EE.UU. alerta sobre redes chinas de lavado ligadas a cárteles; crece el escrutinio sobre flujos financieros con impacto para México

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió una alerta dirigida al sector financiero sobre el uso de redes chinas de lavado de dinero por parte de organizaciones criminales con base en México. De acuerdo con la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), entre 2020 y 2024 las instituciones estadounidenses registraron 137,153 reportes de operaciones sospechosas asociados a estas redes, por un valor acumulado de 312,000 millones de dólares, vinculados a narcotráfico —incluido el fentanilo—, fraude y trata de personas. La autoridad estadounidense advirtió que se trata de un entramado global que opera con sofisticación y que exige reforzar controles, monitoreo y cooperación internacional.

Según el análisis de FinCEN, estas redes aprovechan asimetrías regulatorias y restricciones cambiarias en distintos países. En México, las limitaciones a depósitos en efectivo en dólares en el sistema bancario han dificultado la colocación de efectivo ilícito; en China, persisten controles de capital que restringen transferencias al exterior. Los lavadores intermedian ambos mundos: compran dólares en efectivo a grupos criminales y los revenden, mediante mecanismos paralelos, a clientes que buscan sortear restricciones, utilizando esquemas como transacciones espejo, comercio basado en el lavado (TBML) y uso de mulas con identidades apócrifas.

El reporte destaca al sector inmobiliario como un canal recurrente para integrar ganancias ilícitas. Solo entre 2020 y 2024 se identificaron 17,389 reportes vinculados a bienes raíces, por 53,700 millones de dólares. FinCEN también alertó sobre riesgos de infiltración en instituciones financieras, ya sea reclutando empleados o colocando operadores. La advertencia llega tras señalamientos previos de autoridades estadounidenses sobre deficiencias en controles antilavado en algunas entidades financieras mexicanas, lo que podría traducirse en mayor escrutinio sobre relaciones de corresponsalía y pagos transfronterizos.

El contexto macroeconómico amplifica el reto. México mantiene una combinación de tipo de cambio relativamente firme en los últimos años, tasas de interés elevadas y un proceso de relocalización de cadenas productivas que atrae inversión hacia manufactura y logística, especialmente en el norte y el Bajío. Estos flujos —sumados a un boom en parques industriales, operaciones inmobiliarias y un ecosistema fintech en expansión— incrementan la necesidad de controles preventivos robustos. A nivel local, la Unidad de Inteligencia Financiera y la CNBV han reforzado lineamientos de prevención de lavado y el SAT exige identificar al beneficiario controlador, piezas clave para cerrar espacios al anonimato.

Para el sistema financiero mexicano, el principal riesgo es reputacional y operativo. Una percepción de controles laxos puede derivar en prácticas de derisking por parte de bancos globales, encareciendo o ralentizando transferencias, comercio exterior y acceso a dólares para empresas con operaciones legítimas. Por el contrario, elevar estándares —en especial en sectores de mayor riesgo como inmobiliario, comercio exterior, transporte de carga y casas de cambio— puede fortalecer la posición de México como destino de inversión en la ola de nearshoring.

En el plano regulatorio, se anticipan controles más estrictos en operaciones de alto riesgo y mayor intercambio de información entre México y Estados Unidos. Del lado estadounidense, avanza la ampliación de reportes obligatorios en bienes raíces; del lado mexicano, la supervisión sobre actividades vulnerables y la verificación de beneficiarios reales pueden intensificarse. Las instituciones financieras locales, bancos y no bancarias, enfrentarán costos de cumplimiento adicionales, pero también oportunidades para modernizar sus sistemas de monitoreo con analítica avanzada, identificación digital y mejores procesos de conocimiento del cliente (KYC).

En síntesis, la alerta de FinCEN subraya un riesgo transnacional que trasciende fronteras y exige coordinación. Para México, el desafío pasa por blindar sectores expuestos, mantener la trazabilidad de capitales en un entorno de mayores flujos y preservar la confianza de corresponsales. La respuesta regulatoria y la inversión en cumplimiento serán determinantes para mitigar riesgos sin frenar la actividad económica ni los beneficios del nearshoring.

Observación final: la dimensión de las operaciones sospechosas y el uso intensivo de bienes raíces y comercio exterior como vehículos obligan a redoblar controles. El balance entre integridad financiera y competitividad será clave: más transparencia y cooperación pueden reducir el riesgo de derisking y sostener la atracción de inversión hacia México.