Arranque del sexenio: crecimiento anémico, peso resistente y deuda en niveles altos

La economía mexicana transita el primer año del gobierno de Claudia Sheinbaum con un desempeño mixto: crecimiento débil en términos agregados y prácticamente nulo por habitante, un tipo de cambio aún competitivo y un esfuerzo de consolidación fiscal que convive con una deuda pública elevada. El entorno internacional —marcado por desaceleración en socios clave y tensiones comerciales— y la revisión del T-MEC prevista para 2026 añaden capas de incertidumbre a un panorama donde el consumo interno ha sido el principal sostén de la actividad, mientras la inversión pública se ajusta.

Las perspectivas de crecimiento para 2025 reflejan esa cautela. La Secretaría de Hacienda estima una expansión cercana a 1.0% apoyada en consumo y construcción en la primera mitad del año, pero con moderación posterior por la debilidad externa. En contraste, instituciones del sector privado, como Banamex, proyectan alrededor de 0.4% y advierten riesgos de contracción parcial tras señales de enfriamiento en indicadores oportunos. En términos per cápita, diversos analistas calculan que México habría acumulado varios años de estancamiento hacia 2026, una racha poco común en décadas y consistente con un avance del PIB insuficiente para elevar de forma sostenida el ingreso promedio.

El peso mexicano se ha mantenido entre las divisas emergentes de mejor desempeño, con una apreciación acumulada cercana al 7% durante el primer año del sexenio y un cierre de septiembre en torno a 18.3 pesos por dólar, pese a episodios de volatilidad por la incertidumbre global. El soporte proviene de tasas reales aún altas, flujos de inversión vinculados al reacomodo de cadenas productivas hacia Norteamérica y una percepción de disciplina fiscal relativa. No obstante, el consenso de mercado anticipa una normalización gradual del tipo de cambio hacia 2026, con cotizaciones más cercanas a 20 pesos por dólar, en línea con fundamentos y diferenciales de tasas menos holgados.

En el frente fiscal, el gobierno ha planteado reducir el déficit —medido por los Requerimientos Financieros del Sector Público— de alrededor de 5.7% del PIB en 2024 a 4.3% en 2025. Aun así, las métricas de deuda permanecerían altas: la deuda neta amplia (SHRFSP) rondaría 52.3% del PIB y la bruta aproximadamente 57%. El saldo por habitante, estimado por especialistas, habría aumentado de cerca de 146,000 a 149,000 pesos en el primer año y podría llegar a 151,000 en 2026. Este nivel acota el espacio fiscal y convive con presiones estructurales como pensiones, apoyos a empresas estatales —en particular Pemex— y compromisos de gasto social, lo que reabre la discusión sobre la necesidad de fortalecer ingresos recurrentes y eficiencias del gasto.

El mercado laboral envía señales encontradas. La tasa de desempleo se mantiene en mínimos históricos cercanos a 3%, pero la participación laboral ha descendido respecto al año previo y la informalidad supera 54% de la población ocupada. En el empleo formal, el acumulado de plazas creadas de enero a agosto se moderó frente a 2024, con episodios de pérdida neta trimestral. La masa salarial formal continúa apoyando el consumo y la recaudación, pero la calidad del empleo, la productividad y la baja densidad de cotización en la seguridad social siguen siendo retos centrales para ampliar el crecimiento potencial.

La inflación, que se moderó desde los picos de 2022, permanece por arriba del objetivo de 3% del Banco de México, lo que ha mantenido la postura monetaria en un terreno restrictivo. Los ajustes de tasas serán graduales y dependerán del comportamiento de los servicios, la resiliencia del mercado laboral y la transmisión de choques externos. En este marco, la combinación de una política monetaria aún apretada y una consolidación fiscal en curso apuntala la estabilidad macro, pero también restringe el impulso de corto plazo.

Hacia adelante, el llamado nearshoring ofrece una oportunidad para elevar inversión y productividad, siempre que se atiendan cuellos de botella: capacidad eléctrica y de transmisión, disponibilidad de agua, infraestructura logística y certidumbre regulatoria. La revisión del T-MEC en 2026 —con potencial foco en energía, reglas de origen automotrices y cumplimiento laboral— será determinante para el dinamismo exportador. Asimismo, la trayectoria de Pemex, la ejecución del gasto en infraestructura y la eventual discusión de una reforma hacendaria definirán el margen de maniobra del proyecto económico.

En síntesis, México llega al segundo año del sexenio con estabilidad financiera y un peso aún sólido, pero con crecimiento moderado y deuda en niveles elevados. El balance de riesgos se inclina a la baja por el frente externo y las limitaciones internas de oferta; las oportunidades, por su parte, dependen de acelerar inversión privada y pública en sectores estratégicos, afianzar el Estado de derecho y anclar reglas claras de largo plazo.

Observación final: el país preserva orden macroeconómico y una moneda resiliente, pero el reto es convertir esa estabilidad en mayor inversión, productividad y empleo formal. Las claves serán la ejecución de la consolidación fiscal sin frenar la capacidad productiva, el manejo de Pemex y la certidumbre para la inversión de cara a la revisión del T-MEC.