México aprieta controles antilavado en criptoactivos y construcción; bajan umbrales de aviso y crece la supervisión

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) reforzaron la vigilancia sobre operaciones con activos virtuales y sobre el financiamiento a proyectos inmobiliarios, tras la publicación en el Diario Oficial de la Federación, el 16 de julio, de la reforma a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. La actualización alinea a México con estándares internacionales contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, y es aplicable aun cuando están pendientes reglas de carácter general que precisarán procedimientos operativos.

Entre los cambios más relevantes, se redujo el umbral que obliga a presentar avisos por compraventa o intercambio de activos virtuales a 210 UMAs (unos 23,814 pesos), desde 645 UMAs previos (aprox. 72,975 pesos). Además, los proveedores de estos servicios deberán identificar a sus clientes en todo momento con documentos oficiales, comprobante de domicilio y datos fiscales, fortaleciendo la trazabilidad de transacciones en un segmento donde la informalidad y el uso de plataformas no reguladas han dificultado el monitoreo.

La reforma también incorpora como actividad vulnerable el financiamiento para la construcción de inmuebles y fraccionamientos destinados a venta o renta. Desde las aportaciones iniciales, los desarrolladores deberán identificar a inversionistas y, cuando el volumen de operaciones supere 8,025 UMAs (alrededor de 910,035 pesos), emitir avisos al SAT para su canalización a la UIF. El objetivo es cerrar brechas de riesgo en etapas tempranas de proyectos, donde históricamente ha habido entradas de capital con menor escrutinio.

Otra modificación relevante es la inclusión expresa en la ley de los instrumentos de almacenamiento de valor (por ejemplo, tarjetas prepago, monederos electrónicos y vales), que ahora estarán sujetos a identificación y avisos cuando su emisión, comercialización o abono de recursos iguale o supere 645 UMAs (cerca de 72,975 pesos) por operación. Con ello, se busca limitar el uso de productos de fácil circulación para ocultar el origen de fondos.

El endurecimiento regulatorio ocurre en un momento de expansión de pagos digitales y servicios financieros no bancarios en México, impulsados por la adopción de billeteras electrónicas y por la actividad de las instituciones de tecnología financiera autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Si bien el Banco de México restringe la exposición directa de entidades reguladas a criptoactivos, el ecosistema de plataformas y prestadores de servicios virtuales sigue creciendo, lo que eleva la importancia de controles de Conoce a tu Cliente y de interoperabilidad con estándares del GAFI.

De enero a mayo, la UIF reportó 6.864 millones de avisos de actividades vulnerables recibidos desde el fisco, un aumento frente al mismo periodo del año previo. El alza refleja tanto mayor actividad económica formal como una intensificación del cumplimiento por parte de sujetos obligados. En paralelo, las autoridades han enfatizado el uso de analítica y cruces de información para priorizar casos de alto riesgo, evitando sobrecargar de inspecciones a actividades con bajo perfil de riesgo.

Para el sector de criptoactivos, los nuevos umbrales y obligaciones implican fortalecer procesos de verificación de identidad, administración de riesgos y reporte, así como ajustar sistemas para la “travel rule” del GAFI en transferencias entre proveedores. Es previsible un aumento de costos de cumplimiento y una posible consolidación de actores, pero también mayor certidumbre para integrarse a esquemas bancarios y corresponsalías, clave para operar con pesos y con socios internacionales.

En el frente inmobiliario, desarrolladores, inversionistas y comercializadores deberán actualizar manuales y flujos de debida diligencia desde la etapa de preventa y fondeo, coordinándose con notarios y fiduciarias. El ajuste llega en un ciclo en el que la demanda de naves industriales asociadas al nearshoring y la vivienda media sostienen la actividad en varias regiones, por lo que los cambios buscan blindar los flujos de capital sin frenar inversiones productivas. El reto será equilibrar controles con inclusión financiera, especialmente para pequeños aportantes.

En términos macro, la medida se inserta en un contexto de crecimiento moderado, inflación en proceso de convergencia al objetivo y una política monetaria aún restrictiva, con recortes graduales iniciados en 2024. Un marco antilavado robusto ayuda a preservar la relación con corresponsales internacionales, reduce riesgos reputacionales y da certidumbre a flujos de inversión vinculados a la relocalización manufacturera y a cadenas de suministro, factores que siguen siendo palancas de la economía mexicana.

De cara a su implementación, los sujetos obligados deberían anticipar actualizaciones de reglas generales y preparar ajustes tecnológicos, capacitación y resguardo de datos personales. La coordinación entre SAT, UIF y supervisores financieros será determinante para aplicar los cambios con criterio de riesgo, evitar duplicidades y dar claridad operativa, en particular para prestadores no tradicionales y plataformas transfronterizas.

En síntesis, México baja umbrales y amplía el catálogo de actividades vulnerables para cerrar espacios al lavado de dinero en criptoactivos y construcción. El reforzamiento eleva exigencias de cumplimiento en sectores dinámicos, pero también podría mejorar la confianza del sistema y la integración con mercados internacionales si se aplica con proporcionalidad y certeza regulatoria.