Salario mínimo entra en fase de cautela: avances sociales, presión a costos y el reto de la productividad
En menos de una década, el salario mínimo pasó de ser una referencia meramente administrativa a convertirse en el eje de la política laboral en México. Para 2026, el ingreso base nacional rondaría los 9,582 pesos mensuales tras un aumento de 13%, mientras que en la Zona Libre de la Frontera Norte supera ya los 440 pesos diarios. Economistas como Gerardo Esquivel han subrayado su impacto social: la mejora del salario formal se asocia con la reducción de la pobreza y con un alza sostenida del poder adquisitivo de los hogares con menores ingresos.
El avance, sin embargo, es heterogéneo. En la frontera norte, donde los salarios nominales han crecido con mayor fuerza, el objetivo de cubrir dos canastas básicas se ha cumplido e incluso rebasado, lo que sugiere que nuevos incrementos podrían tener rendimientos decrecientes y mayores riesgos colaterales. Entre estos se encuentran presiones para la creación de empleo formal, un posible traspaso a precios —especialmente en servicios— y una compresión de márgenes en negocios con baja rentabilidad.
La productividad laboral es el principal flanco débil. Tras la recuperación pospandemia, los indicadores de productividad se han estancado cerca de niveles de 2018, mientras la informalidad laboral se mantiene por encima de 55% de la población ocupada. Analistas del sector privado advierten que el salario mínimo ha crecido por encima de la productividad en segmentos de bajo valor agregado, lo que eleva costos unitarios y complica la permanencia de trabajadores en la formalidad, sobre todo en micronegocios con acceso limitado a financiamiento.
Ese encarecimiento no solo afecta a quienes ganan el mínimo. La compresión salarial obliga a ajustar remuneraciones en puestos superiores para mantener escalas internas, elevando el costo total de nómina. En empresas con márgenes estrechos, la respuesta puede incluir recortes, diferimiento de contrataciones o aceleración de la automatización. La inversión en capital —desde software de punto de venta hasta maquinaria— gana tracción cuando el costo relativo del trabajo sube, una dinámica que, sin un impulso paralelo a la capacitación y a la adopción tecnológica en pymes, puede acentuar brechas de productividad.
En el frente de precios, el riesgo se concentra en servicios, donde la inflación subyacente se mantiene por encima de 4.5% y muestra inercia mayor a la de mercancías. Si la brecha entre salarios y productividad continúa ampliándose, el traspaso a precios podría prolongarse, dificultando que la inflación converja de forma sostenida al objetivo. Bajo ese escenario, el Banco de México tendería a preservar una postura monetaria restrictiva por más tiempo, con implicaciones para el crédito y la inversión.
La política salarial seguirá en el centro del debate. La presidenta Claudia Sheinbaum ha reiterado que los aumentos deben mantenerse por encima de la inflación y acercar el ingreso a 2.5 canastas básicas, en un proceso tripartita que involucra a trabajadores, empresas y gobierno. Propuestas de incrementos diferenciados han ganado terreno: organizaciones civiles sugieren alzas mayores en regiones o sectores rezagados y ajustes más acotados donde el objetivo ya se alcanzó, como en la frontera norte. El IMEF ha documentado que el impacto es muy desigual: ramas de baja rentabilidad —agricultura, hospedaje, servicios de alimentos— resienten con mayor fuerza los ajustes, a diferencia de actividades más productivas o intensivas en capital.
La composición del empleo también importa. De acuerdo con estimaciones del sector privado, más de la mitad de los trabajadores formales perciben entre cero y dos salarios mínimos, por lo que cualquier ajuste del umbral incide directamente en contratos, cuotas obrero-patronales y precios de servicios intensivos en mano de obra. La observación de las altas y bajas del IMSS se ha vuelto un termómetro para detectar si las empresas están absorbiendo los incrementos o si recurren a estrategias de contención, incluida mayor rotación o informalidad.
El telón de fondo es un país con oportunidades de inversión derivadas del nearshoring, pero con cuellos de botella que limitan la productividad: infraestructura logística y energética por robustecer, trámites complejos para pymes, y brechas de habilidades. Una ruta de mediano plazo que combine aumentos salariales con políticas de formalización, simplificación regulatoria, financiamiento accesible, capacitación y una mayor inversión en energía y transporte podría elevar la productividad y, con ello, anclar incrementos al salario mínimo sobre bases más sólidas.
En síntesis, el salario mínimo ha sido un motor de mejora social, pero las señales de fatiga sugieren avanzar con mayor precisión: incrementos calibrados por región y sector, acompañados de una agenda pro-productividad. Lo que ocurra en la próxima negociación salarial, la trayectoria de la inflación de servicios, la creación de empleo formal y los avances en inversión y capital humano marcarán el tono de la economía mexicana en 2025 y 2026.
