Hacienda y Tesoro de EU estrechan cerco a red transnacional; México ampliará bloqueos y denuncias por lavado
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la OFAC y FinCEN, emprendieron acciones coordinadas para intervenir la estructura financiera de una organización criminal con operaciones en varias jurisdicciones. Como parte del operativo conjunto se designaron 19 objetivos —10 personas y nueve empresas— vinculados con tráfico de drogas, lavado de dinero y ocultamiento de activos. En paralelo, la UIF identificó a 10 personas adicionales con actividad financiera en México que serán incorporadas a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) y denunciadas ante la Fiscalía General de la República por Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, además de dar vista a la Procuraduría Fiscal por posibles delitos fiscales y uso de empresas fachada.
De acuerdo con Hacienda, la red criminal se apoya en estructuras complejas para disimular el origen y destino de los recursos: constitución de sociedades que simulan operaciones, adquisición de bienes inmuebles mediante prestanombres, manejo de activos en plataformas digitales y dispersión internacional de fondos para reducir la trazabilidad. Los reportes analizados apuntan a actividad en Canadá, Estados Unidos, Colombia, Italia, Reino Unido y México, con triangulación de recursos y uso coordinado de estructuras corporativas en distintos países para mover y administrar activos con apariencia lícita.
La ofensiva financiera se inscribe en una agenda de cooperación bilateral que gana peso por el impacto del crimen organizado en los flujos transfronterizos. Una designación de la OFAC implica el bloqueo de activos bajo jurisdicción estadounidense y prohíbe a personas y entidades de ese país realizar transacciones con los señalados. En México, las instituciones financieras reguladas suelen reforzar controles y replicar bloqueos por su exposición a bancos corresponsales internacionales, al tiempo que la UIF mantiene una LPB que activa medidas preventivas y reportes reforzados ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
El esfuerzo llega en un momento de mayor escrutinio sobre el sistema financiero mexicano por el aumento de remesas —que alcanzaron máximos históricos en 2023 y mantienen una tendencia al alza en 2024—, la expansión de la economía digital y el empuje del nearshoring. Estos factores han traído más transacciones, nuevas relaciones de corresponsalía y un mayor flujo de capitales hacia manufactura, logística e inmuebles, lo que eleva la exigencia de controles antilavado en bancos, fintech y sectores catalogados como “actividades vulnerables”, como bienes raíces, joyería y servicios de fe pública.
México es miembro del GAFI y ha venido ajustando su marco regulatorio para reforzar la identificación de beneficiarios finales, la debida diligencia basada en riesgos y la supervisión de instituciones tecnológicas. La Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita y la regulación para instituciones financieras y fintech obligan a reportar operaciones inusuales y relevantes, así como a verificar identidades y monitorear transferencias. Hacienda subrayó que el intercambio de información con el Tesoro estadounidense busca desarticular esquemas de dispersión internacional y blindar a los intermediarios formales.
En lo operativo, la medida anticipa mayor carga de cumplimiento en monitoreo transaccional, conocimiento del cliente y revisiones de listas, especialmente en transferencias internacionales y compraventa de inmuebles. También se prevé un mayor uso de modelos analíticos y cruces masivos de datos para detectar patrones de triangulación. El reto será balancear controles efectivos con continuidad de servicios para evitar afectaciones a usuarios legítimos y minimizar los falsos positivos, una demanda recurrente del sector privado.
En lo jurídico, persiste el debate sobre los alcances del bloqueo de cuentas por la vía administrativa. La Suprema Corte ha acotado facultades en años recientes, lo que ha llevado a la autoridad a ajustar procedimientos y fortalecer la coordinación con el Ministerio Público y autoridades fiscales para sostener casos en tribunales. La consolidación de registros de beneficiario controlador y la interoperabilidad entre bases de datos públicas y privadas son frentes clave para dar sustento probatorio a las denuncias.
Hacia adelante, analistas anticipan que la cooperación México–Estados Unidos seguirá enfocada en trazabilidad financiera, criptotransacciones y servicios de pago digitales, al tiempo que se refuerzan estándares ante evaluaciones internacionales. Si las acciones actuales logran interrumpir flujos ilícitos sin frenar la intermediación legítima, podrían apuntalar la percepción de integridad del sistema financiero y sostener el apetito de inversión asociado al reordenamiento de cadenas productivas en América del Norte.
En síntesis, el bloqueo coordinado de 19 objetivos y la próxima inclusión de 10 personas adicionales en la LPB reflejan una estrategia de inteligencia financiera más sofisticada y binacional. Su éxito dependerá de la capacidad para ejecutar casos con evidencia robusta, mejorar la calidad de la supervisión y mantener un equilibrio entre control de riesgos y eficiencia operativa.