Visas laborales más costosas en Estados Unidos reordenan la atracción de talento y abren oportunidad para México

La decisión reciente de Washington de imponer un cargo de 100,000 dólares por cada nueva contratación bajo la visa H‑1B para trabajadores altamente calificados reconfigura el mercado de talento en Norteamérica. Aunque el golpe más directo se anticipa en el sector tecnológico y financiero de Estados Unidos, el ajuste tiene ramificaciones para México: desde un potencial redireccionamiento de inversiones en servicios hasta cambios en las rutas de movilidad laboral de profesionistas mexicanos.

La H‑1B ha sido el vehículo para nutrir a Wall Street y a las grandes tecnológicas con ingenieros de software, analistas cuantitativos y científicos de datos. Con el nuevo costo, diversos analistas anticipan que más corporativos de servicios financieros y tecnología valorarán expandir “capability centers” o equipos satélite en México —particularmente en Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey— para atender al mercado estadounidense sin depender de visas. La proximidad geográfica, la zona horaria y un ecosistema de talento bilingüe son ventajas crecientes frente a alternativas en Asia o Europa del Este.

Para la economía mexicana, este viraje podría acelerar una segunda ola de nearshoring: no solo de manufactura, sino de servicios profesionales exportables (desarrollo de software, ciberseguridad, analítica avanzada y operaciones de back y middle office financieros). De concretarse, apoyaría la creación de empleo formal de alta calificación y salarios por arriba del promedio, aunque también presionaría la disponibilidad de ingenieros y especialistas en datos, elevando la competencia entre bancos, fintechs, consultoras y grandes manufactureras que ya compiten por el mismo talento.

México llega a este punto con vientos a favor y retos evidentes. La inversión ligada al T‑MEC ha impulsado nuevas plantas y centros de servicios, y el país ha consolidado hubs tecnológicos en Jalisco y Nuevo León. Sin embargo, la profundidad del capital humano en STEM, la pertinencia de la formación universitaria y la certificación en idiomas siguen siendo cuellos de botella. El fortalecimiento de programas de educación dual, bootcamps especializados y alianzas empresa‑academia será clave para capturar de manera sostenida esta demanda externa.

En el frente macro, una mayor exportación de servicios podría diversificar las fuentes de divisas —hoy dominadas por manufacturas y remesas—, al tiempo que el tipo de cambio y el nivel de tasas de interés continúan condicionando los costos locales. Un peso apreciado encarece servicios en dólares y exige ganancias de productividad; tasas todavía elevadas encarecen la expansión de empresas. Aun así, la estabilidad financiera y el tamaño del mercado interno mantienen a México como una plataforma atractiva para operaciones regionales.

El sistema financiero local también puede verse beneficiado. Bancos y casas de bolsa con operaciones regionales podrían repatriar o ampliar funciones cuantitativas, de gestión de riesgos y de cumplimiento desde México. Ello exigirá robustecer capacidades en ciberseguridad, continuidad operativa y cumplimiento normativo, bajo la supervisión de la CNBV y alineado con estándares internacionales sobre manejo transfronterizo de datos. La infraestructura —energía confiable, conectividad y espacios de oficinas modernos— será otro factor determinante para que la tendencia se materialice en empleo y productividad.

Para los profesionistas mexicanos, el encarecimiento de la H‑1B puede cambiar el cálculo costo‑beneficio de migrar a Estados Unidos. Algunos perfiles optarían por oportunidades remotas o presenciales en México con salarios más competitivos en dólares o en pesos, mientras que otros podrían considerar destinos alternativos con rutas migratorias más accesibles, como Canadá. El impacto en remesas sería marginal, dado que los trabajadores H‑1B de origen mexicano son una fracción pequeña frente al total de migrantes; el efecto relevante estaría en la retención de capital humano calificado en el país.

Empresas estadounidenses enfrentan ahora una disyuntiva: pagar el nuevo cargo por visa, automatizar procesos, o relocalizar funciones. Para México, la ventana de oportunidad es real pero no automática. Competidores en América Latina —como Costa Rica, Colombia y Chile— también buscan atraer centros de servicios con incentivos, talento y marcos regulatorios ágiles. La rapidez para reducir trámites, facilitar la contratación internacional, asegurar el respeto a la propiedad intelectual y garantizar condiciones de seguridad y estado de derecho será decisiva.

En última instancia, el alcance de este reacomodo dependerá de la permanencia de la nueva política de visas en Estados Unidos y de eventuales litigios o ajustes regulatorios. Si se mantiene, México podría capitalizar una porción del desplazamiento de demanda por talento calificado; si se revierte o suaviza, el impulso sería más acotado. En cualquier escenario, profundizar la agenda de productividad —capital humano, infraestructura y certidumbre regulatoria— es condición para transformar oportunidades coyunturales en ganancias duraderas.

En síntesis, el encarecimiento de la H‑1B puede reordenar cadenas de valor de servicios y abrir espacio a México en finanzas y tecnología. La oportunidad exige acelerar formación de talento, fortalecer infraestructura y normativas, y competir con agilidad frente a otros destinos. El potencial es tangible, pero su materialización dependerá de ejecución y consistencia de políticas públicas y corporativas.