Debate fiscal por IEPS a refrescos y tabaco: Hacienda propone aumentos moderados; sociedad civil pide ir más allá

El Paquete Económico 2026 reabrió el debate sobre los llamados “impuestos saludables” en México. La Secretaría de Hacienda planteó elevar las cuotas del IEPS a bebidas saborizadas y productos de tabaco con el objetivo de desincentivar su consumo y fortalecer la recaudación. Organizaciones como Fundar y El Poder del Consumidor consideran que los ajustes se quedan cortos frente a las recomendaciones internacionales y proponen incrementos más ambiciosos y con actualización automática por inflación para sostener su eficacia en el tiempo.

En bebidas saborizadas, la iniciativa oficial eleva la cuota de 1.64 a 3.08 pesos por litro. En contraste, Fundar sugiere una cuota de 7 pesos por litro, indexada anualmente, para que el impuesto represente poco más de 20% del precio final, umbral que la OMS y la OPS asocian con reducciones más contundentes en el consumo. Bajo ese escenario, el precio final subiría alrededor de 22%, la recaudación podría alcanzar cerca de 105,000 millones de pesos y el volumen vendido disminuir en torno a 27%, según estimaciones de las organizaciones. Con el planteamiento de Hacienda, los ingresos proyectados para 2026 rondarían 75,000 millones de pesos. El telón de fondo es conocido: México figura entre los mayores consumidores de refrescos en el mundo y enfrenta altos costos en obesidad y diabetes para los hogares y el sistema de salud.

Para el tabaco, el Ejecutivo propone aumentar la tasa ad valorem de 160% a 200% e introducir ajustes graduales a la cuota específica hasta 2030. Aun así, la carga fiscal total quedaría por debajo del 75% del precio final recomendado por la OMS. Fundar plantea, en cambio, añadir 3 pesos a la cuota específica por cigarrillo —hoy en 0.64 pesos— y mantener la tasa ad valorem vigente. Con ello, más de 84% del precio de una cajetilla correspondería a IEPS e IVA, la recaudación anual superaría 78,000 millones de pesos y los hogares registrarían ahorros significativos por menores gastos médicos, de acuerdo con sus cálculos. Este debate también incorpora preocupaciones sobre comercio ilícito, capacidad de fiscalización y diseño regulatorio, factores clave para que los precios suban en el mercado formal sin alimentar fugas.

El momento fiscal explica parte de la discusión. Tras años de presiones en las finanzas públicas —por menor IEPS a combustibles en 2022-2023, apoyos a Pemex, pensiones y mayores inversiones—, 2026 perfila una etapa de consolidación. Mejorar la captación sin subir tasas generales de IVA o ISR es una prioridad, y los IEPS a bienes con efectos negativos en salud aparecen como una herramienta de doble dividendo: recaudan y corrigen externalidades. A la vez, su impacto en inflación sería acotado por su baja ponderación en el INPC, aunque el alza puntual de precios exigiría comunicación y vigilancia para evitar efectos de segunda ronda, en un contexto donde el banco central ha venido relajando su postura con cautela conforme cede la inflación subyacente.

Otro ángulo es el uso de los recursos. La “etiquetación” de ingresos para programas de prevención, abasto de agua potable en escuelas o infraestructura de salud es una demanda recurrente de la sociedad civil. Hacienda suele canalizar el IEPS a la bolsa general, pero habilitar mecanismos de seguimiento, metas sanitarias y reportes periódicos podría fortalecer la legitimidad del impuesto. También es central la actualización automática de cuotas por inflación para evitar su erosión real, así como políticas complementarias: educación nutricional, acceso a bebidas no azucaradas, espacios libres de humo y control de puntos de venta.

En suma, el Congreso tiene margen para ajustar montos y diseño. El equilibrio a alcanzar pasa por tres frentes: salud pública, recaudación sostenible y buena ejecución. Acercar la carga impositiva a estándares internacionales, garantizar la fiscalización y transparentar el destino de los recursos determinarán si estos cambios se traducen en menores costos sanitarios y en finanzas públicas más robustas, sin desestabilizar precios ni incentivar mercados informales.

Observación final: el paquete propone avances, pero la evidencia sugiere que incrementos más altos y bien indexados son más efectivos para reducir consumo y mejorar la recaudación. La clave estará en calibrar las cuotas, cerrar espacios al ilícito y asegurar que los ingresos fortalezcan la prevención y la atención de enfermedades crónicas, en un entorno de consolidación fiscal y normalización inflacionaria.