Debate fiscal: refrescos y tabaco reportan tasas efectivas de ISR por debajo de las de muchos asalariados
Las compañías ligadas a la producción y comercialización de bebidas azucaradas y tabaco registran tasas efectivas de Impuesto Sobre la Renta (ISR) cercanas a 4%, por debajo de los rangos que enfrenta una parte relevante de los trabajadores formales (entre 7% y 11.5%), de acuerdo con cálculos de organizaciones civiles con base en información del Servicio de Administración Tributaria (SAT). En particular, los datos sectoriales más recientes del SAT apuntan a una tasa efectiva de 3.33% para el comercio al por mayor de cigarros y tabaco, y de 4.81% para empresas de refrescos y bebidas con azúcar o edulcorantes.
El tema cobra fuerza mientras el Congreso discute incrementos a las cuotas del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) para productos considerados no saludables. La Cámara de Diputados ya aprobó el ajuste y esta semana se prevé su análisis y votación en el Senado, en el marco del Paquete Económico 2026. La Secretaría de Hacienda proyecta que el cambio elevaría la recaudación y desincentivaría el consumo; sin embargo, organizaciones como Fundar, CIEP y El Poder del Consumidor sostienen que los gravámenes aún quedan por debajo de recomendaciones internacionales y piden revisar el trato del ISR a estas industrias.
La tasa efectiva de ISR se calcula sobre las utilidades después de deducciones y exenciones. Bajo la legislación vigente, diversos pagos pueden deducirse como gastos necesarios para generar ingresos, entre ellos derechos por el uso de agua, contribuciones locales (como predial, tenencia o nómina), gastos de electricidad, publicidad y aportaciones de seguridad social. Para las llamadas industrias no saludables, estos conceptos reducen la base gravable del ISR. El punto más controvertido es la deducción de derechos por agua, en un país que enfrenta episodios de sequía y retos de disponibilidad hídrica en zonas con alta concentración industrial.
El debate fiscal también tiene un telón de fondo estructural: México mantiene una recaudación tributaria como porcentaje del PIB por debajo del promedio de la OCDE. Con presiones de gasto en seguridad, salud, infraestructura hídrica y energética —y ante la necesidad de aprovechar el nearshoring sin agravar cuellos de botella—, Hacienda busca ingresos adicionales sin frenar la inversión. En ese contexto, limitar ciertas deducciones, aplicar sobrecargos de ISR a actividades con costos sociales o robustecer el IEPS aparecen como vías posibles, aunque con riesgos de efectos colaterales.
En materia de cumplimiento, el Paquete Económico 2026 incluye medidas para cerrar espacios a la facturación falsa, como la prisión preventiva para emisores de comprobantes apócrifos y la cancelación de sellos digitales a quienes los utilicen. El SAT ha reforzado desde años recientes su fiscalización a grandes contribuyentes y el combate a esquemas de simulación, lo que ha dejado ingresos adicionales sin necesidad de cambios extensivos en tasas nominales, pero la autoridad reconoce que persisten prácticas de evasión y elusión que requieren respuesta constante.
Si el IEPS se incrementa por encima de la indexación inflacionaria, es probable que parte del ajuste se traslade a precios de refrescos y cigarrillos, con un impacto acotado pero perceptible en el índice de precios de alimentos, bebidas y tabaco. El traspaso podría ser parcial por estrategias comerciales y competencia en anaquel. Banxico suele distinguir estos choques tributarios de los inflacionarios de demanda, pero monitorea su efecto de segunda ronda. En paralelo, la evidencia internacional asocia mayores precios relativos con menor consumo de productos dañinos para la salud.
En salud pública, México enfrenta prevalencias elevadas de obesidad y diabetes, y los impuestos a bebidas azucaradas han mostrado efectos moderados en la reducción de compras. Especialistas proponen acompañar los gravámenes con políticas de acceso a agua potable, etiquetado claro, regulación de publicidad dirigida a niñas y niños, y mayor financiamiento a prevención. Hoy, los ingresos del IEPS no están etiquetados de manera rígida a estos fines, por lo que algunos colectivos plantean una asignación más explícita hacia infraestructura hídrica y programas de salud.
La industria, por su parte, argumenta que ya soporta cargas significativas vía IEPS, genera empleo y cadenas de valor, y que restringir deducciones legítimas encarecería operaciones e inversión. En el caso del tabaco, advierte sobre el riesgo de impulsar el comercio ilícito ante aumentos abruptos de precios. El sector pide certidumbre regulatoria y reglas claras para la deducibilidad de costos productivos, incluyendo derechos por insumos como el agua.
De aprobarse en el Senado, los ajustes entrarían en vigor a partir de enero, dando poco margen a las empresas para recalibrar precios y presupuestos. La autoridad fiscal prevé publicar nuevas referencias de tasas efectivas por sector, herramienta que seguirá alimentando el debate sobre equidad tributaria. Hacia adelante, la discusión sobre deducciones, fiscalización y el balance entre recaudación, salud pública y competitividad marcará la agenda fiscal en un contexto de consolidación gradual de las finanzas públicas.
En síntesis, el contraste entre bajas tasas efectivas de ISR en refrescos y tabaco y mayores cargas para asalariados reaviva la discusión sobre cómo recaudar mejor. El desenlace dependerá del diseño final de los incrementos al IEPS, de los límites a deducciones y de la capacidad del SAT para cerrar espacios de evasión, con efectos potenciales en precios, salud y la sostenibilidad de los ingresos públicos.
