Estancamiento del FASP presiona finanzas estatales en medio de mayor inseguridad

Los recursos federales destinados a los estados para seguridad pública a través del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP) se mantienen prácticamente estancados desde 2010. Tras un repunte real de 4.2% en 2023, en 2024 el crecimiento fue de apenas 0.1% anual y, de enero a septiembre, el avance real fue de 0.0% frente al mismo periodo del año previo, de acuerdo con cifras de la Secretaría de Hacienda. Este bajo dinamismo ocurre en un contexto de alta incidencia delictiva y hechos recientes de violencia, como el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, mientras la federación anunció el Plan Michoacán por la Paz y Justicia con una inversión de 57,000 millones de pesos y el despliegue de más de 10,000 elementos de la Sedena y la Guardia Nacional.

El FASP forma parte del Ramo 33, pero a diferencia de otros fondos, no cuenta con una fórmula automática ligada a la Recaudación Federal Participable; su monto se define año con año por decisión presupuestaria. Para 2026 se prevén 9,951 millones de pesos, apenas 1% más que en 2025 y todavía 29% por debajo del máximo real alcanzado en 2014. En algunos estados, como Michoacán, la proporción de recursos asignados dentro del total del FASP ha disminuido entre 2010 y 2025. La eliminación en 2021 del FORTASEG —el fondo dirigido a los municipios— aumentó la presión sobre las finanzas locales, pues muchos ayuntamientos quedaron con menos margen para fortalecer policías de proximidad.

Por ley, los recursos del FASP están etiquetados para profesionalización de elementos, equipamiento, bases de datos, infraestructura de procuración de justicia y sistema penitenciario. Sin embargo, la incertidumbre anual sobre su crecimiento complica la planeación multianual de capacidades policiales y tecnológicas. Auditorías han señalado rezagos y subejercicios en algunos programas de seguridad, mientras que la inflación y la depreciación cambiaria encarecen equipo especializado e infraestructura, mermando el poder de compra de los estados.

El telón de fondo es fiscal. En los últimos años, el gasto social y proyectos de infraestructura insignia han absorbido mayores recursos, al tiempo que rubros inerciales como pensiones y costo financiero restringen los espacios del presupuesto. Con una plataforma petrolera moderada y una base recaudatoria estrecha, la federación busca equilibrio entre inversión, apoyos sociales y estabilización fiscal. Para los estados, el reto es mayor: en promedio, más de 80% de sus ingresos provienen de transferencias federales, con baja recaudación propia en predial y tenencia, lo que limita su capacidad para compensar recortes o estancamientos en fondos etiquetados.

La seguridad pública se ha convertido en una variable económica crítica. El incremento de la victimización de 30,535 a 34,918 delitos por cada 100,000 habitantes entre 2010 y 2024, según la ENVIPE, convive con brechas regionales: entidades como Querétaro, Puebla, Estado de México, Colima, Morelos, Ciudad de México, Tlaxcala, Michoacán, San Luis Potosí y Chiapas registran mayores alzas, mientras que Aguascalientes, Chihuahua, Sonora, Nayarit, Coahuila, Guerrero, Baja California, Yucatán, Sinaloa y Nuevo León muestran descensos. La percepción de inseguridad en los municipios también aumentó, de 60.3% en 2011 a 64.7% en 2025. Estos indicadores inciden en costos operativos, logística y decisiones de inversión, especialmente en corredores de manufactura y exportación vinculados al nearshoring.

Hacia adelante, especialistas plantean al menos tres ejes: establecer reglas claras y multianuales para el FASP que den certidumbre a la planeación estatal; reconstruir capacidades municipales tras la desaparición del FORTASEG, con estándares de profesionalización y evaluación; y mejorar la eficiencia del gasto mediante compras consolidadas, tecnologías interoperables y métricas de desempeño. En paralelo, una agenda de fortalecimiento hacendario subnacional —mejor predial, actualización de catastros y cooperación fiscal— podría incrementar márgenes locales sin frenar la actividad económica. La coordinación con la Guardia Nacional y la articulación con la agenda industrial y de infraestructura son clave para aprovechar inversiones y reducir riesgos.

En suma, el congelamiento relativo del FASP se cruza con mayores exigencias de seguridad y con finanzas públicas tensas. Sin una ruta que combine reglas presupuestarias predecibles, fortalecimiento municipal y evaluación de resultados, la brecha entre necesidades y recursos podría ampliarse, con costos para la inversión y el crecimiento regional.

Observación final: la seguridad es ya un determinante económico. Blindar financieramente su atención —con reglas claras, prioridad operativa y mejor recaudación local— será decisivo para sostener la inversión y el empleo en los estados, sin comprometer la estabilidad fiscal.