Inversiones por más de 22,000 mdd en México avanzan a trompicones ante litigios y mayor presión del T-MEC

La combinación de incertidumbre comercial y cuellos de botella regulatorios está ralentizando proyectos clave justo cuando México compite por capital del nearshoring.

La agenda de inversiones en México atraviesa un momento de contrastes: mientras el país mantiene su atractivo por su cercanía con Estados Unidos y su integración manufacturera, más de 22,000 millones de dólares en proyectos estratégicos enfrentan retrasos por litigios ambientales, trámites regulatorios y tensiones sociales. El telón de fondo es más complejo que en años recientes: la revisión del T-MEC, la continuidad de aranceles estadounidenses en sectores sensibles y la discusión sobre reglas de origen han elevado la cautela de las empresas al decidir cuándo y cómo comprometer capital a gran escala.

En los primeros días del gobierno de Claudia Sheinbaum, un grupo de compañías estadounidenses refrendó anuncios de inversión por más de 20,000 millones de dólares. El gesto apuntó a continuidad, pero el calendario real de ejecución hoy luce más gradual. El caso más emblemático es el de Mexico Pacific, que plantea 15,000 millones de dólares para la terminal de gas natural licuado (GNL) Saguaro Energía y el gasoducto Sierra Madre. Aunque la empresa sostiene que mantiene contratos y permisos, la iniciativa todavía no llega a la Decisión Final de Inversión (FID), un hito clave que suele detonar el financiamiento y la construcción a gran escala, en parte por litigios ambientales y ajustes en la planeación.

Otro proyecto significativo, Perfect Day México de Royal Caribbean en Mahahual, Quintana Roo, también evidenció el peso de la regulación ambiental: la propuesta original no obtuvo autorización y la empresa optó por retirar el diseño para replantearlo con menor impacto. En los hechos, el capital no ha desaparecido, pero el tiempo se alarga y la incertidumbre aumenta, en un sector —turismo— que compite globalmente por proyectos ancla que detonan empleo e infraestructura.

Fuera de ese paquete, Amigo GNL, presentado en Sonora como parte del Plan Sonora con una inversión estimada de 6,300 millones de dólares, quedó frenado por una suspensión judicial que mantiene detenido el proceso de autorización ambiental. El episodio subraya una realidad cada vez más visible: aun cuando existe interés inversionista y narrativa pública favorable, la ejecución puede quedar atrapada en tribunales, procedimientos administrativos o conflictos comunitarios.

Un contraste lo ofrece Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) en Topolobampo, Sinaloa. Tras años de controversia, la planta de amoníaco continúa en construcción con respaldo federal y fue incorporada al Plan México como proyecto estratégico para fortalecer la cadena de fertilizantes. Sin embargo, el avance convive con oposición de comunidades indígenas Mayo-Yoreme, pescadores y organizaciones ambientalistas, que mantienen cuestionamientos por potenciales impactos en la Bahía de Ohuira, manglares y actividad pesquera. La lectura para el mercado es clara: en México, el “riesgo de ejecución” pesa tanto como el “riesgo país”.

La revisión del T-MEC y el nuevo cálculo de riesgo para la inversión

El endurecimiento del debate comercial en Norteamérica ha cambiado el cálculo de rentabilidad de proyectos orientados a exportación. Para México, el T-MEC ha sido una ventaja estructural al ofrecer acceso preferencial al mercado estadounidense, pero la revisión del acuerdo y la posibilidad de ajustes en reglas de origen elevan el incentivo a “esperar y ver” antes de anunciar ampliaciones o nuevas plantas. Esta cautela se suma a factores internos: capacidad limitada de infraestructura en nodos industriales, estrés hídrico y energético en regiones de fuerte manufactura, y tiempos regulatorios que pueden alargarse cuando hay alta conflictividad social o ambiental. En conjunto, el mensaje para inversionistas es que no basta con costos competitivos y cercanía logística; también se necesita certidumbre jurídica y una ruta clara de permisos para que el capital se traduzca en obras y empleo.

La competencia regional, además, se ha intensificado. De acuerdo con cifras difundidas por UNCTAD, América Latina y el Caribe incrementó la captación de inversión extranjera directa en 2025, con Brasil a la cabeza y México como segundo receptor regional. Sin embargo, el dato agregado convive con otra señal: los anuncios de proyectos greenfield —nuevas instalaciones o ampliaciones desde cero— se redujeron con fuerza, incluyendo una caída relevante en México. En el contexto del nearshoring, esto sugiere que las empresas están reasignando su apetito: más reinversión y expansión incremental donde ya operan, y menos megaproyectos desde cero, que son los más sensibles a permisos, infraestructura y controversias locales.

Para México, materializar inversiones pendientes tiene implicaciones macroeconómicas y fiscales: más construcción y compra de insumos impulsa actividad en el corto plazo; una vez operando, los proyectos pueden elevar exportaciones, empleo formal y recaudación. Pero también abren debates sobre sostenibilidad, consumo de agua, manejo de residuos y ordenamiento territorial. En energía e industria, el país enfrenta el reto de aumentar capacidad de transmisión eléctrica y asegurar suministro confiable; en logística, de modernizar puertos y cruces fronterizos; y en gobernanza, de fortalecer mecanismos de consulta y mitigación ambiental para evitar que los proyectos se vuelvan rehén de litigios interminables.

Hacia delante, el desempeño de México para convertir anuncios en inversión efectivamente ejercida dependerá de dos carriles que avanzan en paralelo: una conducción política y técnica capaz de dar certidumbre en la revisión del T-MEC con Estados Unidos, y una gestión doméstica que acorte tiempos sin relajar estándares, con reglas claras, transparencia regulatoria y capacidad institucional para resolver controversias. En un entorno global de capital más selectivo, la velocidad de ejecución puede ser tan decisiva como el tamaño del mercado.

En balance, México conserva ventajas competitivas por su integración con Estados Unidos y su base manufacturera, pero la presión del T-MEC y los cuellos de botella regulatorios están convirtiendo proyectos multimillonarios en carreras de resistencia; destrabarlos será clave para sostener el impulso del nearshoring.