México mejora su recaudación, pero sigue rezagado en América Latina y muy lejos del estándar OCDE

El avance fiscal reciente eleva los ingresos, pero la baja carga tributaria limita el margen para inversión pública y estabilidad financiera.

México incrementó su recaudación tributaria en 2024, pero continúa en la parte baja del ranking regional, de acuerdo con el más reciente corte comparativo de la OCDE sobre ingresos fiscales en América Latina y el Caribe. El país alcanzó una recaudación equivalente a 18.3% del PIB, un avance frente al 17.7% de 2023 y su nivel más alto en dos décadas, aunque todavía por debajo del promedio regional (21.7%) y muy lejos del promedio de los países miembros de la OCDE (34.1%).

En el comparativo de 28 economías de América Latina y el Caribe, México se ubicó en la posición 22. Por arriba quedaron países con estructuras fiscales más robustas o con mayores gravámenes al consumo y a la nómina; en la parte alta destacó Brasil con 33.7% del PIB, mientras que en el extremo bajo se ubicó Guyana con 9.2%. La fotografía regional muestra que 15 de 28 países lograron aumentar su carga tributaria, aunque con diferencias entre subregiones: en América Central y México (incluida Cuba) el promedio subió 0.7 puntos porcentuales, mientras que Sudamérica avanzó apenas 0.1 punto y el Caribe retrocedió 0.2.

En términos nominales, los ingresos tributarios de México en 2024 sumaron 6,199,485 millones de pesos, un incremento anual de 551,325 millones. Parte del avance se explicó por mayores impuestos a bienes y servicios específicos, rubro que suele capturar IVA, gravámenes indirectos y derechos ligados al comercio exterior, en un contexto donde el dinamismo del consumo, la formalización en ciertos segmentos y la vigilancia sobre cadenas de facturación han elevado la eficiencia recaudatoria.

El contraste con el promedio OCDE refleja un reto estructural: México financia al Estado con una base tributaria relativamente pequeña y con una composición que descansa más en impuestos al consumo y en el ISR que en gravámenes patrimoniales o contribuciones sociales amplias. Esto, en la práctica, acota el espacio presupuestal para invertir en infraestructura, salud, educación y seguridad, y aumenta la sensibilidad de las finanzas públicas ante choques económicos o caídas de ingresos no tributarios.

SAT, fiscalización y tecnología: el motor del repunte

El fortalecimiento de la recaudación en los últimos años ha estado estrechamente ligado a la estrategia del Servicio de Administración Tributaria (SAT) de intensificar revisiones y cobros a grandes contribuyentes, así como a la digitalización. Entre 2020 y 2025, los ingresos obtenidos por actos de fiscalización a grandes contribuyentes aumentaron de 165,575 millones de pesos a 349,970 millones, con un repunte adicional por multas y recargos. La expansión del uso de facturación electrónica, cruces de información y herramientas analíticas —incluida la automatización de alertas y perfiles de riesgo— ha permitido detectar inconsistencias con mayor precisión y acelerar procesos de auditoría, elevando la recaudación sin necesariamente modificar tasas impositivas.

Este enfoque, sin embargo, abre un debate sobre límites y sostenibilidad. Una parte del incremento proviene de cobros extraordinarios o de regularizaciones, que no siempre se repiten año con año. Para consolidar una trayectoria ascendente, el desafío pasa por ampliar la base de contribuyentes, reducir la informalidad —que sigue siendo elevada en el mercado laboral— y mejorar el diseño de incentivos para que más unidades económicas migren a la formalidad sin perder viabilidad.

La estructura tributaria: dependencia del consumo y baja contribución patrimonial

La composición de los ingresos en México muestra un peso relevante del IVA y otros impuestos a bienes y servicios, además del ISR a personas físicas y morales. En contraste, los impuestos a la propiedad aportan una proporción pequeña frente a estándares internacionales, en parte por la limitada capacidad recaudatoria local y la heterogeneidad administrativa entre municipios y estados. Este rasgo no es menor: una recaudación patrimonial más sólida suele ofrecer estabilidad y, al mismo tiempo, espacio para reducir presiones sobre impuestos al consumo, que tienden a impactar proporcionalmente más a hogares de menores ingresos.

En el corto plazo, el desempeño de la recaudación también dependerá del ciclo económico. Un crecimiento moderado del PIB, condiciones financieras más restrictivas y la evolución del empleo formal pueden incidir en ISR e IVA. Al mismo tiempo, la integración manufacturera con Norteamérica y el reacomodo de cadenas de suministro abren oportunidades de inversión y formalización que, si se traducen en mayor empleo registrado y expansión de empresas, podrían elevar de forma más permanente la captación tributaria.

Implicaciones para el presupuesto y la calificación crediticia

Una recaudación baja respecto al PIB suele traducirse en decisiones presupuestales más difíciles: o se incrementa el endeudamiento, o se recorta gasto, o se reorientan programas, especialmente cuando crecen las presiones por inversión pública, costos financieros y demandas sociales. Para inversionistas y agencias calificadoras, la capacidad de generar ingresos recurrentes es una variable clave al evaluar sostenibilidad fiscal. En ese sentido, la mejora registrada es una señal positiva, pero insuficiente para cerrar la brecha con economías comparables si no se acompaña de una estrategia de ampliación de base y fortalecimiento institucional subnacional.

Hacia adelante, la discusión fiscal en México probablemente seguirá enfocada en cómo elevar ingresos sin frenar la inversión ni el consumo, y cómo distribuir mejor responsabilidades entre Federación y gobiernos locales. El mayor uso de tecnología por el SAT ofrece eficiencia, pero el reto de fondo es estructural: crecer con mayor formalidad y elevar la productividad para que la recaudación aumente junto con la economía.

En síntesis, México logró un avance relevante en recaudación en 2024 y alcanzó un máximo de 20 años, impulsado por fiscalización y herramientas digitales del SAT; aun así, su carga tributaria permanece por debajo del promedio regional y muy lejos del estándar OCDE, lo que mantiene presiones sobre el financiamiento del gasto público y la resiliencia fiscal.