Economía apuesta por mapeo minero: México ordena exploraciones públicas de minerales estratégicos en cuatro estados
La Secretaría de Economía instruyó al Servicio Geológico Mexicano (SGM) a ejecutar tres campañas de exploración en los prospectos Las Granadas (Estado de México), La Soledad (área que abarca regiones de Durango y Sinaloa) y Delia (Sonora), con el objetivo de confirmar y dimensionar la presencia de oro, plata, cobre, plomo, zinc, molibdeno y tungsteno. Se trata de un esfuerzo de carácter público para actualizar el inventario geológico del país en un momento en que los minerales críticos han ganado peso en la transición energética y en la reconfiguración de cadenas de suministro.
Las órdenes no implican concesiones privadas ni autorización para extraer; el SGM levantará información técnica —cartografía, geoquímica y geofísica— para alimentar decisiones de política industrial y de ordenamiento territorial. El enfoque se alinea con los cambios a la Ley Minera y su marco secundario, que fortalecen la participación del Estado en las etapas iniciales de exploración, fijan licitaciones públicas como vía para futuras concesiones y elevan requisitos en materia de agua, cierre de minas, consulta a comunidades e impactos socioambientales.
México es líder mundial en producción de plata y ocupa posiciones relevantes en oro y cobre, con Sonora como polo cuprífero —donde operan algunos de los yacimientos más grandes del hemisferio—. El molibdeno suele obtenerse como subproducto del cobre y el tungsteno, aunque más incipiente, es clave para herramientas y aleaciones. La demanda global de cobre se ha fortalecido por redes eléctricas, vehículos eléctricos y centros de datos; el oro y la plata han recibido impulso de la aversión al riesgo y de su uso industrial, mientras que el zinc y el plomo siguen vinculados al ciclo de la construcción y manufactura.
En el contexto del nearshoring y del T-MEC, consolidar un mapeo geológico fino puede dar soporte a una estrategia para integrar cadenas norteamericanas de minerales y materiales, atrayendo inversión en beneficio, fundición y manufactura eléctrica y electrónica. El potencial es significativo, pero no exento de cuellos de botella: disponibilidad de energía confiable y más limpia, infraestructura ferroviaria y portuaria, estrés hídrico en el norte y certidumbre regulatoria para acortar plazos de permisos sin relajar estándares ambientales.
Los proyectos mineros enfrenten mayor escrutinio social por el uso de agua, la gestión de jales y la biodiversidad. Instrumentar consultas previas y planes de manejo adaptados a cada región, junto con transparencia de datos geológicos y ambientales, será determinante para reducir asimetrías de información y construir legitimidad local. El propio SGM puede aportar al diálogo con datos abiertos y metodologías comparables que faciliten la evaluación de costos y beneficios en cada territorio.
En materia fiscal y de rentabilidad, los ajustes a derechos y contraprestaciones aprobados en los últimos años elevan la sensibilidad de los proyectos a los ciclos de precios. La reciente fortaleza de metales como el cobre y el oro podría mejorar márgenes, pero la volatilidad sugiere prudencia en planeación, coberturas y disciplina de capital. La política pública buscará equilibrar captación de renta, competitividad y estímulos a la agregación de valor local.
Hacia adelante, si los estudios confirman potencial geológico, el gobierno podría licitar áreas bajo el nuevo esquema, priorizando contenido nacional, encadenamientos con proveedores y mejores prácticas ambientales. Estados como Sonora, Durango y Sinaloa, con clústeres mineros y proveedores instalados, podrían capturar derramas en empleo, servicios y tecnología, siempre que se atiendan oportunamente los retos de infraestructura, energía y agua.
En síntesis, la apuesta por una exploración pública y ordenada busca convertir información geológica en política industrial. El balance final dependerá de la calidad de los datos que genere el SGM, de la certidumbre regulatoria y de la capacidad para atraer inversión responsable en un ciclo de metales favorable, sin perder de vista los límites ambientales y las expectativas de las comunidades.