Hogares de menores ingresos en México elevan su ingreso pero reducen gasto en educación
Entre 2022 y 2024, los hogares mexicanos registraron un incremento promedio de 10.6% en sus ingresos, llegando al 36.4% para el segmento de la población más vulnerable, de acuerdo con los resultados más recientes de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2024, publicada por el INEGI. No obstante, este aumento en los ingresos no se ha traducido en una mayor inversión en educación por parte de los hogares de menores ingresos; por el contrario, el gasto promedio trimestral en artículos y servicios educativos se redujo 21% en los últimos ocho años, al pasar de 3,673 pesos en 2016 a 2,903 pesos en 2024.
Expertos como Natalia Campos, coordinadora de Sociedad en el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), advierten que la educación se está consolidando como un bien de consumo reservado mayormente para los hogares con mayores recursos. La ENIGH revela una marcada diferencia en la distribución del gasto: mientras el 10% de la población con mayor ingreso destina hasta 20,376 pesos trimestrales a educación, los hogares ubicados en el decil más bajo apenas pueden invertir 2,888 pesos. En términos proporcionales, los hogares más acomodados destinan 8.3% de su gasto total a la educación, contrastando con el 2.6% en los hogares más pobres. Esta brecha se replica en actividades de esparcimiento y turismo, reflejando una persistente desigualdad en el acceso a oportunidades de desarrollo y movilidad social.
El contexto económico obliga a muchas familias de bajos ingresos a priorizar el consumo de bienes esenciales. Según el análisis del IMCO, más del 50% del gasto de los hogares más pobres se destina a alimentos y bebidas. A esto se suma el crecimiento sostenido del gasto en salud: en 2024, los hogares mexicanos invirtieron en promedio 1,605 pesos trimestrales en salud, un aumento del 8% respecto a 2022 y un incremento real superior al 40% respecto a 2018, según cifras de México Evalúa. La insuficiente cobertura y calidad de los servicios públicos de salud ha llevado a que más de un millón de hogares mexicanos enfrenten costos catastróficos en salud, absorbiendo recursos que de otra manera podrían destinarse a educación o bienestar.
Además, aunque ha habido un crecimiento en la entrega de becas educativas, especialmente desde programas federales y estatales, los especialistas indican que estas transferencias no siempre están condicionadas a la compra de materiales o servicios educativos, lo que diluye su efecto directo sobre la mejora del gasto educativo familiar. Así, el estancamiento del gasto público en educación agrava el escenario: según estimaciones de la UNESCO, el presupuesto nacional para educación ha descendido del 4.9% del PIB (17.9% del gasto total del gobierno) en 2016, a apenas 3.2% del PIB —poco más del 12% del gasto público total— programado para 2025.
Las perspectivas para la economía mexicana sugieren que la mejoría en los ingresos de los hogares, aunque positiva, resulta insuficiente para revertir patrones estructurales de desigualdad. Los retos para el mediano plazo incluyen fortalecer el gasto público educativo y de salud, mejorar la distribución y orientación de las transferencias monetarias e implementar políticas que permitan a las familias más vulnerables invertir en la formación y desarrollo de sus integrantes, sentando las bases para una mayor movilidad social y un crecimiento inclusivo.
En suma, si bien los indicadores de ingreso muestran avances, la reasignación del gasto familiar revela que persisten barreras importantes para el acceso equitativo a bienes y servicios clave como la educación y la salud. Sin acciones correctivas contundentes en materia de política social y fiscal, la desigualdad y la baja movilidad social podrían consolidarse como desafíos prioritarios para el país en los próximos años.
