El SAT endurece la lupa sobre préstamos entre particulares: qué cambia para quienes piden dinero fuera de la banca
La regulación antilavado obliga a prestamistas no financieros a identificar clientes y reportar operaciones, lo que eleva la trazabilidad de ciertos créditos.
En México, pedir un préstamo ya no es sinónimo de acudir únicamente a la banca tradicional. El mercado se ha diversificado con Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (Sofomes), Sociedades Cooperativas de Ahorro y Préstamo (Socap), Sociedades Financieras Populares (Sofipos), esquemas de descuento vía nómina, e incluso créditos otorgados por particulares o vehículos no financieros. En ese último grupo, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ha reforzado criterios de vigilancia bajo el marco de prevención de lavado de dinero, lo que implica mayores exigencias de identificación, documentación y reporteo para quienes prestan de forma habitual o profesional sin ser una entidad financiera regulada.
La lógica detrás del endurecimiento es financiera y fiscal: cuando el crédito se origina fuera del perímetro de instituciones supervisadas, la autoridad busca mantener trazabilidad sobre el origen y destino de los recursos. En un entorno donde el uso de efectivo persiste en segmentos relevantes, y donde los esquemas informales suelen florecer cuando el crédito bancario se encarece o se vuelve más restrictivo, el control sobre estas operaciones se vuelve una pieza clave de integridad financiera.
De acuerdo con los criterios aplicables a Actividades Vulnerables, el otorgamiento habitual o profesional de mutuos, préstamos o créditos —con o sin garantía— por sujetos distintos a entidades financieras se considera susceptible de ser utilizado para ocultar recursos de procedencia ilícita. Por ello, quienes realizan estas operaciones deben registrarse en el sistema correspondiente del SAT y cumplir con obligaciones de debida diligencia: identificar al cliente, integrar expedientes y conservarlos durante un periodo prolongado, además de presentar avisos cuando la operación supere ciertos umbrales.
En la práctica, esto significa que un prestamista “no financiero” que opera de manera recurrente (por ejemplo, quien presta capital de forma sistemática en su comunidad, un fideicomiso privado que financia proyectos, o una empresa que otorga créditos a terceros fuera de su plantilla) debe documentar formalmente la relación y estar listo para reportar operaciones relevantes. Aunque la carga principal recae en el otorgante del crédito, el efecto indirecto alcanza a los solicitantes: más solicitudes de identificación, mayor necesidad de comprobación y un rastro documental más claro.
La obligación de presentar avisos se activa cuando una operación es igual o superior a 1,605 veces el valor diario de la UMA. Con una UMA de 117.31 pesos para 2026, el umbral de aviso ronda los 188,282.5 pesos. En ese rango, la autoridad espera información suficiente para reconstruir quién participa, cuánto se presta, bajo qué condiciones y con qué evidencia de identidad, lo que reduce el espacio para operaciones opacas.
El incumplimiento no es menor: las sanciones pueden ir desde decenas de miles de pesos hasta montos millonarios, con rangos que escalan según la gravedad, la reincidencia y la omisión total de avisos. En los casos más severos, las multas pueden resultar equivalentes o incluso superiores al valor de la operación, elevando el riesgo de operar en la informalidad para quienes prestan de manera sistemática.
Qué implica para el consumidor en un contexto de crédito más caro
Para los hogares, el tema no se limita a trámites: se inserta en un entorno donde el costo del crédito ha sido sensible al nivel de tasas de interés. Aun con fases de relajamiento monetario cuando ocurren, el traspaso a tasas de consumo suele ser lento y heterogéneo, especialmente en productos no garantizados. En ese escenario, muchas personas buscan alternativas rápidas fuera de la banca o de instituciones reguladas, aceptando condiciones menos transparentes o con mayor exposición a abusos.
La mayor supervisión del SAT sobre prestamistas no financieros tiende a elevar la formalidad de ciertos préstamos, pero también puede tener efectos mixtos: algunos oferentes podrían optar por dejar de prestar para evitar cargas de cumplimiento; otros podrían trasladar costos administrativos al acreditado. Para el consumidor, la recomendación práctica es diferenciar entre crédito regulado (bancos, Sofomes, Socap, Sofipos) y esquemas informales, donde la falta de supervisión puede complicar reclamaciones, aclaraciones de cobros o renegociaciones, además de aumentar el riesgo de suplantación o robo de identidad si se entregan documentos sin controles.
También hay excepciones relevantes: ciertos préstamos dentro de grupos empresariales a empleados, fondeados con recursos de trabajadores y destinados exclusivamente a ellos, así como algunas operaciones de fideicomisos públicos con participación de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Banco de México (Banxico), pueden quedar fuera de los avisos en los términos previstos. Este tipo de matices es importante porque evita frenar mecanismos internos de financiamiento que, bien diseñados, pueden ofrecer tasas más accesibles que alternativas informales.
El trasfondo macro: formalización, recaudación y estabilidad financiera
Más allá del cumplimiento normativo, la vigilancia sobre préstamos no financieros se conecta con objetivos más amplios: ampliar la trazabilidad en la economía, reducir espacios para operaciones con efectivo sin rastro y fortalecer la calidad de la información financiera. En la medida en que más transacciones crediticias de montos relevantes queden documentadas, la autoridad obtiene señales adicionales sobre flujos y riesgos, mientras que el sistema financiero formal compite en mejores condiciones contra esquemas opacos.
Para el país, el reto es equilibrar integridad y acceso. México mantiene un rezago histórico en inclusión financiera frente a economías comparables, y una parte del crecimiento del crédito al consumo ha ocurrido en canales no bancarios. La regulación antilavado, si se implementa con claridad y proporcionalidad, puede ayudar a ordenar el mercado sin asfixiarlo; pero si deriva en costos excesivos para pequeños prestamistas formales o semiformales, podría empujar más actividad a la clandestinidad, justo lo contrario de lo que se busca.
En paralelo, el papel de Banxico como ancla de estabilidad de precios influye en el costo del financiamiento y en la salud de la cartera de consumo. Periodos prolongados de tasas elevadas suelen incrementar el estrés de pagos y la morosidad en segmentos vulnerables, lo que abre espacio para créditos informales con condiciones agresivas. En ese marco, reforzar controles sobre el crédito fuera del sistema regulado funciona como una barrera adicional contra prácticas abusivas y flujos ilícitos, aunque no sustituye políticas de competencia, educación financiera y transparencia de costos.
En síntesis, el endurecimiento de la lupa del SAT sobre préstamos otorgados por sujetos no financieros apunta a elevar la trazabilidad del dinero y cerrar espacios a operaciones irregulares, con efectos directos en la forma en que se documentan ciertos créditos. Para los consumidores, el cambio más visible será una mayor solicitud de identificación y comprobación en operaciones de montos relevantes; para el mercado, el desafío será formalizar sin restringir el acceso a financiamiento legítimo en un entorno de crédito aún sensible a las tasas y al riesgo.