IEPS a combustibles: el costo fiscal de contener precios en 2026 presiona el margen de Hacienda

Hacienda estima una merma recaudatoria de 15,800 millones de pesos en 2026 por estímulos al IEPS de gasolinas y diésel para suavizar alzas.

La política de estímulos al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) aplicado a gasolinas y diésel volverá a ser un factor relevante para las finanzas públicas en 2026. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé dejar de recaudar más de 15,800 millones de pesos por la aplicación de reducciones a dichas cuotas, una estrategia que busca amortiguar incrementos abruptos en los precios al público y, con ello, moderar presiones sobre el costo del transporte y de la producción.

El mecanismo es conocido: cuando se encarecen los energéticos a nivel internacional, el gobierno reduce temporalmente el cobro del IEPS por litro para evitar que el ajuste se traslade con la misma rapidez a las estaciones de servicio. En sentido contrario, cuando el mercado se estabiliza o retrocede, el estímulo puede disminuir o desaparecer, permitiendo a la autoridad fiscal recaudar a tasa completa. Este esquema ha sido utilizado por distintas administraciones como “amortiguador” ante la volatilidad, pero implica un costo directo para el erario.

En 2026, el contexto internacional ha elevado la presión sobre los combustibles. La cotización del crudo repuntó y arrastró al alza referencias globales, lo que se traduce en combustibles más caros en un país que, pese a contar con producción petrolera, sigue dependiendo en buena medida de importaciones de gasolinas y diésel desde Estados Unidos. En ese entorno, Hacienda ha mantenido estímulos por varias semanas consecutivas, con mayor intensidad en el diésel, el combustible clave para el movimiento de mercancías y el transporte público y privado de larga distancia.

El monto que la SHCP calcula dejar de ingresar no es menor al compararlo con otros rubros del gasto: equivale a presupuestos anuales completos de varios programas federales. En términos de política pública, esto ilustra el dilema recurrente: destinar recursos a contener el precio de un insumo transversal a la economía o preservarlos para financiar prioridades sociales y de inversión.

Diésel: el canal más sensible para inflación y actividad

El mayor peso del diésel dentro de los estímulos no es casual. En México, el diésel es un insumo central para la logística: mueve autotransporte de carga, parte importante de la distribución minorista y buena porción del transporte interurbano. Cuando su precio sube, se encarecen fletes y, con rezago, el efecto puede filtrarse a precios de alimentos, bienes manufacturados y servicios. Por eso, la contención del precio del diésel suele tener una lectura macroeconómica: ayuda a moderar presiones inflacionarias de “segunda vuelta”, aunque no elimina el impacto de fondo si el choque energético se prolonga.

La experiencia reciente muestra que la inflación en México tiende a reaccionar a energéticos de forma inmediata en el componente no subyacente, y de forma más gradual cuando esos costos se transmiten a cadenas de suministro. En ese sentido, los estímulos pueden funcionar como un “puente” para evitar picos, pero también pueden retrasar ajustes y concentrar el costo en las finanzas públicas. El equilibrio depende de la duración del shock, del comportamiento del tipo de cambio, y de qué tan competitivo sea el mercado de combustibles en la fase de distribución y venta.

Para Hacienda, el reto es administrar este costo sin comprometer la trayectoria fiscal. El gobierno ha planteado que la recaudación tributaria seguiría mostrando una evolución favorable apoyada en la fortaleza del mercado interno, mayores esfuerzos de fiscalización y ajustes regulatorios en comercio exterior. Aun así, los estímulos al IEPS introducen volatilidad presupuestaria: en un escenario de precios altos del crudo, la merma recaudatoria puede ampliarse, mientras que un escenario de corrección de precios permitiría retirar apoyos y recuperar ingresos.

Además, el impacto de estos estímulos no se distribuye de manera uniforme. Aunque su objetivo declarado es proteger el poder adquisitivo, el beneficio es mayor para quienes consumen más combustible (hogares con automóvil y empresas intensivas en transporte), mientras que para otros segmentos el efecto se percibe indirectamente vía precios de bienes y servicios. Esa asimetría ha mantenido abierto el debate sobre si conviene priorizar apoyos generalizados al consumo de combustibles o medidas más focalizadas para transporte, logística y grupos vulnerables.

Hacia adelante, el margen de maniobra de la política de estímulos dependerá de la combinación entre el entorno petrolero global, la capacidad de refinación y logística doméstica, y la disciplina fiscal. Si la volatilidad persiste, el gobierno enfrentará la decisión de sostener el amortiguador tributario —con costo recaudatorio— o permitir un mayor traspaso a precios, con posibles efectos sobre inflación y actividad.

En perspectiva, los estímulos al IEPS siguen siendo una herramienta rápida para estabilizar precios al consumidor, pero su costo fiscal obliga a evaluar duración, focalización y transparencia del esquema, especialmente en un contexto donde la recaudación y el gasto compiten por recursos limitados.