos logísticos, tipo de cambio y disponibilidad de personal. Si una empresa se enfrenta a retrasos por falta de trabajadores o a señalamientos por reclutamiento indebido, el impacto puede traducirse en penalizaciones contractuales, pérdida de clientes o fricciones regulatorias, justo cuando el comercio agroalimentario norteamericano busca certidumbre.

Al mismo tiempo, la migración laboral ordenada está ganando terreno como una válvula de ajuste en la región. El programa H-2A de Estados Unidos alcanzó en 2025 un récord de 398,258 posiciones certificadas, reflejando que la agricultura estadounidense no logra cubrir su demanda con trabajadores locales. La mayoría de esos permisos beneficia a ciudadanos mexicanos, lo que presiona la oferta de mano de obra en comunidades rurales de México, en especial durante temporadas de cosecha que coinciden entre ambos países.

Migración temporal: entre la válvula de escape y el desajuste del mercado laboral rural

El aumento de plazas H-2A tiene un doble filo para México. Por un lado, ofrece una vía regular que puede elevar ingresos de hogares rurales mediante remesas y reducir la exposición a rutas irregulares; por otro, extrae trabajadores en edades productivas de zonas donde ya hay dificultades para reclutar personal, elevando costos salariales y rotación en el campo nacional. El fenómeno también tiene implicaciones macroeconómicas: en un contexto de crecimiento moderado, el ingreso por remesas ha sostenido consumo en regiones expulsoras, pero no sustituye la necesidad de productividad y formalización en el empleo agropecuario.

En este entorno, iniciativas de reclutamiento ético buscan convertirse en parte de la infraestructura del comercio. Organizaciones como CIERTO México, vinculada a esfuerzos de articulación entre sociedad civil, empresas y autoridades, han documentado por años que la vulnerabilidad inicia antes de que el jornalero llegue al surco: el fraude, la intermediación abusiva y los cobros por “conseguir trabajo” son factores que la Organización Internacional del Trabajo identifica como detonantes de riesgo de trabajo forzoso. El modelo que promueven traslada costos de reclutamiento, transporte y trámites al empleador y privilegia la transparencia desde la comunidad de origen: salario, duración del contrato, alojamiento y condiciones de trabajo claras y verificables.

La discusión también exhibe cuellos de botella regulatorios. México cuenta con figuras migratorias para contratación de trabajadores de países vecinos, como la Tarjeta de Visitante Trabajador Fronterizo, pero su alcance se concentra en la frontera sur. Para cubrir vacantes en zonas del centro y norte —donde se ubica una parte importante de la agroindustria exportadora— los costos y requisitos aumentan, lo que desincentiva esquemas formales justo donde se requieren con urgencia. El resultado es un incentivo perverso: cuando la vía regular es cara o lenta, crecen los espacios para intermediación opaca.

Desde la perspectiva empresarial, el reclutamiento ético y documentado tiende a dejar de verse como “costo extra” para convertirse en un seguro operativo. En un mercado donde compradores internacionales piden trazabilidad no solo del producto sino del proceso, la evidencia de contratación limpia reduce la probabilidad de interrupciones y fortalece la continuidad del negocio. Para el país, estandarizar prácticas en corredores agrícolas podría ayudar a ordenar el mercado laboral rural, elevar la formalidad y mejorar la productividad por trabajador.

La presión no proviene únicamente de América del Norte. México también firmó en 2026 el Acuerdo Global Modernizado y un acuerdo interino de comercio con la Unión Europea, que incluyen compromisos vinculantes en derechos laborales, protección ambiental y conducta empresarial responsable. Para el agro mexicano, esto amplía el alcance del escrutinio: el acceso a mercados puede depender cada vez más de la capacidad de demostrar debida diligencia laboral a lo largo de la cadena, desde el reclutamiento hasta el transporte y el alojamiento.

De cara a los próximos meses, el sector enfrentará decisiones prácticas: invertir en sistemas de contratación verificable, capacitar a proveedores y supervisores, y construir alianzas con autoridades y organizaciones para ampliar vías regulares de movilidad laboral. En paralelo, la discusión del T-MEC puede empujar a México a fortalecer inspección laboral y mecanismos de cumplimiento, con la tensión habitual entre elevar estándares y no encarecer desproporcionadamente a productores pequeños que operan con menor acceso a financiamiento y tecnología.

En conjunto, la revisión del T-MEC está acelerando un cambio de paradigma: la competitividad agroexportadora de México ya no se juega solo en rendimientos y sanidad, sino en la capacidad de probar que su fuerza laboral fue reclutada con reglas claras, sin coerción y con responsabilidad compartida en la región.