El panorama laboral de los adultos mayores en México: entre la insuficiencia de las pensiones y la necesidad de seguir activos

En México, más de 3.3 millones de personas mayores de 65 años continúan participando activamente en el mercado laboral, pese a que legalmente ya estarían en edad de jubilación. Así lo revelan datos recientes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), los cuales muestran que la proporción de adultos mayores que trabaja no se ha reducido de manera significativa en los últimos años, aun considerando la implementación y ampliación de programas sociales como la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores.
Actualmente, se estima que el 13% de la población ocupada en México corresponde a personas mayores de 60 años, y del total, alrededor del 5.6% tiene más de 65 años. Esta tendencia representa un ligero incremento respecto a los años previos, particularmente desde el inicio de la administración de Andrés Manuel López Obrador, cuyo gobierno se fijó como objetivo fortalecer la atención a este sector vulnerable de la población.
Los factores que explican la permanencia laboral de los adultos mayores son principalmente económicos. Testimonios como el de José Felipe, de 69 años, ilustran cómo, pese a recibir una pensión del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y el apoyo gubernamental, la suma de estos ingresos resulta insuficiente para cubrir las necesidades básicas, en parte porque las pensiones suelen ajustarse en base a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no al salario mínimo, lo que reduce su valor real frente a la inflación. Bajo este contexto, muchos adultos mayores se ven obligados a emprender pequeños negocios o continuar en actividades formales e informales para lograr un ingreso digno.
Los datos oficiales también indican que hoy en día hay más adultos mayores trabajando que jóvenes entre 15 y 19 años, lo que representa un cambio en la estructura del mercado laboral mexicano. El 60% de las personas mayores ocupadas se desempeña en el sector terciario, principalmente en áreas como el comercio y los servicios, mientras que un relevante 26% participa en el sector primario, sobre todo en la agricultura. Los niveles salariales continúan siendo bajos: más de la mitad de los trabajadores de más de 60 años percibe hasta un salario mínimo (8,364 pesos mensuales), proporción superior al promedio nacional, mientras que apenas el 0.89% logra ingresos superiores a cinco veces el salario mínimo.
De acuerdo con la consultora Robert Walters, muchas personas retiradas buscan reinsertarse al mercado laboral no solo como una vía de subsistencia ante la insuficiencia de las pensiones o la falta de ahorros, sino también por el deseo de mantenerse activos. La experiencia y habilidades de este grupo pueden aportar valor estratégico a las empresas, especialmente en sectores como consultoría, educación, manufactura, atención al cliente, administración y gestión de proyectos. La mentoría intergeneracional, la flexibilidad laboral y la inclusión generacional son estrategias recomendadas para capitalizar estos talentos.
El debate en torno a la edad de jubilación también ha ganado notoriedad. Voces como la del empresario Carlos Slim han propuesto elevarla a 75 años en respuesta al aumento de la esperanza de vida y ante la presión fiscal que enfrentarán los sistemas de pensiones en las próximas décadas. Según datos de organismos como el Coneval, si bien los programas sociales han contribuido a disminuir la pobreza extrema entre adultos mayores, los retos asociados al envejecimiento poblacional y a las insuficiencias estructurales en el sistema de pensiones subsisten.
Las encuestas recientes, como la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera, muestran que siete de cada diez mexicanos confían en que los apoyos gubernamentales serán la principal fuente de ingresos en su vejez, aunque persisten altos niveles de informalidad en el ahorro: solo el 8.2% de los adultos utiliza cuentas formales para guardar su dinero, mientras que el 36.6% recurre a esquemas poco seguros.
En suma, México se enfrenta a una doble encrucijada: una población que envejece de manera acelerada y un sistema de pensiones que muestra signos de agotamiento, lo que obliga a millones de adultos mayores a continuar trabajando más allá de la edad de retiro. Sin reformas estructurales y políticas inclusivas en el mercado laboral, el país corre el riesgo de que esta tendencia se traduzca en una “crisis silenciosa” para el bienestar de las próximas generaciones.