Créditos fiscales en máximos: contribuyentes adeudan 3.1 billones al SAT y litigan casi dos terceras partes

El volumen de adeudos controvertidos limita la cobranza inmediata y vuelve más relevante la resolución de juicios para las finanzas públicas.

Los créditos fiscales determinados por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) alcanzaron 3.1 billones de pesos al cierre de marzo, un nivel elevado para un primer trimestre en los registros de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). Lo más llamativo no es solo el tamaño del monto, sino su condición jurídica: alrededor de 2 billones de pesos, equivalentes a 63% del total, se encuentran en disputa mediante algún medio de defensa promovido por los contribuyentes.

En términos de finanzas públicas, la cifra litigada dimensiona el reto: es mayor que el déficit fiscal proyectado para el año, estimado en 1.5 billones de pesos, y por sí sola equivale a varios programas sociales de gran escala. Sin embargo, no se trata de recursos disponibles de forma inmediata para el erario, sino de montos cuya recuperación depende de procesos de auditoría, cobro y, en una proporción creciente, de litigios que pueden extenderse por años.

Los créditos fiscales son adeudos que la autoridad determina a partir de facultades de comprobación —auditorías, revisiones de gabinete, revisiones electrónicas, dictámenes y cruces de contabilidad e información digital— principalmente relacionados con impuestos como ISR e IVA. Si no se pagan, se acumulan recargos, actualizaciones e intereses, lo que incrementa el monto final. Cuando el contribuyente no está de acuerdo con la determinación, suele impugnarla en tribunales, lo que abre una ruta legal que, de acuerdo con especialistas, puede tomar entre 18 meses y tres años, e incluso más dependiendo de la complejidad del caso.

El aumento de estos montos ocurre en un entorno en el que la recaudación ha ganado peso como ancla de la política fiscal. Con un gasto público presionado por programas sociales, proyectos de infraestructura y el costo financiero de la deuda, el gobierno ha privilegiado elevar ingresos sin aumentar tasas generales, apoyándose en fiscalización, eficiencia recaudatoria y digitalización. En esa lógica, el crecimiento de créditos fiscales puede leerse como señal de una autoridad tributaria más activa, aunque su conversión en ingresos efectivos sea más incierta cuando la mayor parte termina en controversia.

Al cierre del primer trimestre se contabilizaron alrededor de 1.8 millones de créditos fiscales, un volumen elevado respecto a años previos. A la par, el número de créditos controvertidos subió de 195,419 a 200,441 entre enero y abril, lo que marca el registro más alto para ese periodo desde 2018. No solo hay más disputas: también son más grandes, ya que el monto promedio por adeudo impugnado pasó de 9.8 a 10 millones de pesos, muy por encima de los niveles observados a finales de la década pasada.

Más fiscalización y más defensa: el “cuello de botella” legal

El crecimiento del monto impugnado refleja un doble movimiento. Por un lado, el SAT ha profundizado su capacidad para detectar inconsistencias con herramientas digitales, cruces de bases de datos, facturación electrónica y trazabilidad de operaciones, lo que reduce espacios de evasión y eleva la probabilidad de auditorías focalizadas, especialmente en contribuyentes medianos y grandes. Por otro, las empresas y personas físicas con operaciones complejas también han sofisticado su estrategia de defensa, apelando a medios legales para cuestionar criterios de la autoridad, metodologías de determinación, interpretación de reglas antiabuso y la solidez probatoria de las auditorías.

En este contexto, el sistema de justicia fiscal se vuelve un factor económico en sí mismo: mientras más casos entren a litigio y más largos sean los procesos, más lento se vuelve el flujo de ingresos potenciales hacia el gobierno. Además, la acumulación de créditos en disputa tiende a inflar el saldo total de adeudos, pero no necesariamente mejora la liquidez del sector público. Para las empresas, en cambio, el litigio puede funcionar como mecanismo de administración del riesgo financiero: se busca ganar el fondo del asunto o, al menos, administrar tiempos y contingencias, lo que puede afectar decisiones de inversión, provisiones contables y acceso a financiamiento.

Las estadísticas de la SHCP muestran que el SAT mantiene una tasa alta de juicios ganados en última instancia, cercana a 79%. Aun así, el porcentaje de asuntos perdidos aumentó, de 17.5% a 19.6% del primer trimestre de 2025 al de 2026. En términos prácticos, incluso una variación moderada en el porcentaje de derrotas puede ser relevante cuando los montos promedio en disputa crecen y cuando el universo de casos se amplía.

Para la política fiscal, el desafío es equilibrar la intensidad de la fiscalización con la calidad técnica de los actos de autoridad: auditorías mejor sustentadas tienden a reducir la probabilidad de perder casos y elevan la recaudación efectiva. Para el contribuyente, el reto es cumplir en un marco regulatorio cada vez más exigente y documentado, donde discrepancias en interpretación, deducciones, acreditamientos o materialidad de operaciones pueden detonar revisiones costosas.

Hacia adelante, el tamaño del saldo en litigio sugiere que la recaudación seguirá descansando en buena medida en la capacidad del Estado para resolver controversias con rapidez y solidez jurídica. Si el rezago legal se amplía, el efecto puede ser una cobranza más lenta y mayor incertidumbre sobre ingresos, justo cuando el presupuesto enfrenta presiones por el ciclo económico, la inversión pública y la estabilidad de las finanzas públicas.

En síntesis, el récord de créditos fiscales y el aumento de adeudos controvertidos confirman un SAT más activo y una defensa fiscal más usada; el resultado neto dependerá de la calidad de las auditorías y de la capacidad del sistema legal para convertir determinaciones en ingresos efectivos.