Diputados avalan PEF 2026 con reasignaciones; más presupuesto para educación, ciencia y medio ambiente
Tras una maratónica sesión en el pleno, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2026, con una bolsa total de 10.193 billones de pesos y reasignaciones por 17,788 millones. El dictamen fue respaldado por 355 votos a favor y 132 en contra, y se avaló nueve días antes del plazo legal. El paquete prevé un crecimiento económico de entre 1.8% y 2.8% para 2026 y contempla un déficit de 1.3 billones de pesos, en línea con una trayectoria de consolidación gradual tras el impulso fiscal observado en los años previos.
Los cambios aprobados reorientan recursos hacia sectores sociales y productivos. La Secretaría de Educación Pública recibirá 10,842.6 millones de pesos adicionales; Medio Ambiente y Recursos Naturales, 1,500 millones; Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, 2,500 millones; Cultura, 1,985.5 millones; Agricultura y Desarrollo Rural, 641 millones, y Trabajo y Previsión Social, 319 millones. Parte del énfasis programático —de acuerdo con la exposición de motivos— busca apuntalar salud, educación, ciencia y protección ambiental, rubros asociados a bienestar social y a capacidades de largo plazo.
Las reasignaciones provienen de recortes a ramos autónomos por 17,788.1 millones de pesos: Poder Judicial (-15,805 millones), Instituto Nacional Electoral (-1,000 millones), Fiscalía General de la República (-933 millones) y Comisión Nacional de los Derechos Humanos (-50 millones). Estos ajustes mantienen un debate abierto sobre el equilibrio entre disciplina presupuestaria y suficiencia operativa de los órganos autónomos, que en años recientes han recurrido a herramientas legales para impugnar reducciones cuando consideran que afectan su autonomía o el cumplimiento de sus funciones.
Desde una óptica macroeconómica, el presupuesto crece 5.9% real respecto a 2025 y se apoya en supuestos de actividad moderada y estabilidad de precios. En el frente fiscal persisten presiones estructurales —costo financiero de la deuda, pensiones y apoyos al sector energético—, por lo que la ejecución será determinante para sostener la consolidación sin comprometer la inversión pública ni el gasto social. El desempeño de los ingresos dependerá de la recaudación no petrolera, la eficiencia tributaria y la evolución de los precios del crudo, mientras que un entorno de tasas de interés en descenso podría aliviar el costo de financiamiento si la inflación continúa convergiendo al objetivo de Banco de México.
En términos sectoriales, el refuerzo a educación puede traducirse en mantenimiento y ampliación de infraestructura escolar, formación docente y becas, factores clave para elevar productividad en el mediano plazo. El aumento a ciencia y tecnología se alinea con la oportunidad del nearshoring, donde la disponibilidad de talento y la adopción tecnológica son condiciones centrales para atraer inversión y elevar el contenido nacional. En medio ambiente, los recursos adicionales podrían enfocarse en gestión hídrica y adaptación al cambio climático, temas críticos ante la sequía y el estrés de cuencas. En agricultura, la prioridad será mejorar la resiliencia y la productividad, con apoyo a pequeños y medianos productores.
Los recortes al INE obligarán a eficiencias administrativas y a reprogramar gastos, en un calendario que incluye procesos electorales locales y eventualmente ejercicios ciudadanos; en el Poder Judicial, el ajuste exigirá priorizar operación sustantiva y digitalización para evitar rezagos. Más allá del monto asignado, la clave será la calidad del gasto: reglas de operación claras, calendarios de ministración oportunos y compras públicas transparentes para que las reasignaciones se traduzcan en bienes y servicios efectivos.
Hacia 2026, el entorno para México combinará vientos a favor —inversión ligada a relocalización, obras logísticas y demanda externa— con riesgos como la revisión del T-MEC, la evolución de la manufactura estadounidense y la seguridad energética. Una ejecución presupuestal prudente, junto con señales de certidumbre regulatoria y Estado de derecho, podría reforzar la confianza de hogares y empresas y sostener el ciclo de inversión que ya se observa en varias regiones del país.
En síntesis, el PEF 2026 refuerza rubros sociales y de capacidades productivas mediante reasignaciones desde órganos autónomos, en un marco de consolidación fiscal gradual. El balance final dependerá de la ejecución: si los recursos llegan a tiempo y se ejercen con eficiencia, el impacto en crecimiento potencial y bienestar será mayor; si prevalecen retrasos o subejercicios, el efecto será acotado. La atención del mercado estará en ingresos, costo financiero y disciplina del gasto durante el año.
