Apoyos a Pemex elevan la presión fiscal en 2025-2026 y redefinen las prioridades del gasto

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) reconoció que el respaldo financiero a Petróleos Mexicanos (Pemex) será una de las principales presiones del gasto público en 2025 y 2026, en un contexto en el que el gobierno busca que la petrolera alcance autosuficiencia financiera hacia 2027. El presupuesto propuesto para Pemex crecería 17% el próximo año, de 464,255 a 517,362 millones de pesos, con el objetivo de atender amortizaciones y mejorar su liquidez.

De acuerdo con el titular de Hacienda, Édgar Amador Zamora, la deuda de la empresa se expandió con fuerza en la década previa: pasó de 43,300 millones de dólares en 2008 a cerca de 105,000 millones en 2019. Casi la mitad de los vencimientos totales recaerán en la administración actual y, de ese monto, 26% corresponde a pagos entre 2025 y 2026. En conjunto, los compromisos de este y el siguiente año suman 25,087 millones de dólares, lo que explica la presión sobre la llamada “línea presupuestal de Pemex”.

El incremento de recursos para la petrolera ocurre mientras los saldos históricos de la deuda del sector público —que incluyen a Pemex— podrían rondar 20 billones de pesos en 2026, el nivel más alto del que se tenga registro. Aunque México mantiene un perfil de deuda moderado frente a pares emergentes, el mayor servicio de la deuda y los apoyos a empresas públicas elevan el costo financiero del gobierno, en un entorno de tasas de interés aún elevadas y volatilidad cambiaria que puede encarecer obligaciones en dólares.

En los últimos años, el apoyo de Hacienda a Pemex combinó inyecciones de liquidez y una menor carga fiscal. En 2023 se autorizaron 145,000 millones de pesos para amortizaciones y capital de trabajo. Además, la tasa del Derecho de Utilidad Compartida —el principal gravamen del sector— se redujo gradualmente de 65% en 2019 a 30% en 2024, aliviando el flujo de caja de la empresa, aunque con efecto en la recaudación federal no petrolera.

El gobierno presentó una Estrategia Integral de Capitalización y Financiamiento como parte del plan 2025-2035, que plantea reducir el saldo de la deuda de Pemex 16.1% respecto a 2019 al cierre de 2025 y 26% hacia 2030. El cumplimiento de estas metas dependerá de la disciplina financiera, del ritmo de producción y de la estabilización operativa del sistema de refinación, incluyendo la rampa de la refinería Olmeca, así como de condiciones de mercado como los precios internacionales del crudo y márgenes de refinación.

Analistas han advertido que la situación de Pemex sigue siendo uno de los principales riesgos fiscales de México. Las agencias calificadoras han subrayado que los pasivos y requerimientos de apoyo de la petrolera son un factor relevante para la perspectiva soberana. Una agenda que combine eficiencia operativa, mayor enfoque en campos rentables, manejo de pasivos ambientales y apertura a esquemas de asociación podría reducir presiones y atraer inversión sin comprometer el control estatal.

El reto se inserta en un marco de consolidación fiscal. Tras un déficit elevado en 2024, Hacienda ha delineado un ajuste para 2025, al tiempo que el país busca capitalizar el nearshoring con más inversión en infraestructura, energía y seguridad. El espacio presupuestal es limitado: mayores transferencias a Pemex pueden desplazar gasto social o de inversión en otros rubros prioritarios. Además, el persistente déficit en la balanza de petrolíferos por las importaciones de combustibles sigue condicionando el balance externo.

En síntesis, el mayor apoyo a Pemex en 2025-2026 fortalece la capacidad de la empresa para enfrentar vencimientos críticos, pero aumenta la tensión sobre las finanzas públicas. La viabilidad de la ruta oficial dependerá de una ejecución rigurosa, de señales claras de mejora operativa y de que la consolidación fiscal avance sin frenar la inversión productiva. El equilibrio entre sanear a Pemex y sostener el crecimiento será el punto a vigilar en los próximos trimestres.