Pensión del Bienestar: menor cobertura en el sur, mayor peso en el ingreso familiar, según Banxico

Banxico estima que la pensión llega a menos adultos mayores en el sur, pero ahí aporta más al ingreso del hogar y puede reducir la búsqueda de empleo formal.

La Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores —un apoyo federal para población de 65 años y más— muestra diferencias regionales relevantes: en el sur del país tiene menor cobertura relativa, pero su aportación al ingreso de los hogares es mayor que en otras zonas. Así lo documentó un análisis del Banco de México (Banxico), que también identificó efectos sobre la participación laboral y el empleo afiliado al IMSS.

De acuerdo con el reporte “Heterogeneidad regional en las transferencias de pensiones no contributivas, y efectos sobre el empleo afiliado al IMSS”, la región norte concentra la mayor proporción de personas elegibles que reciben el depósito bimestral de 6,400 pesos: 95.2%. En contraste, en el sur la proporción baja a 82.4%. En la región Centro-Norte el indicador se ubicó en 92.5% y en la zona Centro en 87.6%, con estimaciones basadas en promedios regionales de población de 65 años o más captados por la ENOE en 2025.

Para Banxico, estas brechas reflejan que, bajo el diseño operativo actual, todavía existe margen para ampliar el alcance del programa entre adultos mayores, especialmente en entidades con mayores rezagos administrativos, financieros o de acceso a infraestructura bancaria. En un país con alta heterogeneidad territorial, la cobertura no sólo depende de la elegibilidad demográfica, sino también de la capacidad de registro, la dispersión geográfica y la conectividad de servicios.

La lectura económica detrás del dato es doble: donde el programa llega más, su efecto marginal puede ser menor; y donde llega menos, puede ser decisivo para el bienestar de los hogares. Con una población que envejece gradualmente y con presiones crecientes sobre el gasto social, la distribución territorial del beneficio se vuelve un elemento clave de política pública.

Más peso en el sur: la transferencia como “ancla” del ingreso

El estudio de Banxico estima que, una vez recibida, la pensión representa en el sur 7.3% del ingreso de los hogares, frente a 4.1% en el norte. En el Centro-Norte aporta 5.4% y en el Centro 5.1%, con cálculos basados en la ENIGH 2024. La diferencia sugiere que en las regiones con menor ingreso laboral promedio y mayor informalidad, la transferencia pública adquiere un papel proporcionalmente más importante para cubrir consumo básico, gastos médicos y apoyos familiares.

Este contraste es consistente con la estructura económica regional: el norte suele mostrar mayor integración manufacturera y exportadora, así como una base salarial más alta; mientras que en buena parte del sur persisten menores niveles de productividad, mayor dispersión rural y mercados laborales con alta informalidad. En ese contexto, una transferencia no contributiva funciona como un amortiguador ante shocks —por ejemplo, alzas en alimentos o medicamentos— y puede suavizar la volatilidad de ingresos en hogares multigeneracionales.

Impacto en el trabajo: menos búsqueda de empleo entre beneficiarios

Más allá del ingreso, Banxico apunta que el programa puede modificar decisiones laborales. En su análisis, los beneficiarios muestran mayor probabilidad de no buscar empleo en comparación con personas similares que no reciben el apoyo. En términos agregados, las transferencias tienden a elevar el empleo en grupos de edad no beneficiarios, pero a reducirlo entre quienes sí reciben la pensión, lo que sugiere un efecto moderado tanto por el lado de la oferta como de la demanda laboral.

La interpretación no es necesariamente negativa: para hogares con restricciones de salud o cuidado, el ingreso garantizado puede permitir a las personas mayores reducir su carga laboral, especialmente en ocupaciones informales de baja remuneración. Sin embargo, también plantea preguntas sobre la interacción con el empleo formal afiliado al IMSS y sobre cómo diseñar incentivos para que la protección social no se traduzca en desincentivos indeseados, particularmente en un entorno donde la informalidad sigue siendo elevada.

Implicaciones fiscales y operativas en un país que envejece

El gobierno federal ha señalado que alrededor de 13.6 millones de personas acceden al programa, lo que lo convierte en uno de los pilares del gasto social. En el corto plazo, su magnitud lo hace relevante para el consumo interno, sobre todo en localidades donde la derrama de transferencias eleva la demanda de bienes básicos. En el mediano plazo, el reto se concentra en la sostenibilidad y en la eficacia del gasto: ampliar cobertura en zonas rezagadas implica mejorar padrones, mecanismos de pago y acceso financiero; mientras que el envejecimiento poblacional presiona el crecimiento del costo del programa.

En un entorno macroeconómico donde el balance entre disciplina fiscal y prioridades sociales es tema recurrente, las evaluaciones sobre focalización, cobertura efectiva y efectos colaterales —como el impacto en la participación laboral— suelen ganar peso en la discusión presupuestaria. También es previsible que el debate se cruce con la necesidad de fortalecer el empleo formal y la recaudación, para sostener programas de transferencias sin comprometer la estabilidad.

En conjunto, la evidencia de Banxico retrata un programa con efectos distributivos claros: su cobertura es mayor en el norte, pero su importancia relativa en el ingreso se amplifica en el sur, donde el nivel de vida depende más de apoyos públicos. Hacia adelante, la discusión se concentrará en cómo cerrar brechas de acceso, mejorar la operación y evaluar impactos laborales sin desvirtuar el objetivo de protección a la vejez.