Gobierno y sector financiero afinan nueva política de inclusión para atraer ahorro de trabajadores informales

El gobierno federal, junto con la banca y las Afores, prepara una nueva Política Nacional de Inclusión Financiera orientada a incrementar la apertura de cuentas y el ahorro voluntario, con foco en la población que trabaja fuera de la formalidad. De acuerdo con representantes del sector, el documento se presentaría a finales de noviembre e integrará medidas para facilitar el acceso a cuentas individuales de retiro y ampliar los canales digitales de ahorro.

Desde la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) se adelanta que la estrategia buscará sumar a trabajadores agrícolas y a más mujeres, dos grupos donde las barreras de entrada siguen siendo altas. La vicepresidente de vinculación de la Amafore, Mari Nieves Lanzagorta, explicó que se están diseñando esquemas para impulsar el ahorro voluntario, en particular entre quienes laboran por cuenta propia o bajo modalidades sin seguridad social, con el fin de que más personas acumulen recursos para su vejez.

La radiografía actual muestra avances y retos. Según la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera 2024, 76.5% de los adultos en México posee al menos un producto financiero; sin embargo, 54.5% de los trabajadores se desempeña en la informalidad, lo que reduce la cobertura de ahorro para el retiro. Un análisis de Vanguard y México, ¿Cómo Vamos? identifica al menos cuatro modalidades de informalidad —negocios en el hogar, trabajo por honorarios, actividades agropecuarias y labores domésticas no remuneradas— y calcula que tan solo el universo de profesionistas por honorarios, estimado en 3.4 millones, tendría un potencial de ahorro mensual de 1,677 millones de pesos.

La hoja de ruta contempla profundizar el uso de herramientas digitales para facilitar aportaciones de bajo monto, con mayor frecuencia y sin fricciones, aprovechando la expansión de smartphones, corresponsales bancarios y transferencias inmediatas. Al mismo tiempo, el sector reconoce desafíos persistentes: brechas de conectividad en zonas rurales, trámites de identificación que siguen siendo complejos para ciertos grupos, baja educación financiera en segmentos específicos y la necesidad de robustecer la protección al consumidor ante fraudes y ciberataques.

En el frente institucional, el Consejo Nacional de Inclusión Financiera —integrado por Hacienda, SEP, CNBV, Banxico, Condusef, CNSF, Consar e IPAB— coordinará la estrategia. La Asociación de Bancos de México anticipó que habrá contenidos de educación financiera desde las aulas de la SEP y que presentará avances en la Convención Bancaria de marzo de 2026. Estos esfuerzos se suman a la reforma de pensiones de 2020, que elevó gradualmente las aportaciones patronales y que, junto con la reducción de comisiones de las Afores en años recientes, busca mejorar las pensiones futuras.

El entorno macroeconómico ofrece oportunidades y cautelas. Con la inflación desacelerándose desde los picos de 2022-2023 y una política monetaria aún restrictiva, las tasas reales positivas podrían incentivar el ahorro formal, aunque el costo del crédito sigue presionando a hogares y microempresas. La entrada de remesas continúa siendo un soporte clave del ingreso de los hogares, y la relocalización de inversión manufacturera abre la puerta a mayor formalización en ciertas regiones; pese a ello, la informalidad se mantiene elevada en servicios y actividades rurales, donde la presencia bancaria y la infraestructura digital son más limitadas.

Para que la nueva política se traduzca en resultados, especialistas señalan la importancia de simplificar la apertura de cuentas con identidad digital y biométricos, promover interoperabilidad entre bancos, Afores y fintech, y habilitar aportaciones voluntarias desde múltiples puntos —cajeros, corresponsales, aplicaciones y programas sociales— con comisiones bajas y reglas claras. La medición de impacto deberá incluir no solo el número de cuentas activas, sino también saldos, frecuencia de aportación y reducción de brechas por género, región y nivel educativo.

En el campo, la inclusión financiera de mujeres y trabajadores agrícolas exigirá soluciones a la medida: esquemas de ahorro flexibles para ingresos estacionales, módulos itinerantes de atención, contenidos de educación financiera en lenguas indígenas y alianzas con organizaciones locales. La participación de gobiernos estatales y municipales será clave para escalar pilotos y mejorar la infraestructura de pagos en localidades apartadas.

En síntesis, el plan busca cerrar la brecha entre el avance digital del sistema financiero y la realidad de más de la mitad de la fuerza laboral que opera en la informalidad. Si la ejecución logra combinar simplicidad operativa, protección al usuario y estímulos adecuados, podría elevar el ahorro de largo plazo y fortalecer el mercado interno; el reto radica en convertir los anuncios en servicios accesibles, confiables y usados de manera sostenida.