Registro obligatorio de líneas móviles amenaza la cobranza y podría tensar la cartera de crédito en México

Despachos y entidades advierten que la baja de líneas no registradas podría frenar la recuperación de créditos y elevar la morosidad en segmentos sensibles.

La inminente baja de líneas móviles no registradas —prevista para el 1 de julio— encendió alertas entre despachos de cobranza y parte del sector financiero, que advierten un impacto directo sobre la recuperación de pagos y, por extensión, sobre la salud de la cartera de crédito en México. La Asociación de Profesionales en Cobranza y Servicios Jurídicos (APCOB) estima que la afectación anual por menor “contactabilidad” de acreditados podría ubicarse entre 8,500 y 28,600 millones de pesos, dependiendo de cuántos usuarios queden efectivamente incomunicados y por cuánto tiempo.

El núcleo del problema es operativo: el teléfono móvil es el principal canal para gestionar pagos vencidos, convenios y reestructuras. En la práctica, llamadas, SMS y mensajería instantánea concentran la mayor parte de las recuperaciones. Si una porción relevante de líneas se desactiva, el proceso de cobranza se vuelve más lento, más costoso y menos efectivo, especialmente en los primeros tramos de atraso, cuando una gestión oportuna suele marcar la diferencia entre regularizar un crédito o empujarlo a una etapa de mora más severa.

De acuerdo con cifras difundidas por la autoridad regulatoria del sector telecom, al 13 de junio se habían vinculado 60.6 millones de líneas con la CURP de su titular, de un universo aproximado de 161 millones; es decir, alrededor de 38%. El objetivo oficial de esta vinculación es reducir fraudes y extorsiones telefónicas, un problema persistente que deteriora la confianza de consumidores y empresas, e impone costos relevantes a la economía.

APCOB sostiene que, aun reconociendo la necesidad de combatir delitos, la transición podría generar disrupciones en la “cadena de pagos” de hogares y micronegocios. En particular, advierte que un apagón masivo de líneas no registradas puede complicar la negociación de reestructuras y la normalización de atrasos, justo en un entorno en el que el crédito al consumo ha crecido en diversos segmentos y las familias enfrentan presiones por el costo de vida, tasas de interés todavía elevadas y un mercado laboral que, aunque ha mostrado fortaleza, no es homogéneo por región y sector.

La asociación modeló tres escenarios. En uno moderado, la industria dejaría de recuperar cerca de 8,500 millones de pesos al año; en un escenario central, 16,800 millones; y en el más crítico, 28,600 millones. El supuesto clave es la pérdida de contacto efectivo: no todas las líneas sin registro se desconectan al mismo tiempo y algunos usuarios podrían completar el trámite en el último momento, mientras que ciertos servicios de mensajería pueden mantenerse con conexión WiFi. Aun así, el riesgo principal es el “bache” temporal de comunicación, que puede ser suficiente para que un atraso se agrave.

La exposición no sería uniforme. El ecosistema fintech y los bancos digitales —cuyo modelo de atención y cobranza descansa de forma desproporcionada en el móvil— aparece como uno de los más vulnerables: la interacción por WhatsApp u otros canales de mensajería es, en muchos casos, el medio preferente (o único) para dialogar con el cliente. Esto implica que un corte de líneas podría traducirse en menor recuperación, mayores provisiones y ajustes en criterios de originación, con efectos sobre el acceso al crédito en nichos donde estas entidades han ganado terreno.

Desde el lado de los intermediarios no bancarios, la Asociación de Sociedades Financieras de Objeto Múltiple (ASOFOM) señaló que sus agremiados acatarán las disposiciones, pero pidió robustecer el diálogo sobre resguardo, almacenamiento y uso de datos personales. La discusión no es menor: la confianza del usuario es central para que cualquier esquema de registro funcione, y el sector financiero opera bajo exigencias crecientes de ciberseguridad y protección de información, en un contexto de mayor digitalización de pagos y servicios.

Morosidad, costo del crédito y un posible efecto dominó

El riesgo macro no es un “colapso” inmediato del sistema, sino un deterioro incremental en indicadores de mora y costos de administración de cartera, especialmente en instituciones con portafolios de menor monto y mayor rotación. En México, la morosidad suele concentrarse por producto y tipo de intermediario: segmentos como crédito personal no garantizado, ciertos esquemas de financiamiento al consumo y parte de la cartera de entidades de menor escala tienden a ser más sensibles a choques de ingreso y fricciones operativas. Si la cobranza se vuelve menos eficiente, la consecuencia típica es un aumento en cuentas en atraso, mayores gastos de cobranza, provisiones más altas y, eventualmente, condiciones de crédito más estrictas (tasas, comisiones, plazos o montos). En un país donde una proporción relevante de hogares opera con márgenes financieros estrechos, cualquier endurecimiento del crédito puede amplificar la desaceleración del consumo.

Además, el momento importa. Con una economía que depende en buena medida del dinamismo interno, el crédito al consumo funciona como lubricante para compras de bienes duraderos, pagos educativos y gastos médicos. Un choque de contactabilidad puede parecer técnico, pero puede trasladarse a la economía real si más familias caen en mora y se reduce la posibilidad de reestructurar a tiempo. En paralelo, el combate a fraudes y extorsiones también tiene beneficios económicos: reduce pérdidas patrimoniales, evita transferencias ilícitas y mejora la confianza en canales digitales, por lo que la discusión gira en torno a cómo implementar la medida sin generar efectos secundarios desproporcionados.

En la operación cotidiana, la gestión de cobranza suele dividirse por etapas: durante los primeros 90 días de atraso, el área interna de la entidad intenta regularizar el pago; después, parte de la gestión se canaliza a despachos especializados. Si el contacto móvil se limita, el embudo se estrecha desde el inicio: menos recordatorios, menos acuerdos de pago y menor probabilidad de que el cliente retome el flujo. Esto eleva el volumen que llega a etapas tardías, donde la recuperación es más compleja y costosa.

Para mitigar el impacto, el sector ha planteado opciones como un registro escalonado, ventanas de gracia o esquemas transitorios para líneas en proceso de gestión de cobranza, siempre bajo reglas claras. Del lado regulatorio, el desafío será equilibrar la urgencia de combatir delitos con una implementación que no afecte de manera innecesaria la formalidad financiera ni el cumplimiento de pagos, particularmente en los segmentos más digitalizados.

Hacia adelante, el episodio puede acelerar dos tendencias: una mayor diversificación de canales de contacto (correo, notificaciones en apps, visitas domiciliarias donde aplique y bajo regulación, y validaciones biométricas) y una presión adicional para elevar la educación digital y la confianza en el manejo de datos. En el corto plazo, el comportamiento de la morosidad y la respuesta del mercado —incluida la postura de bancos, sofomes y fintech ante una eventual prórroga— serán claves para dimensionar si el impacto queda en un ajuste operativo o se traduce en un endurecimiento del crédito al consumo.

En conjunto, la baja de líneas no registradas enfrenta al país a un equilibrio delicado: atacar un problema real de seguridad sin introducir fricciones que compliquen la cobranza y la reestructura de deudas, especialmente en una economía donde el crédito y la digitalización avanzan a ritmos distintos entre grupos de población.