México, ante el reto de eliminar barreras comerciales en acuerdo con Estados Unidos

El reciente compromiso del gobierno mexicano para retirar diversas barreras comerciales no arancelarias, como parte de una negociación con la administración estadounidense, ha puesto en el centro del debate la capacidad real de México para responder a las exigencias de su principal socio comercial. El acuerdo, logrado durante pláticas con el expresidente Donald Trump, ofrece una tregua de 90 días para evitar el aumento de aranceles a productos mexicanos del 25% al 30%, una medida que Estados Unidos considera dentro de su estrategia para combatir el tráfico de fentanilo.

Sin embargo, especialistas advierten que la amplitud del compromiso —definido como la eliminación de "numerosas" barreras— y la falta de precisiones sobre cuáles serían retiradas de inmediato, aumentan la incertidumbre sobre la viabilidad de cumplir en tiempo y forma con las expectativas estadounidenses. Voces como la de César Remis, exjefe de la Oficina del T-MEC, y Roberto Zapata, exrepresentante mexicano ante la OMC, destacan que sin una clara delimitación, podrían utilizarse como referencia los reportes de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), que identifican puntos conflictivos como el maíz genéticamente modificado, restricciones en el sector energético y prácticas regulatorias diversas.

El sector energético emerge como uno de los principales focos de tensión. Desde la administración de Andrés Manuel López Obrador, el fortalecimiento de empresas estatales como Pemex y la CFE provocó reformas que otorgan preferencia en la generación eléctrica y en la provisión de combustibles, desplazando la inversión privada y generando disputas pendientes bajo los mecanismos del T-MEC. Esta orientación ha creado retrasos en permisos y nuevas reglas de competencia, afectando también la percepción de certidumbre jurídica para los inversionistas extranjeros.

En el ámbito minero, la reforma aprobada en 2023 elevó los requisitos para mantener concesiones, dificultó la obtención de nuevos títulos y añadió mecanismos comunitarios de consulta. Estas acciones, vistas en Estados Unidos como trabas discrecionales y regulaciones opacas, han complicado la inversión en un sector estratégico para ambos países.

El sector salud también enfrenta presiones relevantes. Las demoras en el otorgamiento de registros sanitarios de dispositivos médicos y medicamentos por parte de Cofepris han creado cuellos de botella que, según la industria, atrasan la disponibilidad de innovaciones y afectan los flujos comerciales. Además, los retrasos regulatorios han sido destacados por la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF) como un obstáculo para que México se consolide como líder regional en innovación y provisión de insumos médicos.

En agricultura, la regulación sobre productos como el glifosato y los organismos genéticamente modificados, especialmente el maíz, continúa siendo causa de fricción bilateral. A pesar de recientes avances tras controversias ganadas por Estados Unidos en el marco del T-MEC, México mantiene restricciones que afectan a exportadores estadounidenses y que son seguidas de cerca por las autoridades comerciales de ese país.

En otras áreas estratégicas, como el comercio digital y aduanero, persisten desafíos logísticos y normativos que dificultan el flujo eficiente de mercancías, en particular para pequeñas y medianas empresas y los envíos exprés. Las diferencias técnicas en procedimientos aduanales, junto con barreras regulatorias en telecomunicaciones y servicios digitales, también han sido señaladas como pendientes dentro del proceso de liberalización comercial que ambos países persiguen.

El sector de los seguros tampoco se ha librado del escrutinio. La interpretación retroactiva de la autoridad tributaria sobre el IVA en reclamaciones desde 2015, genera inquietudes sobre la viabilidad de las aseguradoras y la certidumbre para la inversión en este rubro.

Este mosaico de retos ilustra la complejidad de la negociación y la presión sobre el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum. A tres meses de la prórroga, la administración mexicana enfrenta una tarea que va más allá de la política coyuntural: definir un equilibrio entre las demandas externas, la soberanía regulatoria y las necesidades económicas nacionales. La resolución de estos temas será clave para fortalecer la relación bilateral y garantizar la estabilidad de las cadenas productivas que vinculan a México con América del Norte.

En suma, cumplir con la eliminación de barreras no arancelarias representa para México un desafío estructural de gran alcance. La capacidad de respuesta, transparencia y celeridad en la adaptación normativa serán factores determinantes para mantener el acceso privilegiado al mercado estadounidense y mitigar los riesgos de medidas proteccionistas inéditas en las últimas décadas.