Recortes al gasto público impactan programas sociales, educación e infraestructura en México

En un esfuerzo por reducir el déficit fiscal al cierre del año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha aplicado recortes significativos en el gasto programable durante el primer semestre de 2024, afectando principalmente a programas sociales gestionados por la Secretaría del Bienestar, a la Secretaría de Educación Pública (SEP), así como a inversiones y suministros en Petróleos Mexicanos (Pemex). Esta medida busca compensar la caída en los ingresos petroleros y una recaudación tributaria variable, marcada por un desempeño por debajo de lo previsto en el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).

Las cifras oficiales reportan que de enero a junio, el recorte total al gasto público sumó casi 287 mil millones de pesos, siendo más del 97% de esta cifra correspondiente a gasto programable. Entre los sectores más afectados se encuentran la educación, con una reducción de 27,853 millones de pesos respecto a lo aprobado, y programas sociales clave como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Sembrando Vida y apoyos a personas con discapacidad, con un ajuste a la baja de poco más de 40,900 millones de pesos.

En el ámbito energético, Pemex ha experimentado una merma significativa en recursos destinados a infraestructura, servicios generales y adquisición de materiales, contexto que responde a la necesidad de hacer frente a menores precios internacionales del petróleo y a un entorno de financiamiento más restringido. De igual forma, la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) recortó recursos originalmente asignados a desarrollo ferroviario y a proyectos de modernización y rehabilitación de carreteras.

De acuerdo con especialistas como José Luis Clavellina, del Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP), este tipo de ajustes, aunque buscan estabilizar las finanzas públicas, pueden tener efectos adversos tanto en el crecimiento económico como en la calidad de los servicios públicos, al reducir la disponibilidad de bienes y servicios esenciales para la población. A la par, estos recortes suelen verse reflejados en menor dinamismo local e incluso en la percepción social sobre el cumplimiento de las promesas gubernamentales.

Por otro lado, algunos rubros han recibido recursos adicionales, entre ellos el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Secretaría de Gobernación y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). En el IMSS, el incremento se explica por la mayor demanda de pensiones, reflejo del envejecimiento poblacional y de las presiones crecientes sobre el sistema de seguridad social. Mientras tanto, la SHCP ha destinado más presupuesto al control aduanero y a la gestión de servicios migratorios, áreas estratégicas ante el aumento de los flujos migratorios y la necesidad de robustecer la recaudación fiscal.

La política fiscal restrictiva adoptada por el gobierno mexicano se enmarca en un contexto internacional desafiante, caracterizado por la volatilidad de los mercados energéticos, menor dinamismo de la economía global y una mayor presión sobre los ingresos públicos. En este sentido, para el próximo año se prevé la implementación de reformas que buscan mejorar la eficiencia recaudatoria, especialmente en aduanas, así como ajustes en el diseño y aplicación de políticas económicas que permitan mantener el equilibrio fiscal sin descuidar las necesidades básicas de la población.

En síntesis, los ajustes al gasto reflejan el reto de conciliar el objetivo de disciplina fiscal con la demanda social de servicios y bienestar. Si bien la medida apunta a sanear las finanzas públicas mexicanas, será clave monitorear su impacto en la economía real y en el bienestar de los sectores más vulnerables, especialmente en un contexto de desaceleración económica y desafíos estructurales persistentes.

De cara al futuro, la capacidad del gobierno para balancear prioridades financieras y sociales será determinante para evitar afectaciones sustantivas en sectores clave y sentar las bases de una recuperación sostenible. Mantener la vigilancia sobre el ejercicio del gasto y los ingresos será crucial para garantizar no solo la estabilidad macroeconómica, sino también el desarrollo incluyente.