Salario mínimo subirá 13% en 2026; Zona Libre fronteriza tendrá ajuste de 5%
El gobierno federal y los sectores obrero y empresarial acordaron un aumento de 13% al salario mínimo general a partir del 1 de enero de 2026. Con el ajuste, el ingreso diario pasará de 278.80 a 315.04 pesos, equivalente a alrededor de 9,582 pesos mensuales. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) calificó el acuerdo como un consenso unánime en el seno de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Conasami).
En la Zona Libre de la Frontera Norte (ZLFN), donde el mínimo se ha elevado de forma más acelerada en los últimos años, se aprobó un incremento de 5%. El salario diario en esa franja fronteriza subirá de 419.88 a 440.87 pesos, lo que representa cerca de 13,410 pesos al mes. La STPS explicó que el menor ajuste relativo en la ZLFN responde a que ese ingreso ya cubre un mayor poder de compra frente al promedio nacional.
De acuerdo con estimaciones oficiales, con el nuevo nivel el salario mínimo general permitiría financiar la adquisición de dos canastas básicas, acercándose a la meta planteada por la administración federal de que hacia 2030 el ingreso mínimo alcance 2.5 canastas. La STPS añadió que, respecto de 2018, el mínimo habría recuperado más de 150% de su poder adquisitivo acumulado, bajo las metodologías que emplea el gobierno para medir el acceso a la canasta.
La Conasami estima que los ajustes beneficiarán de forma directa a unos 8.5 millones de personas trabajadoras en 2026. Presidencia ha señalado que las alzas al mínimo han contribuido a que millones salgan de la pobreza; especialistas matizan que, si bien los incrementos reales al piso salarial elevan ingresos laborales, la evolución de la pobreza también depende de factores como la inflación, el empleo, la informalidad y el acceso a servicios públicos.
El aumento ocurre en un contexto en el que la inflación general en México se moderó respecto a los picos de 2022, pero persisten presiones en servicios y alimentos. El Banco de México ha subrayado que seguirá vigilando la evolución de los costos laborales unitarios y la traslación a precios. Un mayor ingreso mínimo impulsa el consumo de los hogares de menores recursos, pero también puede encarecer la nómina de micro y pequeñas empresas con márgenes estrechos.
El efecto de “arrastre” sobre salarios contractuales y tabuladores públicos suele ser relevante. Aunque desde 2016 la mayoría de multas, cuotas y trámites se desindexaron al crear la UMA, muchos contratos colectivos y esquemas privados continúan usando el salario mínimo como referencia, lo que amplifica el impacto del ajuste más allá de quienes ganan exactamente el mínimo.
En el mercado laboral, la formalidad continúa siendo un reto: más de la mitad de las personas ocupadas trabaja sin seguridad social. Un incremento al mínimo puede incentivar la formalización si se acompaña de productividad y fiscalización eficaces; sin esos apoyos, también existe el riesgo de que algunos empleadores en sectores de baja productividad opten por la informalidad para contener costos. El cumplimiento y la inspección laboral serán determinantes en 2026.
Por sectores y regiones, el alza podría fortalecer ventas en comercio y servicios locales a inicios de año, mientras la manufactura orientada a exportación —beneficiada por la relocalización de cadenas en el norte y el Bajío— enfrentará presiones salariales diferenciadas. La trayectoria de la inversión, la capacidad de las empresas para mejorar productividad y la evolución de la demanda externa serán claves para absorber el mayor costo laboral sin perder competitividad.
En años previos, los ajustes al salario mínimo profesional han acompañado el movimiento del mínimo general. Aunque los detalles para 2026 no fueron precisados, la Conasami suele actualizar esas ocupaciones de referencia, lo que puede incidir en oficios y servicios específicos. Cualquier actualización adicional a mitad de año dependerá del comportamiento de los precios y de los acuerdos tripartitos.
En síntesis, el aumento del 13% al salario mínimo general y del 5% en la ZLFN refuerza la estrategia de recuperación del ingreso laboral real. Sus beneficios potenciales sobre el consumo conviven con riesgos moderados sobre inflación y costos empresariales. La balanza final dependerá de la productividad, la formalización y la convergencia de la inflación al objetivo, así como de la capacidad de las empresas, en especial las más pequeñas, para adaptarse al nuevo piso salarial.





