Moody’s mantiene a México con perspectiva negativa: la seguridad vuelve a pesar en inversión y finanzas públicas
La violencia y su manejo institucional se han convertido en una variable económica: encarece operar, afecta expectativas y puede presionar el gasto público.
La discusión sobre la economía mexicana volvió a cruzarse con un tema que suele quedar fuera de los indicadores tradicionales: la seguridad. Tras el reciente abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, Moody’s colocó el episodio como un parteaguas en la estrategia del gobierno federal y, al mismo tiempo, como un recordatorio de que el riesgo de violencia sigue influyendo en la percepción crediticia del país.
La calificadora mantiene la nota soberana de México en Baa2 con perspectiva negativa y advierte que choques de violencia asociados a operativos pueden elevar la incertidumbre, alterar cadenas de suministro locales y aumentar costos de operación para empresas. Aunque su análisis sugiere que los impactos inmediatos tienden a ser acotados si los hechos se concentran en áreas específicas, el foco se desplaza hacia el efecto estructural: la inseguridad como freno persistente para el crecimiento y como factor que deteriora la calidad institucional.
En la práctica, el costo económico no sólo se refleja en los días perdidos por bloqueos o interrupciones. También se acumula en gastos de vigilancia privada, logística más cara, seguros, rotación de personal y, en el peor de los casos, pagos por extorsión. Ese conjunto de presiones erosiona márgenes, desalienta nuevas inversiones y distorsiona decisiones de localización de plantas, particularmente relevantes en un momento en el que México busca capitalizar la relocalización de cadenas productivas en Norteamérica.
El mensaje de Moody’s llega en un contexto mixto para la economía: por un lado, el país mantiene una base exportadora sólida y un sector manufacturero integrado a las cadenas regionales; por otro, enfrenta un entorno de menor dinamismo global, costos financieros aún elevados frente a años previos y restricciones fiscales más visibles por el incremento de obligaciones de gasto. En ese balance, la seguridad opera como un multiplicador de riesgo: no siempre explica por sí sola el desempeño económico, pero sí puede inclinar expectativas de inversión y el apetito por riesgo país.
Seguridad, calificación y gasto: el canal fiscal del riesgo
Uno de los puntos sensibles que destaca Moody’s es el potencial impacto fiscal de un repunte sostenido de la violencia. Si el gobierno se ve obligado a aumentar el gasto en seguridad —equipamiento, inteligencia, despliegue territorial, fortalecimiento de fiscalías y sistemas penitenciarios—, el espacio para consolidación de finanzas públicas podría reducirse. Para una economía como la mexicana, donde la recaudación como proporción del PIB ha sido históricamente baja frente a pares de la OCDE y donde el costo financiero de la deuda ganó peso tras años de tasas altas, cualquier presión adicional al gasto complica el equilibrio entre disciplina fiscal y demanda social por servicios públicos.
Al mismo tiempo, Moody’s sugiere que mejoras duraderas en seguridad podrían operar en sentido contrario: reducir costos para el sector privado, mejorar el clima de negocios y fortalecer la capacidad del Estado. En términos crediticios, la clave no es un operativo aislado, sino la evidencia de resultados consistentes que disminuyan la incidencia de delitos de alto impacto, contengan la extorsión y reduzcan la infiltración criminal en economías locales. Ese tipo de avances tiende a reflejarse de forma gradual, pero con beneficios acumulativos para productividad y recaudación.
El análisis también incorpora un riesgo emergente: la propagación de desinformación amplificada por herramientas de Inteligencia Artificial durante episodios de violencia. Para los mercados, la velocidad con la que se diseminan narrativas falsas puede elevar la percepción de caos, afectar decisiones de viaje y consumo en el corto plazo y complicar la comunicación oficial en momentos críticos. En una economía donde el turismo, los servicios y la movilidad interna son motores relevantes, la reputación de seguridad puede tener efectos desproporcionados frente a la duración real de un evento.
Otro componente es el frente bilateral con Estados Unidos. Moody’s observa un cambio en la estrategia de la presidenta Claudia Sheinbaum hacia una confrontación más directa contra cárteles, con mayor cooperación e intercambio de inteligencia con Estados Unidos. La lectura económica de esta coordinación no es lineal: puede contribuir a la estabilidad si reduce la violencia, pero también elevar la probabilidad de fricciones políticas si se perciben presiones externas o cambios unilaterales en la agenda de seguridad.
La sensibilidad aumenta por el calendario: la revisión del T-MEC en 2026, así como la organización del Mundial de Futbol que México compartirá con Estados Unidos y Canadá. Ambos eventos colocan el reflector en certidumbre regulatoria, operación logística y seguridad. Para sectores como manufactura exportadora, logística y turismo, cualquier escalamiento que afecte carreteras, puertos o ciudades receptoras puede traducirse en costos adicionales y en una prima de riesgo mayor para proyectos nuevos.
Para el sector privado, el mensaje subyacente es que la ventaja competitiva de México —proximidad a Estados Unidos, red de tratados y capacidad manufacturera— puede verse limitada si el entorno de seguridad eleva costos y reduce previsibilidad. Para el gobierno, el reto es doble: mantener un marco fiscal creíble y, al mismo tiempo, fortalecer capacidades institucionales que incidan en el clima de inversión.
En perspectiva, el reporte de Moody’s apunta a que el mercado no sólo evaluará el dato de crecimiento o el rumbo de la inflación, sino la calidad de gobernanza y la capacidad del Estado para contener riesgos que afectan la actividad económica diaria. Una trayectoria sostenida de mejora en seguridad podría convertirse en un catalizador positivo para inversión y calificación; un deterioro, en cambio, tendería a reflejarse en mayores primas de financiamiento y decisiones de negocio más conservadoras.
En suma, la advertencia de Moody’s refuerza que la seguridad pública ya no es un tema aislado de la economía: influye en costos empresariales, expectativas de inversión, margen fiscal y percepción de riesgo país, especialmente en la relación con Estados Unidos.