Hacienda estima renuncias recaudatorias por 3.4 billones de pesos en 2026-2027 y reabre el debate sobre la base fiscal

Los estímulos y exenciones reducirán ingresos potenciales equivalentes a cerca de 4.5% del PIB por año, con foco en IVA cero, frontera norte y regímenes preferenciales.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) prevé que en 2026 y 2027 el gobierno federal dejará de captar alrededor de 3.4 billones de pesos por concepto de beneficios fiscales —exenciones, subsidios y estímulos— aplicados principalmente al IVA, al ISR y al IEPS, de acuerdo con el documento “Renuncias Recaudatorias 2026: Política Fiscal y Estimación de Ingresos”. Para 2026, el monto estimado asciende a 1.67 billones de pesos (aproximadamente 4.48% del PIB), mientras que para 2027 se calcula en 1.76 billones (alrededor de 4.45% del PIB).

Hacienda subraya que estas renuncias recaudatorias no son un gasto directo, sino ingresos que el fisco potencialmente habría cobrado si no existieran tratamientos fiscales diferenciados. En la práctica, permiten a ciertos contribuyentes disminuir, evitar o diferir el pago de impuestos bajo reglas específicas. La narrativa oficial sostiene que los incentivos buscan promover inversión, competitividad regional y objetivos de bienestar, aunque su magnitud vuelve a colocar en el centro la discusión sobre eficiencia, focalización y resultados medibles.

Entre los rubros de mayor impacto destacan la tasa cero de IVA en alimentos y medicinas, los estímulos a la región fronteriza norte —que reducen tasas de IVA e ISR para determinados contribuyentes—, así como esquemas vinculados a fideicomisos como FIBRAS y FIBRA E. En paralelo, sobresalen exenciones del ISR para personas físicas, principalmente asociadas a jubilaciones, pensiones y prestaciones laborales.

Las estimaciones de Hacienda apuntan a que la tasa cero del IVA en alimentos representará una renuncia equivalente a 1.26% del PIB: 471,748 millones de pesos en 2026 y 502,178 millones en 2027. Por su parte, los estímulos en la frontera norte sumarían 143,402 millones de pesos en 2026 y 152,652 millones en 2027. En el caso de los fideicomisos (FIBRAS públicas y FIBRA E), el impacto agregado se ubica en 133,860 millones de pesos para 2026 y 142,494 millones para 2027, con un peso relevante dentro del universo de estímulos fiscales.

En un contexto de crecimiento moderado, presiones de gasto y demandas de inversión pública —desde infraestructura y seguridad hasta salud—, la dimensión de estas renuncias adquiere relevancia macrofiscal. México mantiene una recaudación tributaria baja en comparación con economías pares de América Latina y con países de la OCDE, y aunque el gobierno ha reforzado la fiscalización y la eficiencia recaudatoria en los últimos años, la estructura de ingresos sigue dependiendo de una base relativamente estrecha y de un gran número de tratamientos especiales.

El dilema: equidad social, competitividad y espacio fiscal

La tasa cero de IVA en alimentos y medicinas suele defenderse como una política de protección al consumo básico, pero también se discute su efectividad distributiva: al ser un beneficio generalizado, una parte importante del “subsidio implícito” también favorece a hogares de mayores ingresos que consumen más en términos absolutos. En contraste, los estímulos fronterizos se justifican por la competencia con mercados vecinos y la integración comercial, pero su permanencia plantea preguntas sobre su costo-oportunidad y sobre si los beneficios se traducen en mayor inversión formal, empleo y productividad, o si operan como un factor de arbitraje fiscal. En el caso de FIBRAS y FIBRA E, su diseño pretende canalizar recursos a sectores como bienes raíces e infraestructura, aunque el debate se concentra en la proporcionalidad del incentivo, la transparencia del costo fiscal y la medición de impactos sobre desarrollo urbano, vivienda y financiamiento de proyectos.

Las exenciones de ISR por jubilaciones y pensiones, por su parte, suelen explicarse como un mecanismo para proteger ingresos en la vejez, pero también reflejan el reto de conciliar progresividad con sostenibilidad fiscal. En México, la transición demográfica y el aumento gradual de la población adulta mayor presionan el gasto social y, a la vez, elevan el valor de los tratamientos preferenciales si no se ajustan o focalizan con mayor precisión.

Hacia adelante, el tamaño de las renuncias recaudatorias se vuelve un indicador clave para evaluar el margen de maniobra del gobierno ante necesidades de gasto y la estabilidad de las finanzas públicas. Si bien modificar exenciones o estímulos suele ser políticamente sensible —por sus efectos en precios, regiones o sectores—, el tema gana tracción conforme crecen las exigencias de inversión y de servicios públicos. En términos de política económica, el reto es equilibrar competitividad y protección social con una base fiscal más robusta, reglas claras y una evaluación sistemática de costo-beneficio.

En perspectiva, las cifras presentadas por Hacienda dimensionan el peso de los tratamientos fiscales especiales dentro del modelo tributario mexicano: apoyan objetivos sociales y de inversión, pero también limitan la recaudación potencial. La discusión de los próximos años probablemente girará en torno a qué incentivos conservar, cuáles rediseñar y cómo medir resultados sin comprometer la estabilidad macrofiscal.